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ARA San Juan: indemnizaciones de $7 millones si no van a juicio contra el Estado

En el plenario de las comisiones de Defensa y Presupuesto de la Cámara Baja hubo unanimidad ayer para avanzar en el proyecto que busca resarcir a los familiares de los 44 submarinistas.

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Los familiares de las víctimas del ARA San Juan denunciaron haber sufrido espionaje ilegal. | Télam

El proyecto que busca indemnizar a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan con una suma que rondaría los siete millones de pesos por familia por única vez y con la condición de que no entablen un juicio civil posterior contra el Estado, sería tratado en la sesión de hoy en la Cámara de Diputados. Ayer, recibió el visto bueno por unanimidad en un plenario conjunto de las comisiones de Presupuesto y Defensa por lo que se descuenta que avanzaría con la media sanción.

La iniciativa, presentada por el Ejecutivo en noviembre del año pasado con la firma del presidente Alberto Fernández, el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y ministro de Defensa, Agustín Rossi, llega al recinto en medio de una batería de medidas económicas. Será la primera sesión de la cámara Baja en este año y en el marco de las extraordinarias.

El diputado Di Giacomo propuso que el monto asignado se tome a cuenta de un futuro resarcimiento por vía judicial, en caso de que la suma final sea mayor. 

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Una vez que se convierta en ley —restaría aún ser tratada por el Senado—, el resarcimiento no será obligatorio sino que los familiares deberán optar entre aceptarlo o litigar a través de la vía judicial. Esto despertó el único comentario sobre el texto de la ley, en el plenario de comisiones, por parte del diputado Jorge Di Giacomo, de Juntos Somos Río Negro, en cuanto a que "limita la búsqueda de justicia" de los familiares.

El legislador propuso, en cambio, que el monto asignado se tome a cuenta de un futuro resarcimiento por vía judicial, en caso de que la suma final sea mayor. Citó como antecedentes los casos de las reparaciones a ex presos políticos y las ayudas otorgadas tras la tragedia de Cromañón en donde no se privó de acción judicial con sus potenciales beneficios. Igualmente, se pronunció a favor de la iniciativa.

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"Esta fórmula de cálculo ya fue utilizada para determinar los montos indemnizatorios en otras leyes reparatorias", explicó el diputado Germán Martínez, del Frente de Todos Santa Fe, y puso los ejemplos de las reparaciones a familiares del atentado contra la AMIA, la explosión de Río Tercero y los detenidos desaparecidos. "Tiene carácter opcional, es una acción voluntaria el acogerse a este régimen de indemnización. No se le priva a ninguna familiar de iniciar las acciones que considere pertinente," agregó, sin dejar de subrayar que, solo de aceptarlo, entonces la familia deberá suscribir a las condiciones estipuladas. 

A su turno, el titular de Presupuesto, Carlos Heller, se mostró empático con la propuesta de Di Giacomo pero lamentó que alterar la letra implicaba también modificar el espíritu de la norma tal cual había sido concebida.  Argumentó que no era prudente desde el punto de vista de la gestión del Estado.

Carlos Heller, se mostró empático con la propuesta de Di Giacomo pero lamentó que alterar la letra implicaba también modificar el espíritu de la norma tal cual había sido concebida

En sus lineamiento, la propuesta establece que los familiares del personal militar tripulante del submarino ARA San Juan tienen "derecho a recibir una indemnización por grupo familiar". Fija además que la percibirán, en primer término, los hijos e hijas por partes iguales; los padres de las víctimas y, por último, la/el cónyuge siempre y cuando no hubiesen estado separados de hecho al día de la desaparición del submarino, o la/el conviviente siempre que mantuvieran un vínculo estable, público y notorio, aclara el artículo 3°.

El beneficio acordado equivaldrá a la remuneración mensual de los y las agentes de Nivel A, Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público, multiplicada por el coeficiente cien. Considerando que se trata de un número de unos 70 mil pesos, al multiplicarse, el monto ascendería a unos 7 millones por familia.

Dicho beneficio, exento de tasas administrativas y judiciales así como de tributos, "importa la renuncia a todo derecho por indemnización de daños y perjuicios y será excluyente de todo otro beneficio o indemnización por el mismo concepto". En otras palabras, el texto de la norma deja en claro que la percepción de este resarcimiento implica la renuncia a iniciar cualquier tipo de acción civil posterior o que esté en curso.

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Lejos de toda ambigüedad, en sus artículos aclara que "es incompatible con cualquier acción judicial en trámite, de reclamo de daños y perjuicios por parte de los y las beneficiarios y/o beneficiarias". Y que el plazo para solicitar este resarcimiento por única vez será de 365 días desde la entrada en vigencia de la ley.

Por último, el artículo 7° aborda la posibilidad de que ya haya sido ordenada, por resolución judicial, algún tipo de indemnización ante lo cual los beneficiarios y beneficiarias solo tendrán derecho a percibir la diferencia entre lo establecido en el proyecto y lo que hayan cobrado. Si por casualidad el monto ya cobrado fuere superior, "no tendrán derecho a la asignación pecuniaria prevista en la presente ley".

El plazo para quienes deseen solicitar a este resarcimiento por única vez será de 365 días desde la entrada en vigencia de la ley

"La desaparición del Submarino A.R.A. 'SAN JUAN' ocurrida el día 15 de noviembre de 2017, en ocasión del desarrollo de tareas de patrullaje y control del mar en la Zona Económica Exclusiva de la República Argentina, conmovió los sentimientos de nuestra sociedad", describe el texto del proyecto. Y añade que "la pérdida total de su tripulación, conformada por CUARENTA Y CUATRO (44) hombres y mujeres Oficiales y Suboficiales de la ARMADA ARGENTINA constituye un hecho de características muy dolorosas para la sociedad argentina en su conjunto".

Un año después de aquella fecha, los restos del submarino fueron localizados a más de 900 metros de profundidad en el Mar Argentino, en un cañón submarino del talud continental. En paralelo a las investigaciones judiciales, el Congreso conformó una comisión bicameral especial que presentó su propio informe, el 18 de julio de 2019.

El 2 de marzo del año pasado, el presidente Fernández dispuso por el decreto N° 212 el ascenso al grado inmediato superior a la totalidad de los y las oficiales y suboficiales de la tripulación del ARA San Juan. Asimismo, desde Defensa se dio forma a una web que recuerda a cada uno y busca recopilar los diversos homenajes que tomaron forma a lo largo de la Argentina. En este sentido, el Gobierno presenta esta iniciativa como un reconocimiento más aunque, en la práctica, también funcione como un freno a futuros juicios.

mb / ds