El caso Correo Argentino SA sigue originando frentes judiciales para la empresa de la familia del presidente Mauricio Macri y sus representantes. La fiscal general Gabriela Boquin dictaminó el jueves que a más de dos años de que el mandatario ordenara volver “a foja cero” en el caso, la negociación por el pago de la deuda al Estado sigue trabada y plagada de irregularidades. Pero además, el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita tienen en carpeta un capítulo por presunto fraude a los acreedores privados de la compañía.
En el concurso de Correo, hay 708 acreedores con capacidad de votar si aceptan o no la propuesta de la empresa para saldar su deuda. Boquin identificó en su último dictamen que 360 de esos acreedores cedieron su conformidad a tres estudios de abogados directamente vinculados a la empresa de los Macri: Kleidermacher, Tonelli y Lehmann. Los tres bufetes representan también a Correo en el concurso de acreedores y varios de sus abogados han integrado al mismo tiempo el directorio de la compañía.
La fiscalía entendió que se trata de una maniobra que buscaría conseguir una “mayoría viciada”. Los poderes de estos abogados les permitirían conformar una mayoría que eventualmente acuerde la propuesta de la empresa deudora perjudicando al resto de los acreedores que no quieran aceptar la oferta por considerarla injusta. Parece un conflicto de intereses pero podría conformar un delito penal, presunto fraude, explicaron tres fuentes judiciales a PERFIL.
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La fiscal Boquin envió el viernes copia de su dictamen a Lijo y Pollicita. Este posible delito no sería competencia de la Justicia comercial o federal, sino del fuero penal ordinario. Por eso, el fiscal Pollicita viene analizando si este capítulo contra los abogados y directores de Correo debe ser investigado en los tribunales de Comodoro Py, donde se desarrolla una causa contra los funcionarios que intervinieron en el caso en 2016, o debe ser enviado a la Justicia ordinaria para que se forme un nuevo expediente específico.
Jaime Kleidermacher, uno de los abogados señalados por Boquin y quien actualmente representa a las empresas de los Macri, sostuvo que “si existió algún poder a abogados del estudio por parte de acreedores, no hubo ninguna ilicitud. En estos casos, el acreedor acepta la propuesta y puede revocar el poder cuando quiera. No hay conflicto de intereses”.
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En el estudio Lehmann explicaron que tanto su titular como sus colegas del bufete trabajaban para otro abogado que los nombró en el directorio de Correo y al mismo tiempo como apoderados de los acreedores. “Lamentablemente no sabemos qué firmamos, éramos empleados junior de Abraham Kozak (fallecido)”, se confesó uno de los letrados ante la consulta. En el estudio Tonelli, que fundó el diputado de Cambiemos Pablo Tonelli y hoy dirige su hermano Alejandro, no respondieron a este medio.
El año pasado, PERFIL había revelado esta situación y consultó a dos académicos expertos en concursos y quiebras. Ambos ejercen la profesión desde hace más de treinta años, y han estudiado y analizado cientos de casos como el de Correo. Para garantizar la objetividad de sus opiniones, este diario planteó el caso sin identificar a los actores.
Los expertos –que no son identificados porque no sabían de qué caso se trataba– coincidieron en que la situación implicaba estar “de los dos lados del mostrador”. “No lo vi en treinta años de experiencia”, agregó uno de ellos. “No es una situación regular. Es el trabajo de los síndicos detectar este tipo de situaciones y llamar la atención del juzgado que interviene”, agregó el segundo. Sin embargo, Boquin es la primera en advertirlo. Varios de los síndicos también tienen vínculos con Correo, sostuvo la fiscal.Comparten abogados con la compañía que deben controlar.
