El jueves pasado el Senado convirtió en ley, por unanimidad, el proyecto para incorporar la asistencia integral de los tratamientos para las víctimas de violencia de género al Programa Médico Obligatorio (PMO) de las obras sociales, prepagas y mutuales provinciales.
La Ley Vigo le exige a las organizaciones proveer programas para la atención de la violencia de género, garantizando que la atención integral de las víctimas se realice con los parámetros y las indicaciones adecuadas. Dentro del programa se incluyen las terapias médicas, psicológicas, psiquiátricas, farmacológicas, quirúrgicas y todo tipo de atención que resulte necesaria.
Esta iniciativa, impulsada por la entonces diputada y actual senadora Alejandra Vigo -del bloque Córdoba Federal- ya había recibido media sanción en la Cámara Baja en 2022.
“Es un día muy especial. Agradezco este lugar de privilegio que permite impulsar una ley que a través del consenso llega con estrategias necesarias y novedosas, para dar respuesta a un viejo problema que no debemos dejar que se estructure como tal y que afecta a más del 50% de la población. Una violencia construida a partir de todo lo que impide a las niñas y a las mujeres su plena realización; que limita su desarrollo y les genera subordinación y exclusión en los ámbitos de la política, del trabajo o la creación artística. Esa violencia que permite que la mitad de la población se beneficie siempre en detrimento de la otra mitad”, expresó Vigo, quien además es presidente de la Obra Social del Sindicato de Amas de Casa.
Esta organización constituye la primera obra social sindical de la Argentina que cuenta con asistencia integral de los tratamientos para las víctimas de violencia de género.
“Con esta ley, nos situamos a la altura de nuevos paradigmas, que nos exigen una atención de la salud con perspectiva de género. Quiero dedicar especialmente esta ley a las mujeres que a veces no tienen voz para gritar lo que padecen ni espacios para ser escuchadas. Les aseguro que será un arma para que, más temprano que tarde, todas las mujeres ejerzan el principal de los derechos humanos: el derecho a una vida sin violencia”, concluyó la senadora.
Cabe aclarar que en el país se registraron 143 femicidios en el período entre enero y junio de este año, de acuerdo con estadísticas del observatorio de crímenes de la asociación civil Casa del Encuentro.
Además, durante el mismo período, las tres sedes de la Línea 144 -el número asignado para la atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género- recibieron más de 60 mil comunicaciones en total.
