El ministro de Defensa, Oscar Aguad, fue indagado por el juez Ariel Lijo por el caso en el que se investiga si el gobierno de Mauricio Macri realizó un acuerdo en detrimento del Estado con Correo Argentino SA, una empresa de la familia presidencial. El funcionario se presentó en los tribunales federales de Retiro para explicar su rol en la negociación ocurrida en 2016, cuando Aguad era el titular de Comunicaciones. Es la primera vez que un ministro en funciones de Macri es indagado en una causa por presunta corrupción.
Aguad presentó un escrito contestando cada uno de los hechos por los que está imputado y negó haber ordenado un acuerdo perjudicial para el Estado, informaron fuentes judiciales a PERFIL.
En el expediente penal ya fueron indagados el subsecretario Juan Manuel Mocoroa; el presidente de Correo Argentino SA, Jaime Cibils Robirosa; y el abogado de la compañía, Jaime Kleidermacher. Los tres negaron ante el juez que el acuerdo del que participaron haya sido en detrimento de las arcas públicas.
El junio de 2016, los funcionarios de Macri habían acordado una quita del 98,87 % a la deuda de Correo Argentina SA con el Estado, en un pacto que el fiscal Gerardo Pollicita calificó como “abusivo” y “perjudicial para la administración pública”, utilizando la mismas palabras a las que había recurrido la fiscal general Gabriela Boquin cuando frenó el acuerdo en la Justicia comercial en febrero de 2017.
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Pollicita sostuvo que Aguad y Mocoroa, en representación del Estado, y los dos representantes de la empresa de los Macri “obligaron abusivamente a la administración pública con el interés de beneficiar a la firma Correo Argentino SA” en “perjuicio del patrimonio público”. De acuerdo al fiscal, con el acuerdo que iba a concretarse de no mediar el dictamen de Boquin y el consecuente escándalo mediático, el Estado iba a tener que “soportar el no recupero del valor real” de la deuda de Correo Argentino SA, gerenciada por Sideco, principal compañía de la familia Macri.
Hay “elementos objetivos” en el expediente contra el ministro Aguad, Mocoroa, Cibils Robirosa y Kleidermacher que “permiten atribuirles participación en la maniobra”, dijo el fiscal, quien no descartó la intervención de “otros sujetos” en dicho esquema. Como ministro de Comunicaciones y máxima autoridad del Gobierno en las negociaciones con Correo Argentino SA, Aguad tenía asignado “el cuidado del patrimonio público” pero “omitió obrar con la lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios, conforme lo exigía la normativa que regulaba su accionar”, escribió Pollicita.
De acuerdo a la acusación, Aguad “obligó a la administración pública a aceptar una quita abusiva de su crédito (es decir, de lo que Correo Argentino le debe al Estado en concepto de cánones no abonados durante la concesión) con el interés de beneficiar a la empresa involucrada”, cuyos dueños son los hermanos e hijos del Presidente, jefe político directo del ministro.
El ministro, sostuvo el fiscal, “impartió instrucciones previamente acordadas con la contraparte (Correo Argentino SA) al director general de Asuntos Jurídicos” del entonces ministerio de Comunicaciones, Mocoroa. Pollicita citó como ejemplo la nota del 24 de junio de 2016 mediante la cual Aguad instruyó a su subalterno para avanzar con el acuerdo.
El caso. El Gobierno de Macri y la empresa de su familia debían llegar a un acuerdo para que Correo Argentino SA pagara una deuda con el Estado Nacional que viene arrastrando desde hace casi dos décadas por cánones adeudados durante la concesión del correo. Entonces, Franco Macri estaba al mando de la compañía. Tras la estatización del correo en 2003, la compañía que gerenciaba el servicio se negó a pagar su deuda y esta comenzó a acumular intereses millonarios. Los funcionarios de Macri firmaron en junio de 2016 un acuerdo por el que el Estado dejaría de percibir más de $ 4.656 millones en intereses por esa deuda, a febrero de 2017, de acuerdo al cálculo realizado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación. A marzo de 2033, cuando finalizara el plan de pagos acordado, la administración pública habría dejado de recibir más de $ 70.163 millones de Correo Argentino SA, según el mismo organismo.
En 2017, luego de que el acuerdo llegara a la Cámara de Apelaciones en lo Comercial para ser homologado, la fiscal general ante ese tribunal, Boquin, se opuso al acuerdo y destapó el caso Correo. Más tarde, el Presidente debió dar marcha atrás con lo que había acordado Aguad con los representantes de su familia y el acuerdo volvió a “foja cero”. También se abrió este expediente penal en los tribunales federales. Más de un año después, el Estado sigue sin poner fin a las negociaciones para cobrar la deuda de Correo.
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Nuevo reclamo de la justicia
Esta semana, el fiscal general Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), presentó una demanda judicial contra Presidencia de la Nación por el caos Correo y solicitó la reapertura de una investigación administrativa disciplinaria contra los funcionarios del Ministerio de Comunicaciones que aceptaron en junio de 2016 el acuerdo con Correo, según informó el Ministerio Público Fiscal en un comunicado.
La PIA es una fiscalía especializada en delitos de funcionarios contra la administración pública. En el caso Correo investiga si los funcionarios del Poder Ejecutivo que intervinieron en las negociaciones con los representantes de la familia Macri cometieron irregularidades para favorecer a la compañía en detrimento del Estado Nacional, según explicó una fuente de la Procuraduría.
La demanda fue presentada ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal, informó el Ministerio Público Fiscal. La investigación administrativa disciplinaria contra los funcionarios de Macri fue clausurada por la vicepresidenta, Gabriela Michetti; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y el procurador de Tesoro, Bernardo Saravia Frías. Los funcionarios comunicaron a través del Boletín Oficial del 16 de octubre de 2018 que no se habían detectado "perjuicio fiscal y de irregularidad administrativa imputable" en el accionar de los funcionarios públicos que intervinieron en la negociación de la deuda de Correo Argentino SA.
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