Abuso sexual de niñas en Villa de María de Río Seco: una muestra brutal de la vulnerabilidad extrema

La investigación judicial en Villa de María de Río Seco destapó una red de abusos contra  adolescentes vulnerables. Son cuatro las que identificó hasta ahora la fiscal de Instrucción de Deán Funes, Analía Cepede, a cargo del expediente. Entre los acusados se encuentran un policía, peones rurales, remiseros y un asesor de la Legislatura de Córdoba -José Villarreal- hasta el día que cayó preso. 

Además de la iniciación y aprovechamiento sexual de las niñas, desde edad temprana, la Justicia investiga la colocación de implantes o “chip” subcutáneos anticonceptivos a las víctimas, cuando tenían 12 y 14 años. En uno de los casos, la fiscal recibió la declaración de su padre quien admitió haber acompañado a su hija al centro de salud. En el otro, solicitó informes. Pero, para ambas situaciones, la fiscal busca dilucidar si el protocolo habilita al personal médico o sanitario a implementar métodos anticonceptivos a tan temprana edad. Y, en ese caso, bajo qué condiciones.

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Pueblo chico, infierno grande

La investigación por grooming y abuso sexual -imputación que pesa sobre los 15 detenidos- conmociona a Villa de María de Río Seco, una localidad del norte cordobés de poco más de 6.000 habitantes. 

La causa avanza en la etapa de indagatorias preliminares e involucra a una diversidad de vecinos del mismo pueblo quienes se habrían aprovechado de la extrema vulnerabilidad de las víctimas.

De acuerdo con la instrucción judicial, los abusos no responderían a una red de trata organizada por un tercero o por un grupo, sino a una mecánica informal de transmisión de contactos telefónicos entre los hombres en busca de sexo y las niñas y adolescentes inducidas a ceder sus cuerpos.

Es preciso aclarar que la relación sexual de una niña de 12 o 14 años, como es el caso de las víctimas individualizadas, no puede ser considerada una decisión autónoma ni voluntaria. La práctica es lisa y llanamente abuso sexual infantil, por tratarse de menores de edad.

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De boca en boca 

Los acusados, aprovechando que compartían ámbitos laborales similares, se pasaban el contacto de las menores a modo de "referencia", un comportamiento que también se replicaba entre las propias víctimas. Era un "de boca en boca".

Las declaraciones en Cámara Gesell de las cuatro adolescentes revelaron que los abusadores pactaban los encuentros a cambio de sumas de dinero paupérrimas —el máximo podía llegar a $80.000— o la entrega de objetos de escaso valor, a modo de trueque. 

Los hechos se habrían consumado en diversos puntos de la localidad, incluyendo una casilla o choza precaria ubicada dentro de un campo perteneciente al legislador Ernesto Ramón “Cañito” Flores. Pero, además, la fiscal localizó otros puntos de encuentro en el mismo pueblo.

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Asistencia a las niñas y a sus familias

A partir de la investigación de la fiscal Cepede, las jóvenes y su círculo familiar o de contención afectiva fueron asistidos de inmediato por el Polo de la Mujer y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf). Los exámenes médicos constataron que no presentan lesiones físicas visibles de violencia directa, y desde el punto de vista psicológico se encuentran bajo un estricto programa de contención.

El entorno de las menores está caracterizado por situaciones de extrema vulnerabilidad social y económica, con estructuras familiares amplias, con madres solas o, en algún caso, a cargo de una su bisabuela. 

El abordaje judicial logró que las chicas —quienes habían abandonado el sistema educativo por esta situación— fueran escolarizadas nuevamente para intentar retomar su vida cotidiana en un pueblo donde, inevitablemente, todos los involucrados se conocen. Para garantizar su resguardo y debido a la falta de recursos de sus familias, el Estado cordobés designó a un "abogado del niño" de manera individual para cada una de las víctimas.