La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) manifestó este lunes -15 de noviembre- su "preocupación" por un pedido judicial de la elaboración de un informe de opiniones realizadas por ciudadanos, incluidos políticos, en redes sociales y medios de comunicación.
La Asociación dijo en un comunicado que "es inadmisible que una hipótesis delictiva considere como elemento relevante las críticas a funcionarios emitidas en medios de comunicación". "La investigación gubernamental de las opiniones críticas emitidas en medios de comunicación respecto de funcionarios públicos es incompatible con la libertad de expresión", reclamó.
Adepa cuestionó la decisión del fiscal federal Franco Picardi de solicitar la elaboración de estudios técnicos y semiológicos sobre manifestaciones públicas realizadas por ciudadanos -funcionarios o no- en redes sociales y medios así como el informe producto de esa solicitud, realizado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Dajudeco).
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"Todo lo contemplado en el pedido de fiscal constituiría una figura inadmisible de aceptar: que se considere que las opiniones públicas vertidas en los medios de comunicación podrían implicar delitos y no estar protegidas por el derecho humano a la libertad de expresión", dijo la Adepa.
Picardi pidió que se analizaran manifestaciones cuyos contenidos estén emparentados con expresiones de “connotaciones críticas, negativas, peyorativas y/o descalificantes, en términos profesionales y/o personales” realizadas por un grupo de funcionarios y particulares respecto de un grupo de funcionarios públicos.
El funcionario pidió que tome como referencias un listado de términos que considera como expresiones críticas o peyorativas, como: “jueces/juezas + listas negras”, “jueces/juezas + objetivos del gobierno”, “Justicia Legítima”, “jueces/juezas kirchneristas”, “juicio político”, “denunciado/a”, “Consejo de la Magistratura”, “mafia + Justicia laboral”, “Justicia laboral”, “tarifazos”, “despidos”, “IGJ”, “vialidad”, “aumento bancario”, “Instituto Patria”, “Cámara Civil”, “Dolores”, “Operación Puff”.
Adepa dijo que el pedido de informes está destinado a "investigar opiniones vertidas por particulares o funcionarios respecto de funcionarios públicos", lo que "constituiría una figura inadmisible de aceptar: que se considere que las opiniones públicas vertidas en los medios de comunicación podrían implicar delitos y no estar protegidas por el derecho humano a la libertad de expresión".
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"Conforme es doctrina ya consolidada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las manifestaciones críticas, opiniones y/o juicios de valor que se refieren al desempeño y/o conducta de un funcionario o figura pública como parte de su actividad y se inserten en una cuestión de relevancia o interés público, gozan de una tutela constitucional absoluta", recuerda la organización.
Si bien "cualquier hecho delictivo debe ser investigado y sancionado", la asociación manifiesta que "es inadmisible que una hipótesis delictiva considere como elemento relevante las críticas a funcionarios emitidas en medios de comunicación".
"Una alternativa semejante constituye un ataque al aspecto más sensible y relevante de la libertad de expresión. Se trata, a su vez, de una amenaza apenas velada a quienes critiquen a funcionarios estatales y supondría, en caso de ser llevada a su extremo, la consagración judicial del delito de opinión", dice el reclamo.
ds
