La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) advirtió este sábado 6 de marzo que "no puede aceptarse el ejercicio de cualquier forma de represión violenta contra ciudadanos que reclaman por la plena vigencia de sus derechos humanos y sociales", en referencia a la represión de las protestas ocurridas en la jornada de ayer en la provincia de Formosa, donde comanda el gobernador Gildo Insfrán.
Por medio de una carta enviada anoche al obispo de Formosa, monseñor José Conejero Gallego, y difundida a la prensa, la Comisión encabezada por el obispo de San Isidro, monseñor Oscar Ojea, apuntó fuertemente contra la gobernación formoseña.
El resto de los integrantes de la Comisión que firmaron la misiva fueron el cardenal Mario Poli, Arzobispo de Buenos Aires, los dos vicepresidentes, monseñor Marcelo Colombo y Carlos Malfa, Obispo de Chascomús y secretario general de la CEA.
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“Querido hermano: En nombre de los obispos de Argentina, queremos hacerte llegar nuestro mensaje de cercanía fraterna y de solidaridad con la situación que está viviendo el pueblo de Formosa. Compartimos tu preocupación de Pastor de esa querida provincia”, expresaron en el comienzo del texto.
Luego, los obispos indicaron que si bien “es preciso adoptar todas las medidas sanitarias que sean necesarias para combatir el Covid-19, dentro de la razonabilidad y conforme al contexto de su circulación”, de “ninguna manera puede aceptarse el ejercicio de cualquier forma de represión violenta contra ciudadanos que reclaman por la plena vigencia de sus derechos humanos y sociales”.
Ante ello, aseguraron que “no faltarán caminos para que la Iglesia junto a otros sectores de la sociedad impulsen el diálogo y la amistad social que alejen definitivamente cualquier forma de prepotencia personal o institucional, propias de otros tiempos trágicos de nuestra Patria”. Al finalizar, agregaron: “Unidos a vos, a tu presbiterio y comunidades, rezamos para que cese la violencia. En las manos de la Virgen del Carmen, ponemos esta súplica a Cristo, Señor de la Historia”.
Por su lado, el Coordinador Residente de Naciones Unidas Argentina, Roberto Valent, y el Representante Regional para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, emitieron un comunicado y sostuvieron que “los tratados internacionales de derechos humanos garantizan el derecho a reunirse pacíficamente”.
Además, argumentaron que “las reuniones solo pueden ser dispersadas en casos excepcionales. “Cuando se presenten actos de violencia, las fuerzas de seguridad deben distinguir y proteger a quienes se manifiestan pacíficamente y utilizar la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario en línea con los estándares internacionales de derechos humanos”, aseveraron.
