A más de dos años de que el presidente Mauricio Macri ordenara volver “a foja cero” en el caso Correo Argentino SA, la negociación sigue trabada y la causa está plagada de irregularidades, de acuerdo al dictamen que acaba de presentar la fiscal general Gabriela Boquin.
Boquin reclamó que el Ejecutivo deje de dilatar la negociación con la empresa de la familia Macri y acuerde de una vez el pago de la deuda al Estado, que la compañía arrastra desde hace 18 años. Entonces, la deuda equivalía a $300 millones.
De acuerdo al dictamen al que accedió PERFIL, la fiscal ante la Cámara Comercial detectó supuestas irregularidades en el manejo de los fondos de la compañía: Correo Argentino SA realizó pagos por casi $35 millones a consultoras, estudios jurídicos y ejecutivos a pesar de no tener actividad comercial. Varias de las empresas beneficiadas están vinculadas directamente a miembros del directorio de Correo y a sus abogados. La fiscal habló de un “vaciamiento progresivo” de la compañía, cuyos administradores y apoderados habrían desviado cifras millonarias a un reducido grupo de personas y empresas vinculadas a ellos mismos. Esos fondos deberían haberse destinado al pago de la deuda al Estado, sostiene la fiscal.
Boquin incluso advirtió cobros a firmas de publicidad que recibieron dinero mientras la compañía ya no tenía actividad comercial.
Los datos surgen del análisis de los libros contables de Correo Argentino SA, que fueron estudiados por la fiscalía durante los últimos meses. “Existieron pérdidas de activos líquidos inexplicables y sin justificación apropiada considerando que desde el 19 de noviembre de 2003 ésta no registra actividad”, sostuvo Boquin.
Los representantes de Correo vienen sosteniendo que no existió el vaciamiento denunciado por la fiscal. "La empresa no ha producido vaciamiento alguno de ninguna índole, Correo Argentino SA sólo ha utilizado sus propios recursos para costear sus gastos y lo ha hecho con autorización judicial", explicó el abogado de la compañía.
Gran parte del dinero fue destinado a un pequeño grupo de estudios jurídicos, que recibieron en total $14,8 millones. Uno de ellos es el estudio Tonelli, dirigido por el hermano del diputado de Cambiemos Pablo Tonelli. Los pagos al estudio Tonelli, que se realizaron mientras el diputado todavía era socio, son por $4.437.984. Correo le pagó esa suma en concepto de honorarios profesionales por el concurso de acreedores, entre 2004 y 2007. Tonelli fue uno de los acérrimos detractores de Boquin, cuando la fiscal frenó el acuerdo entre el Ejecutivo y Correo que garantizaba una quita del 98 % de la deuda.
Al mismo tiempo que contrató al estudio Tonelli, Correo pagó otros $9.661.585 al estudio Kleidermacher, también por honorarios profesionales en el concurso.
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La consultora Doris Capurro es otra de las beneficiadas por Correo, de acuerdo al dictamen de la fiscal. Boquin detectó pagos a cuatro empresas que integra Capurro junto al abogado Jaime Kleidermacher, que cobraron $1.121.373 de Correo Argentino SA. Se trata de Consultora Capurro SA, Supergol SA, Be Good SA y Optimedia Internacional SA. Estos pagos se realizaron entre 2004 y 2007. PERFIL consultó a Capurro sobre qué servicios había prestado a Correo y respondió lo siguiente: “Éramos asesores de Franco Macri e hicimos trabajos de marketing, publicidad, creación y rediseño de marcas, edición de libros, PR, campaña digital, folleteria, medios, etc. Optimedia era una central de medios del grupo internacional Publicis. Yo dejé el management cuando vendí mi agencia publicitaria alrededor del 2003/4. No recuerdo fechas ni montos”.
Otro estudio contratado por la empresa es Romero Zapiola & Clusellas, que integraba Pablo Clusellas, actual secretario Legal y Técnico de Macri. Fue contratado por $ 120.082 entre julio 2004 y junio 2005, y por otros $ 130.855 entre agosto 2005 y marzo 2007 por asesoramiento en temas legales de recursos humanos.
