El Primer Comando de la Capital (PCC) utilizó el escenario electoral de Brasil para ejercer presión sobre el gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas. Según explicó la periodista Eleonora Gosman, la organización prohibió el ingreso de candidatos que respaldaban al mandatario a determinados territorios y transmitió dos exigencias concretas al gobierno estadual: construir una cárcel de máxima seguridad y frenar las acciones policiales contra la facción.
La maniobra fue analizada durante una nueva edición de Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, en una conversación con el conductor Jorge Elías. Gosman sostuvo que el episodio permite observar la capacidad de influencia territorial y política de estos grupos criminales, más allá de su actividad vinculada al narcotráfico.
El PCC bloqueó el ingreso de candidatos a una región con 22 millones de electores
La restricción alcanzó a los candidatos a diputados que apoyaban a De Freitas y a quienes trabajaban en sus campañas. De acuerdo con el relato de Gosman, los representantes electorales no podían ingresar ni a la ciudad de San Pablo ni a la región del ABC, una zona del conurbano paulista.
La dimensión de la medida no fue menor: ambos territorios reúnen alrededor de 22 millones de electores. Para la periodista, la decisión no respondió estrictamente a una disputa partidaria, sino que funcionó como un mecanismo de presión sobre el gobernador. “No fue un tema político en el sentido estricto, sino que fue una forma de chantajear a Tarcísio de Freitas”, explicó.
Según detalló, la organización hizo llegar sus condiciones mediante un político que recibió el encargo de presentar una comunicación ante el gobierno. El primer reclamo consistía en que el Estado construyera un presidio de máxima seguridad dentro de San Pablo.
La exigencia de una cárcel para concentrar a los líderes narcos
Gosman explicó que los jefes de la organización se encuentran detenidos en distintos estados y establecimientos federales. La intención, según su interpretación, sería reunirlos en un mismo lugar para facilitar la conducción de la estructura criminal desde prisión.
“Cuando un narcotraficante está preso, en general comanda a distancia, pero comanda la organización”, señaló. La concentración de los principales referentes permitiría, desde la perspectiva de la facción, coordinar de manera más efectiva el funcionamiento del grupo.
El segundo pedido apuntó directamente a las fuerzas de seguridad. El PCC reclamó que la Policía Militar dejara de actuar contra sus integrantes, luego de una escalada de violencia que, según relató la periodista, se intensificó tras el asesinato de un teniente de esa fuerza. Como respuesta, los operativos policiales habrían provocado la muerte de al menos ocho miembros de la organización.
Gosman afirmó que De Freitas no habría aceptado ninguna de las dos exigencias. Sin embargo, advirtió sobre la posibilidad de nuevas represalias: “Pueden matar a algún funcionario, pueden matar a algún político, no lo sabemos”.
El reclutamiento de menores también golpea a los barrios vulnerables
Durante la conversación, el análisis se extendió a otra dimensión del narcotráfico: la captación de chicos y adolescentes para incorporarlos a sus estructuras. Elías mencionó el caso de Rosario y el trabajo del periodista Germán de los Santos sobre los llamados niños sicarios, a partir de hechos violentos ocurridos en marzo de 2024.
El conductor describió cómo los jóvenes pueden encontrar en las organizaciones criminales dinero, armas y reconocimiento dentro de sus propios barrios. “El principal prestador de un barrio vulnerable, de un barrio pobre, hoy es el narco”, sostuvo. También advirtió que, en algunos casos, las deudas de las familias pueden convertirse en una vía de reclutamiento: “Que venga el pibe para el narcomenudeo”.
Gosman sumó una experiencia personal en una favela de Río de Janeiro, donde aseguró haber visto adolescentes de entre 13 y 16 años armados con ametralladoras y apostados en la entrada del barrio. “Es una cosa que a mí me dejó muy conmocionada”, recordó.
La periodista también advirtió que, según su información, algunos integrantes del PCC que operan en la Argentina ocuparían posiciones jerárquicas y no serían simples colaboradores. Elías y Gosman coincidieron así en señalar que el poder de estas organizaciones no se limita al control de territorios o los mercados ilegales: también se expresa en su capacidad para condicionar la vida cotidiana de comunidades enteras y disputar espacios de autoridad al Estado.








