A más de dos años de iniciado el caso Correo Argentino SA, el Poder Ejecutivo y la empresa de la familia Macri siguen sin llegar a un acuerdo para el pago de la deuda al Estado. Desde hace ocho meses, la Procuración del Tesoro tiene pendiente fijar su posición con respecto a la última oferta presentada por Correo, según pudo confirmar PERFIL de fuentes judiciales, de la compañía y del Ejecutivo.
El organismo, a cargo de Bernardo Saravia Frías, pidió a la Sala B de la Cámara Comercial una prórroga “de 180 días” (sic) en julio de 2018, para evaluar la última presentación de la compañía de la familia presidencial. En el expediente deberán opinar también la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (Sigen), de acuerdo al nuevo procedimiento establecido para estos casos.
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La última oferta de Correo es similar a la original. La compañía propuso al Estado pagar el total de la deuda original (casi $ 300 millones) en 15 cuotas y una tasa de interés del 7 %, más un pago adicional. Plantearon cancelar las dos primeras cuotas con un pago de casi $ 6 millones dentro de los 30 días de homologado el acuerdo y el resto en 13 cuotas anuales. La compañía puso ciertas condiciones: pagarán en la medida en que la empresa cobre los juicios que le inició al Estado por la estatización de 2003. Así consta en el escrito en poder de la Justicia.
Si se consideran 180 días corridos, el plazo ya venció a principios de marzo. Ante la consulta de este medio, tanto la Procuración del Tesoro como los representantes legales de Correo Argentino SA sostienen que la última prórroga vence recién en agosto, ya que entienden que se trata de 180 días hábiles, aunque no se haya especificado en el expediente. De esta manera, el Estado perdió otro año para cerrar el caso. La dilación lleva unos 18 años, cuando la compañía entró en concurso de acreedores.
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En 2016, los funcionarios de Macri habían acordado una quita del 98,87 % a la deuda de Correo con el Estado. El pacto fue calificado de “abusivo” y “perjudicial para la administración pública” por la fiscal general Gabriela Boquin, quien se opuso y frenó el acuerdo en febrero de 2017. En aquella primera negociación, el Estado iba a dejar de percibir más de $ 4.656 millones en intereses por esa deuda, a febrero de 2017, de acuerdo al cálculo realizado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones, de la Procuración General de la Nación.
El caso también se investiga en el fuero penal. El jueves fue indagado el ministro de Defensa, Oscar Aguad, por su rol en la negociación, cuando el funcionario era el titular de Comunicaciones. Aguad negó los cargos. Es la primera vez que un ministro en funciones de Macri es indagado en una causa por presunta corrupción.
E.D./F.F.
