El expresidente Mauricio Macri y otros exmandatarios de la región, nucleados en Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), rechazaron la condena de Jeanine Áñez y respaldaron a quien tomó el poder en Bolivia luego de que Evo Morales haya sido obligado a renunciar.
Los miembros de IDEA consideraron que “se trata de una acusación inventada sobre un hecho que no existió” y que “la expresidenta está detenida ilegalmente”, ya que alegan que asumió el poder de manera “constitucional”, a diferencia de lo que plantea la Justicia boliviana.
“La presidenta, en estricto apego a la Constitución reconoció el resultado del proceso y dejó el cargo, como correspondía el 8 de noviembre de 2020, día de la posesión de Luis Arce, ganador de los comicios. Hoy, el presidente Arce reniega de sus palabras de reconocimiento del carácter constitucional de su antecesora, pronunciadas cuando era candidato, cuestionando así su propia legitimidad”, sostiene el comunicado.
De esta manera, los ex jefes de Estado recordaron que “el Tribunal Constitucional Plurinacional comunicó públicamente la validez de la sucesión, recibió a Áñez como presidenta para inaugurar el Año Judicial y reconoció su mandato”.
Áñez fue imputada por haber “promovido y llevado a cabo un golpe de Estado”. Por esto mismo, Macri y sus pares instaron la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y a la Unión Europea (UE), a quienes definen como “testigos” y “facilitadores de la transición constitucional de Áñez”, a “repudiar la intención de sentenciarla de forma arbitraria, abusiva, ilegal e inconstitucional”.
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“Ahora, un juzgado local pretende sentenciarla, acusada por el fiscal general designado por Morales, que permaneció en el cargo durante la transición y reconoció abiertamente a Áñez como presidenta constitucional”, denuncia el comunicado.
La Justicia decidió la condena de Áñez
Las declaraciones de los integrantes de IDEA se dan luego de que la Justicia boliviana resolviera condenar a Áñez a 10 años de prisión por los delitos de incumplimiento de los deberes y resoluciones contrarias a la Constitución tras su participación en el golpe de Estado de 2019.
El Gobierno de Bolivia celebró la condena y destacó que esto “es un precedente histórico para que no se vuelva a repetir un golpe de Estado”. Sin embargo, Áñez ratificó su accionar y expresó que actuaría de la misma manera si se repitieran las circunstancias.
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Además, denunció al Tribunal que la enjuició, ya que firmó: “El poder político le exigía un juicio exprés para tener una sentencia exprés”.
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