La denuncia de Miguel Angel Pichetto sobre la venta del predio del INTA volvió a poner el foco sobre la relación entre el gobierno de Javier Milei y el Grupo IRSA. Según el diputado, la propiedad no fue adquirida directamente por IRSA, sino por Julián Álvarez 1986 S.R.L., una sociedad de responsabilidad limitada que funciona como un satélite de la corporación.
Aunque el nombre podría confundir: Julián Álvarez es, a simple vista, un jugador de fútbol ligado a River y a la selección argentina. Sin embargo, se trata de una calle en el barrio porteño de Palermo, sede de un condominio del grupo de desarrolladores DOM, con domicilio compartido con Martín Pruner, esposo de Lucila Jazmín Zang, hija del vicepresidente de IRSA desde 1994. La familia, como detalla el libro La mafia judía en Argentina, mantiene estrechos vínculos con Eduardo Elsztain y su red de negocios.
El modus operandi del grupo parece claro: IRSA participa como oferente en las licitaciones, pero deja que sus allegados ejecuten las compras, evitando aparecer directamente en la operación. Según Pichetto, esta práctica permite que el grupo obtenga beneficios indirectos, como el uso del Hotel Libertador durante la campaña de Milei, y posibles ventajas en futuras licitaciones inmobiliarias.
Además, la red familiar se extiende a otros negocios estratégicos: Carolina Zang, hija de Saúl Zang, está casada con Alejandro Elsztain, CEO de Cresud, la empresa agrónoma del grupo. Ambos lideran Agrofit, una sociedad anónima vinculada a IRSA. Natalia Zang, otra de las hijas, fue funcionaria del gobierno de Mauricio Macri, encargándose del G20 y de la comunicación con intendentes y gobernadores, consolidando la influencia de la familia en áreas sensibles.
El vínculo con el Estado se profundiza a través de Nicolás Pakgojz, funcionario de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que trabajó para IRSA desde los 18 años y es considerado uno de los funcionarios más jóvenes del gabinete. Según fuentes consultadas, Pakgojz actúa siguiendo directivas de Elsztain sobre qué propiedades del Estado rematar, cuándo y cómo, incluyendo el predio del INTA.
Las bases de la licitación reflejaban condiciones a medida: más del 75% de construcción y poco espacio verde, alineadas con los desarrollos urbanos que realiza el grupo DOM en Palermo y en Madrid. La operación evidencia un entramado que combina vínculos familiares, control empresarial y conexiones políticas, confirmando la precisión de las denuncias de Pichetto sobre la participación indirecta de IRSA.
