El Gobierno mendocino sigue adelante con el proyecto de minería en esa provincia, y luego de la aprobación por parte de la Legislatura y su promulgación, el ministro de Economía Enrique Vaquié destacó que con esa firma las empresas "ya tienen luz verde" para comenzar con la exploración de recursos en su territorio, ratificando además que se ofrecerán beneficios impositivos. Ese proyecto del gobernador Rodolfo Suárez generó protestas sociales, algunas de las cuales derivaron en incidentes, pero los sectores ambientalistas que denunciaban que la minería pondrá en riesgo el acuífero provincial por la utilización en los procesos industriales de cianuro y ácido sulfúrico no pudieron torcer la iniciativa del gobierno provincial.
Vaquié indicó que la reforma de la ley 7.722 (que lo impedía) hace que "las empresas ya puedan pedir permiso de explotación y cateo para buscar en los lugares en los que puede haber minerales". El funcionario dijo que el contacto "más avanzado" es por el proyecto San Jorge (iniciativa que pretende instalarse en Uspallata), a cuyos interesados se les ha pedido una "nueva declaración de impacto ambiental".
La lucha de los ambientalistas, sin embargo, está lejos de darse por vencida, y en las últimas horas comenzó a crecer en redes sociales la iniciativa de "castigar" al gobierno provincial boicoteando la realización de edición 2020 de la tradicional Fiesta de la Vendimia, la fiesta popular por excelencia de esa provincia. #Sin agua no hay vendimia en la consigna que está corriendo por estas horas en Mendoza, y hasta algunas integrantes de la Comisión de Reinas de ese festival se pronunció en contra de las selecciones previas en distintas ciudades provinciales, iniciativa a la que ya adhieren en redes quienes se oponen al proyecto minero del gobierno de Suárez.
Desde la Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia nos unimos al pedido del pueblo de Mendoza que se ha manifestado...
Posted by Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia on Tuesday, December 24, 2019
Según recalcó el titular de Economía en Mendoza, a partir de la promulgación de la ley 9209 - que se publicó este martes 24 de diciembre en el Boletín Oficial-, el Gobierno "asumió los compromisos establecidos para los controles necesarios", con el objetivo de que avance la exploración y explotación.
El proyecto minero de oro y cobre pretende instalarse en Uspallata, a unos 150 kilómetros de la Ciudad: la iniciativa es de la compañía rusa Aterra Group, que en el 2013 adquirió la totalidad de las acciones del proyecto a su iniciadora, la firma canadiense Coro Mining.
"Enviaremos un proyecto a la Legislatura para incentivar que la minería contrate proveedores y empleo local. La idea es avanzar con créditos blandos y baja de impuestos si las empresas contratan proveedores y empleo local", resaltó dijo a Radio Nihuil.
Ese proyecto de ley para impulsar la actividad a pesar de la fuerte resistencia social y ambientalista llegará a la Legislatura en 30 días, dado que la gestión del radical Rodolfo Suárez está trabajando en su elaboración. También señaló que existe otro proyecto que estaría avanzado en Malargüe, aunque no dio más detalles sobre la firma que haría la explotación en el Sur.
