Diputados del oficialismo y de la oposición de la provincia de La Pampa presentaron este viernes 3 de febrero dos pedidos para que la jueza Ana Clara Pérez Ballester sea sometida a juicio político por su intervención en el proceso para otorgarle en 2020 la tenencia de Lucio Dupuy a su madre Magdalena Espósito Valenti, quien fue condenada al igual que su pareja, Abigail Páez, por haber asesinado a golpes y patadas al niño de 5 años.
El bloque de diputados del peronismo (Frejupa) en La Pampa anunció este jueves que impulsará un jury de enjuiciamiento por mal desempeño contra la jueza Ana Clara Pérez Ballester, quien otorgó la tenencia de Lucio Dupuy a su madre y a su pareja Abigaíl Páez.
La noticia de que los legisladores del oficialismo pampeano quieren poner en el banquillo a la jueza Ballester la confirmó la diputada y precandidata a vicegobernadora Alicia Mayoral, quién señaló a los medios locales que "el texto del pedido de jury ya está redactado" y que solo esperaban la sentencia para presentarlo ante el Superior Tribunal de Justicia de La Pampa.
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Según trascendió, otros bloques de la oposición provincial, como Propuesta Federal, también analizan impulsar sus propios pedidos de jury a la magistrada, que siempre fue ferozmente cuestionada por la familia paterna de Lucio, que la acusó de entregar la guarda del menor a su madre y la pareja de esta "sin el menor estudio socioambiental" e ignorando las denuncias de la familia del padre de Lucio, que en reiteradas ocasiones acusó a Espósito Valenti y Abigail Páez de violencia y maltratos.
"Nunca nos escuchó, la tercera asesina de mi nieto se llama es Ana Clara Pérez Ballester, la jueza de General Pico, que entregó al nene en bandeja de oro para que lo mataran", denunció el abuelo de Lucio, Ramón Dupuy, agregando "esa jueza sigue en funciones, pero no tiene empatía ni corazón, la mantienen solo porque pertenece a los ´colectivos verdes´ radicales".
La otra denuncia por mal desempeño de las funciones de la magistrada fue presentada por los diputados del PRO La Pampa, Martín Ardohain y María Laura Trapaglia, acompañados por los diputados Matías Traba y Eduardo Peppa, integrantes del bloque Propuesta Federal. “Hemos realizado la denuncia formal por mal desempeño de sus funciones por incumplimiento reiterado de los deberes de funcionaria judicial y negligencia reiterada en el ejercicio del cargo”, explicaron los diputados en un comunicado.
Para los diputados del PRO, la jueza de Familia y la Asesora de Menores de la ciudad de General Pico, Pérez Ballester, debe explicar por qué “no se realizó un informe socio-ambiental del contexto familiar donde iba a vivir Lucio”; “no se informó, ni se citó a testigos”; “no se escuchó al menor”; “no fue abordado desde el Juzgado por un equipo de profesionales”; “no se notificó al padre del menor, que tenía el cuidado personal compartido, y la responsabilidad parental”; ni explicó el “cambio de centro de vida de General Pico a Santa Rosa”.
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El pedido de juicio político busca establecer los motivos de “la atribución del cuidado personal del niño Lucio Abel Dupuy a su progenitora” que “derivó en los malos tratos y consecuente muerte del niño”. “La magistrada hoy denunciada omitió, en una sucesión de oportunidades procesales, el cumplimiento de deberes a su cargo, deberes que implicaban adoptar las medidas necesarias para la protección del interés superior del niño, el cual debe estar presente en toda actuación de este tipo”, afirmaron los denunciantes.
Y agregaron que “no se observa que en el expediente (de la tenencia) se haya ordenado la realización, por ejemplo, de un informe socioambiental, o se haya recabado la comparecencia de testigos, como medidas básicas para determinar las condiciones de vida a las que se enfrentaba Lucio Dupuy a partir del cambio de residencia y cuidadores”.
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“También se observa, por ausencia de constancia procesal alguna al respecto, que el niño fue privado de su derecho a la escucha”, explicaron y añadieron que “no menos grave” es que “no se notifica ni trae a juicio al progenitor del niño”. “En este aspecto es necesario tener en cuenta que el cuidado personal es una de las figuras legales derivadas de la responsabilidad parental y que ésta les compete a ambos progenitores por igual”, consideraron en la denuncia.
Por su parte, Pablo Rodríguez Salto, uno de los abogados defensores de la magistrada, dijo que van a “mostrar con claridad que la jueza no actuó mal”. “Leyendo los procesos, uno entiende que cuando ella tomó la decisión, no había indicio alguno de violencia”, destacó el letrado.
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