Carlos Alberto Lelio, subsecretario de Relaciones Laborales de Modernización, era socio de la empresa Trayectoria Consultores SA, que recibió pagos por $ 786.651 de Correo Argentino SA entre agosto 2004 y mayo 2013.
La compañía de la familia Macri también pagó $4.145.756 a la empresa Logística de Avanzada SA entre noviembre de 2003 y febrero de 2004. Dos de los miembros del directorio de Logística de Avanzada SA fueron a su vez directores de Correo Argentino SA.
El rol de los funcionarios de Macri
En su dictamen, la fiscal solicitó a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que investigue el accionar de los funcionarios del Gobierno que deben intervenir en la negociación con Correo Argentino SA y que al mismo tiempo formaron parte de la compañía de la familia Macri. Boquin pidió puntualmente que se analice el rol del secretario de Modernización, Andrés Ibarra. Es uno de los funcionarios con potestad de intervenir en el caso. Fue, a su vez, director suplente, director titular y apoderado de Correo Argentino SA. Ibarra es quien designó a los abogados que representan al Estado en las demandas que Correo le inició al propio Estado por sumas millonarias.
“El paso del tiempo sólo ha producido mayores pérdidas de activos perjudicando a los acreedores” y al Estado, sostuvo la fiscal, quien determinó que las autoridades otorgaron y continúan otorgando beneficios a la empresa de los Macri.
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Boquin también señaló el rol de Bernardo Saravia Frías, actualmente encargado de evaluar las propuestas de Correo Argentino SA para el pago de su deuda. En los últimos dos años, la empresa de la familia presidencial ha realizado dos ofertas al Estado, una fue desestimada y en el segundo caso el procurador del Tesoro pidió 180 días para analizarla. Según Boquin, el funcionario “ha pretendido justificar esta dilación de más de dos años, lo cual es irrazonable porque, es pos de una supuesta transparencia, se perjudica al Estado Nacional y se beneficia a la concursada”, afirmó la fiscal. “Pidió suspensiones y prórrogas sucesivas desde que asumió”, resaltó.
La última oferta de Correo fue en julio de 2018 y es casi idéntica a la que el Gobierno había aceptado en junio de 2016 y que debió ser anulada tras el escándalo, ya que, de acuerdo a la fiscal, implicaba un perjuicio millonario para el Estado.
“Es inaceptable que en un trámite en el que el Estado Nacional sea parte se desnaturalice el proceso concursal por la existencia de conflictos de intereses”, agregó. “Ningún ciudadano o persona jurídica se ha visto beneficiada con tantas oportunidades para lograr la conformidad del Estado Nacional”, sostiene el dictamen.
Más libros para analizar
La semana pasada, la Cámara Comercial autorizó la realización de una pericia contable de los libros comerciales de Sideco y Socma, empresas de la familia del presidente Macri, para determinar si se desviaron fondos de Correo Argentino SA a las compañías del holding.
Las camaristas María Díaz Cordero y Matilde Ballerini ordenaron que el peritaje sea realizado por el Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales de la Corte Suprema, implica que la Justicia podrá acceder a los movimientos contables de las compañías de los Macri.
Indagaron a dos colaboradores de la familia Macri por el acuerdo con Correo Argentino
Correo debe millones de pesos al Estado y debe negociar cómo los pagará. Para Boquín, la compañía está financiando gastos de Sideco y otras compañías de la familia Macri, de acuerdo al análisis de algunos libros contables de Correo.
Boquín había detectado que Correo, con sólo tres empleados y cinco directores, logró en 2016 una autorización judicial para retirar $ 1,6 millones y US$ 185.213 de sus cuentas congeladas. Los fondos fueron destinados a supuestos gastos de funcionamiento: un contrato de alquiler de oficinas por US$ 18 mil mensuales que pagaron a Sideco; cargas sociales para gerentes de otras empresas de los Macri; y hasta una fiesta de fin de año para su escaso personal.
E.D./F.L./F.F.
