El debate parlamentario por la Ley de Glaciares quedó envuelto en una fuerte polémica luego de que el oficialismo se retirara de la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados, en un contexto de reclamos por mayor apertura y participación ciudadana.
La situación fue denunciada públicamente por Maximiliano Ferraro, miembro de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, quien expresó en su cuenta de X (@maxiferraro) que el bloque de La Libertad Avanza (LLA) decidió “levantarse y huir de la comisión” mientras se exigía garantizar la intervención de organizaciones ambientales en el debate y la realización de una audiencia pública.
Según el legislador de la Coalición Cívica, la participación ciudadana en este tipo de discusiones no es una opción política sino una obligación constitucional, respaldada además por el Acuerdo de Escazú, suscripto y ratificado por la Argentina, y por la Ley General de Ambiente.
La controversia se da en el marco de la posible modificación de la Ley 26.639, sancionada en 2010, que establece la protección de los glaciares y del ambiente periglacial en todo el territorio nacional. Se trata de una norma de presupuestos mínimos, lo que implica que fija criterios ambientales comunes para todas las provincias, más allá de las legislaciones locales, con el objetivo de preservar estas formaciones como reservas estratégicas de recursos hídricos.
En ese contexto, el Gobierno de Javier Milei adelantó su intención de impulsar cambios en la ley al considerar que el marco vigente genera “inseguridad jurídica” y limita el desarrollo de inversiones, especialmente en el sector minero. Desde el Ejecutivo sostienen que la normativa actual obstaculiza proyectos vinculados a minerales estratégicos y plantean la necesidad de redefinir el alcance de las zonas protegidas, en sintonía con un esquema que otorgue mayor poder de decisión a las provincias sobre sus recursos naturales.
La Ley de (Des) Protección de los Glaciares: una reforma regresiva que atenta contra la vida
Ferraro sostuvo que el tratamiento de la Ley de Glaciares debe ser “democrático, serio, riguroso, amplio y participativo”, y advirtió que no puede resolverse de manera acelerada debido a la relevancia estratégica del tema. “Está en juego el recurso más preciado para el futuro del país: el agua”, señaló.
Desde la oposición también destacaron que el Congreso es un ámbito plural y que ninguna fuerza política puede imponer su agenda sin habilitar instancias de debate y escucha. En ese marco, cuestionaron la actitud del oficialismo y reclamaron un proceso legislativo transparente.
La Ley de Glaciares es considerada una norma clave para la protección de las reservas de agua dulce y de los ecosistemas de alta montaña. Por ese motivo, organizaciones ambientales y especialistas insisten en que cualquier modificación debe discutirse con amplitud y con participación de la sociedad civil.
LB / CP
