Los planes de ajuste y la caída de la actividad impactan más en las mujeres, que participan de la economía con los empleos de segmentos más informales. El recorte del gasto también siembra dudas sobre la posibilidad de implementar políticas de cuidado, como proponen todos los especialistas, para poder mejorar la participación de las mujeres en el mercado laboral.
“Hay un primer déficit importante que es la informalidad”, señala la economista Roxana Maurizio, investigadora del Instituto Interdisciplinario de Economía Política, IIEP (UBA-Conicet). Dentro del 34% de trabajo en negro, en las mujeres la cifra sube a 37% mientras que para los hombres es el 32%, detalla en base a los últimos números oficiales disponibles. “Eso es esperable que se agrave con las turbulencias macroeconómicas”, agrega. Y marca que un cuarto de la informalidad se concentra en el servicio doméstico. Pese a los intentos de regularización, más del 70% de las mujeres que trabajan en casas particulares están en negro.
Con la caída de la actividad a partir del segundo trimestre de este año, se prevé un deterioro del empleo. “La tasa de desempleo ya era de 9%”, señala Maurizio. Pero en las mujeres era del 11% y en las jóvenes, del 21%, remarca para poner en evidencia el mayor impacto sobre las mujeres que esconde el promedio.
“Si se confirma una caída del -2,4% del PBI, eso implica que el desempleo aumentaría, salvo que se reduzca la tasa de participación económica”, explica la especialista en mercado de trabajo y protección social. A eso se suma la inestabilidad ocupacional, de ingresos. “Las mujeres tienen tasas más altas de rotación y salida que triplican las de los hombres”, remarca. Y también se agrega la discriminación salarial.
De fondo. En el mediano plazo “es necesario avanzar con un sistema nacional de cuidado”, recomienda Maurizio, en línea con muchos especialistas. “Son sistemas que reducen las limitaciones que tienen las mujeres para participar del mercado de trabajo”.
“Las personas con mejores niveles socioeconómicos tienen más acceso al sistema de cuidado privado. La falta de un servicio público reproduce el círculo vicioso de falta de oportunidades en las mujeres de menores ingresos”, detallaba la economista Corina Rodríguez Enríquez, Investigadora del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas, en un seminario en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA la semana pasada. “La feminización de la pobreza estuvo creciendo mientras que en el resto de América Latina se redujo”, agregó.
Las licencias extendidas para los padres quedaron pendientes por estar atadas a la reforma laboral. “Esta coyuntura no debería detener la extensión de derechos a mujeres, menores y adultos mayores que deberían tener este sistema de cuidado para estar más protegidos”, sostiene Maurizio.
Agustina Señoranz, subsecretaria de Promoción Social, Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires puso como ejemplo los centros de la primera infancia, que hoy cubren sólo el 20% de la demanda de cuidado. “Hay 76 centros de primera infancia que abarcan a 11 mil chicos. Se priorizan las vacantes para contextos de vulnerabilidad social”, asegura.
Para evitar que se agrave en el cuadro de recesión, Maurizio considera que es necesario “apuntalar y seguir tratando de reducir la informalidad en el sector de empleadas de casas particulares”, sostiene, además de –ante todo– evitar la destrucción de puestos de trabajo formales. En la experiencia internacional, las inspecciones ayudan. Como no se puede entrar en los hogares, recoge el ejemplo de Chile y Colombia, donde esperan a que las empleadas salgan de las casas para fiscalizar. La AFIP intimó en los últimos meses a quienes estimó que contaban con personal doméstico, en base a sus ingresos.
Otra medida recurre a las transferencias de ingresos, los subsidios. “Hay que mejorar la coordinación entre los programas y extender la cobertura a quienes están en una situación laboral compleja”, agrega. Y remarca que el “seguro contributivo de desempleo cubre sólo al 10% de los desocupados, porque al sector informal no se lo cubre”.
Por otra parte, marca que es necesario ampliar la cobertura de la asignación universal por hijo, tanto en beneficiarios como en monto. Según las estimaciones, falta cubrir a 1,5 millón de chicos mientras que el monto actual no llega a cubrir una canasta alimentaria básica.
