“Quieren que un funcionario decida qué glaciar proteger”, la crítica de Enrique Viale en “QR!” al proyecto de ley de glaciares
En el programa de Canal E analizaron el proyecto impulsado por el Gobierno para modificar el régimen de protección glaciar. El abogado ambientalista Enrique Viale advirtió que la iniciativa podría debilitar controles científicos y habilitar actividades extractivas en zonas protegidas.
Durante una nueva emisión del programa “QR!”, emitido por Canal E, especialistas debatieron sobre el proyecto oficial vinculado a la ley de glaciares y sus posibles impactos ambientales, científicos y productivos. El abogado ambientalista Enrique Viale cuestionó la iniciativa y sostuvo que forma parte de un cambio estructural del modelo económico.
Según explicó, la propuesta implicaría modificar el sistema actual de evaluación ambiental que define qué áreas glaciares y periglaciares deben permanecer protegidas de actividades extractivas como la minería.
“Esto es parte de un proceso de reprimarización económica, donde se apuesta a los combustibles fósiles, el agronegocio y la minería llevada al extremo”, afirmó Viale durante el debate televisivo.
El especialista señaló que la legislación vigente establece que el Inventario Nacional de Glaciares sea elaborado por un organismo científico dependiente del CONICET, encargado de identificar las zonas donde la actividad minera está prohibida para preservar reservas estratégicas de agua.
De acuerdo con su análisis, el nuevo proyecto modificaría ese esquema al permitir que funcionarios administrativos puedan redefinir qué superficies mantienen protección ambiental.
“Hoy los estudios los realiza un instituto científico. Con este proyecto, un funcionario podría decidir que un glaciar deje de ser considerado relevante y sacarlo del inventario”, advirtió.
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El conductor del ciclo, Pablo Caruso, consultó sobre la legitimidad científica de las delimitaciones actuales y si existía margen para revisarlas. En respuesta, Viale defendió el trabajo técnico realizado hasta ahora y remarcó el respaldo internacional a los criterios científicos y a la participación de comunidades afectadas.
Durante la conversación también se mencionó la importancia de escuchar tanto a especialistas como a poblaciones locales en debates ambientales de alto impacto, una postura que —según el abogado— ha sido sostenida por distintos documentos y organismos internacionales.
LB/DCQ