En 2018 Sergio Salgado, exintendente en tercera instancia del PJ y de la comuna de Santa Rosa, Mendoza fue condenado a 5 años de prisión. Acusado y encontrado culpable de concusión en el manejo del dinero, desobediencia, administración fraudulenta y malversación de fondos públicos. Su defensa presentó diferentes apelaciones que se resolvieron en su contra. Y ahora fue apresado y trasladado al penal San Felipe de esta provincia.
Antes de que se dictara su sentencia, en el 2018, Salgado estuvo en el mismo penal durante 7 meses mientras se desarrollaba su proceso judicial por los cargos de corrupción. Luego fue liberado. La orden que lo regresó tras las rejas fue dictada por el Tribunal Penal Colegiado de San Martín y ocurrió luego de que la Suprema Corte de Justicia declarara la imprescriptibilidad de los delitos relacionados con la corrupción.
En primera instancia la Justicia había considerado prescriptas las dos causas que involucraban al exfuncionario. Esto cambió con la resolución de la Sala Segunda de la Suprema Corte provincial quien falló en contra del sobreseimiento de Salgado.
Apresado y con su defensa planeando un “un habeas corpus”, el exfuncionario será trasladado al pabellón 6B donde se alojan los exfuncionarios. Uno de ellos es Luis Lobos, también exintendente de una comuna de Mendoza quien fue detenido dos meses atrás también por cargos de corrupción.
Los cargos en su contra
Sergio Salgado asumió por primera vez como intendente de Santa Rosa en el 2007. Fue reelecto cuatro años después. En el 2016, cuando estaba por asumir su tercer mandato comenzaron sus causas judiciales.
Fue en junio del 2018 cuando Salgado recibió la condena a cinco años de prisión además de una inhabilitación para ocupar otros cargos públicos que regirá durante toda su vida.
El primer delito se refirió al manejo irregular del dinero recaudado en una playa de estacionamiento donde se asentó La Saladita a lo largo de tres años. En esta causa el funcionario fue encontrado culpable de concusión.
La acusación y sentencia de malversación de fondos le llegó por una construcción de una planta industrial que nunca realizó y por la que recibió 1,5 millones de pesos. Además fue condenado por desobediencia cuando no contestó a un pedido de la Fiscalía de Estado quien le solicitó información sobre una licitación.
Por último fue acusado y sentenciado por administración infiel por los cheques que emitió el municipio para la compra de un combustible en un lubricentro que no era proveedor de esta comuna.
La Sala Segunda respondió en contra del exfuncionario con el artículo 36 de la Constitución Nacional: “Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático… Sus autores serán pasibles de la sanción prevista en el artículo 29, inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas. Las acciones respectivas serán imprescriptibles”.
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