La Justicia porteña realizó unos diez allanamientos en la causa en la que se investigan presuntos sobreprecios en la compra de barbijos N95 por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Así lo informó a PERFIL una fuente judicial con acceso directo al caso.
Los allanamientos fueron en sedes de las empresas involucradas en la venta de estos barbijos y en dependencias de los ministerios porteños de Salud y Hacienda. Fueron ejecutados por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la Ciudad, informó la fuente.
El objetivo de las medidas fue obtener documentación y expedientes administrativos sobre la compra directa realizada por la cartera de Salud. Los investigadores buscan reconstruir la ruta del pago denunciado y establecer si hay evidencia de algún tipo de pago indebido por parte de los privados a los funcionarios públicos del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, confirmó la fuente.
El proveedor de los barbijos destinados a proteger del covid-19 al personal de la salud es Green Salud, una empresa que no fabrica el insumo sino que es intermediaria con el fabricante. Fue constituida en octubre de 2019 por el abogado Ignacio José María Sáenz Valiente.
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El letrado, de acuerdo a las denuncias, también es abogado del Grupo Clarín y socio en distintas empresas de Rodrigo Miguel, hermano de Felipe, jefe de gabinete del gobierno porteño; y de Ximena Vallarino Alfaro Diaz Alberdi, media hermana de Rodríguez Larreta. Por el caso renunciaron dos funcionarios de la Ciudad.
La investigación judicial se originó tras un artículo de Noticias que informó que la Ciudad pagó unos $3.000 por cada barbijo N95, cuando los valores de referencia no superaban los $1.000. Se presentaron tres denuncias de la oposición que se acumularon en un mismo expediente judicial.
En la cartera de Salud porteña respondieron a PERFIL que realizaron dos licitaciones a precios más bajos para adquirir 15.000 unidades de este tipo de barbijos especiales pero ambas quedaron desiertas. Green Salud fue adjudicada con la compra directa por $45 millones pero sólo proveyó 1.600 barbijos N95 a un valor tres veces superior . “Elegimos proteger al personal. Sólo se le pagó al proveedor por las 1.600 unidades proveídas”, agregaron.
PERFIL solicitó al ministerio porteño que informara a qué hospitales fueron destinados los 1.600 barbijos N95 ya adquiridos. La cartera de Salud aún no respondió la consulta.
En Green Salud explicaron que esta compra directa “fue su primera experiencia y única como proveedor del Estado” y que el valor al que vendieron los barbijos a la Ciudad fue el precio de mercado de ese momento. “El margen de ganancia fue chico. La rentabilidad bruta fue del 9% y la neta del 3%. La orden de compra total ya se dio de baja y Saenz Valiente presentó una carta de donación de los barbijos a la Ciudad”, agregaron.
Los N95 son barbijos no descartables, de uso personal, que deben ser destinados al personal de salud que está en contacto directo con pacientes infectados, ya que garantizaría la prevención del contagio.
La escasez de este insumo clave y repetido en el reclamo de los médicos se debe, según contaron en el ministerio de Salud de la Ciudad, al faltante en el mercado internacional, ya que son importados.
La Justicia laboral ya ordenó una veintena de medidas cautelares en las que insta a las autoridades porteñas a proveer estos insumos para evitar el contagio del personal de salud, como viene informando este medio.
Lo que queda en evidencia en los amparos de los médicos y enfermeros es el faltante de barbijos N95 (que deben destinarse al personal que está en contacto directo con pacientes contagiados) y en algunos casos de barbijos quirúrgicos para el resto del personal de los centros de salud (que son descartables).
Ante la escasez de barbijos, el gobierno porteño prohibió la venta de los N95 a particulares y empresas que no se desempeñen en la salud o tengan una razón válida para necesitarlo.
MC
