Jaqueado por el clima de violencia que crece día a día, entre reclamos de pobladores nativos que le piden que "frene el aluvión de inmigrantes indocumentados (en su mayoría venezolanos) que llegan desde Perú y Bolivia", el gobierno del izquierdista Gabriel Boric anunció este fin de semana "la militarización de la frontera norte de Chile", incluso autorizando el uso de la fuerza en los casos en que migrantes no acaten las ordenes que se les impartan cuando pretenden acceder al país por vías no habilitadas.
"Vamos a estar recorriendo algunos de los lugares del despliegue el próximo lunes, viendo cómo se va a apoyar este trabajo de las fuerzas armadas", dijo la ministra de Interior, Carolina Tohá, otra de las funcionarias más criticadas de la gestión Boric.
En rigor todo el gobierno chileno está en el ojo del huracán, sumido en las críticas de los habitantes del norte del país, que vienen reclamando hace meses por una situación cada día más grave. "No hay para albergar a la cantidad de gente, muchos de ellos indeseables y delincuentes, que llegan todos los días, no hay servicios, no hay trabajo suficiente, viven en las calles, muchos se dedican al robo, hacen sus necesidades en la vía pública o las playas, no hay manera ya de soportar esto...", dijo un vecino de Colchane, reflejando el ánimo de las marchas de protesta que se dan en varios lugares de Chile, con el reclamo de "Chile para los chilenos".
"Controlar los pasos no habilitados"
La orden a los militares que se encargarán durante 90 días de tratar de controlar esa verdadera tragedia que viven decenas de miles de personas, que llegan a Chile muchas veces sin más que lo puesto, se centrará inicialmente en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, según un decreto firmado por Boric.
El mandatario chileno se había resistido desde el inicio de su gestión a afrontar el masivo arriba de extranjeros por el norte del país, en su mayoría huyendo del regimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Quienes consiguen salir del territorio bolivariano, atraviesan Perú en condiciones cada vez más precarias, y muchas veces cuando acceden a Chile no tienen dinero ni documentos. En las ciudades del norte del país algunas organizaciones de izquierda o de ayuda social trataron de ayudarlos, pero el volumen de gente que llega ya ha adquirido un tono inmanejable. Hay quienes señalan que el norte de Chile alberga ya a un millón de personas en esa condición, y todos los servicios de asistencia y de atención social colapsaron.
Según el decreto de Boric, las unidades militares "podrán realizar controles de identidad y detener a personas que ingresen o egresen por un paso no habilitado de la frontera", para luego entregarlas a la policía local.
El decreto de ley emitido por el gobierno argumenta que existe "un aumento de los flujos migratorios en el país, que ha provocado la llegada masiva de población a través de pasos no habilitados".
El alcalde Javier García del municipio de Colchane, uno de los puntos fronterizos donde se activará la medida, denunció en una radio local que "aquí llega un promedio de 400 personas diarias a través de pasos no habilitados. Chile registra un aumento de inmigrantes de países cercanos pero especialmente de Venezuela.
El poblado andino de Colchane, en la frontera con Bolivia, es el paso más utilizado de extranjeros para ingresar a Chile, y es una región en la que han muerto decenas de personas durante los últimos años. Quienes logran llegar a ciudades chilenas se instalan como pueden en carpas o en plazas, caminando a la deriva pidiendo ayuda.
Esta medida se suma a otras tomadas por Chile en los últimos años, para intentar controlar el flujo migratorio del norte. Hace un año, el gobierno del entonces presidente Sebastián Piñera amplió una zanja de 600 metros construida seis años atrás cerca de Colchane.
Bandas criminales dedicadas al contrabando y al narcotráfico construyeron sin embargo puentes para cruzarla, que también fueron usados por migrantes indocumentados, principalmente venezolanos. El despliegue de militares en la frontera podrá mantenerse, previo acuerdo con el Congreso, una vez que terminen estos primeros 90 días. Todo esto ha generado un cuadro en el que la imagen del gobierno de Boric pierde día a día más puntos en su imagen, que las encuestadoras ubican a poco más de un año de gestión tiene índices de desaprobación que superan el 70%.
AFP/HB
