Una ley que debió sancionar el peronismo

En el cierre de su discurso, pasada ya la medianoche del jueves, el jefe del bloque del peronismo en Diputados, Germán Martínez, advirtió al recinto a voz alzada: “Les aseguro que cuando asumamos nuevamente el gobierno de la Nación, esta ley va a ser derogada inmediatamente”. La suerte del proyecto de ley de reforma laboral ya estaba echada. Minutos después, con el voto del oficialismo y aliados, Diputados daba media sanción con cambios a la iniciativa con 135 votos, contra los 113 que sumó la oposición. 

Algo parecido a la advertencia de Martínez se había escuchado una semana antes en el Senado. Principal voz del peronismo en materia laboral en la Cámara alta, Mariano Recalde dijo que los principales beneficiados por esta ley serán los dueños de las administradoras del llamado Fondo de Asistencia Laboral (FAL), con el que se financiarán los despidos una vez que la ley se sancione. “Vamos a dar sus nombres y apellidos, los vamos a investigar y cuando volvamos al gobierno los vamos a meter presos”.

No podemos poner en duda la convicción de Martínez y Recalde sobre el regreso del peronismo al poder. No importa cuándo ni bajo qué ropaje, pero mientras en la Argentina haya democracia eso va a suceder. 

La cuestión aquí es cómo fue que el peronismo, autor y principal sujeto de la revolución social en el país el siglo pasado, arquitecto de las leyes laborales de avanzada que convirtieron a la Argentina en un país de clase media; cómo fue que ese movimiento no se propuso adaptar esa normativa a esta modernidad. Por qué el peronismo, en sus largos 17 años de gobierno kirchnerista desde comienzos de este siglo, no pensó, elaboró, redactó y propuso a una sociedad que experimentaba y aún experimenta cambios profundos como no se recuerdan, su propia reforma laboral.

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El resultado de esa omisión lo vemos reflejado hoy en el proyecto de precarización de las condiciones de trabajo que nos deja de herencia el gobierno de Javier Milei.

Retomando el aviso de Martínez: cuando vuelva, ¿el peronismo va a derogar la ley Milei por qué legislación? ¿La que propuso el miércoles en su dictamen de comisión, de imposible tratamiento en sesiones extraordinarias y que propone “ampliar derechos laborales, adaptándolos a nuevas tecnologías”? ¿Bajo qué fundamentos económicos? 

En los años de Cristina Fernández de Kirchner, hubo insinuaciones acerca de cómo el peronismo estaba reflexionando desde el poder sobre la cuestión laboral. Algunas de esas reflexiones no fueron muy felices: en su discurso de apertura de sesiones del Congreso en 2012, en medio de un conflicto salarial, CFK cuestionó los niveles de ausentismo entre los docentes y su régimen de estabilidad, y dijo que trabajan cuatro horas y tienen tres meses de vacaciones. En uno de sus habituales enfrentamientos con Hugo Moyano, ella misma objetó, en respuesta a un paro general, la modalidad de protesta con piquetes y bloqueos de los camioneros. 

Años más tarde, durante el gobierno Fernández-Fernández, y como ocurrió en España y México, el fenómeno de la pandemia había motivado el tratamiento y sanción de la ley de Teletrabajo, que regula derechos y obligaciones de empleadores bajo la modalidad del trabajo a distancia. Fue aprobada por el Congreso en agosto de 2020 -obtuvo una abrumadora mayoría en Diputados- y promulgada al año siguiente. Caerá con la nueva ley.

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Pero el peronismo nunca había llegado tan lejos como cuando, en febrero de 2024, en una extensa carta pública Cristina Kirchner planteó la necesidad de discutir “una ineludible actualización laboral” a tono de las “nuevas formas de relaciones laborales surgidas a la luz de los avances tecnológicos”. Textual de esa recordada carta de CFK, de 33 páginas, a dos meses de la llegada de Milei al poder: “Teletrabajo y plataformas digitales, que intermedian entre oferta y demanda, son algunas de las modalidades que se deben amparar normativamente. Sin embargo, las formas de contratación laboral ya incluidas en nuestro sistema legal también deben ser revisadas, mediante la actualización de los convenios colectivos de trabajo -muchos de los cuales datan de décadas atrás- teniendo en cuenta las nuevas realidades antes mencionadas”.

De las palabras de la expresidenta se desprende que no fue el desconocimiento lo que impidió que el peronismo debatiera los significativos cambios que se venían produciendo en la última década en las relaciones entre trabajo y capital, resultado de una nueva y acelerada fase de la revolución tecnológica, pero sobre todo, del crecimiento del segmento informal en la economía argentina, que alcanzó el 43,3% de los trabajadores ocupados en diciembre último, según la Encuesta Permanente de Hogares del Indec, la más alta en casi dos décadas.

¿Por qué el peronismo, que moldeó el perfil de la sociedad argentina de los últimos ochenta años y la puso a la vanguardia en materia de derechos laborales se resistió a instrumentar los cambios que demandaba el mundo del trabajo? Después de las experiencias de la frustrada ley Mucci en los años de fortaleza de Alfonsín de los proyectos de flexibilización laboral de Menem y la ley Banelco de De la Rúa, la irrupción del neoliberalismo y el declive del estado de bienestar, ¿qué impidió que el peronismo negociara con los gremios y las empresas una necesaria adaptación de la legislación laboral que contemple la existencia de un mundo nuevo? 

Nadie aún dio respuesta a esas preguntas.