Argentina, a la conquista del séptimo continente

En septiembre de 1989, el recién asumido presidente argentino Carlos Menem visitó a su par George H. W. Bush en el Despacho Oval. El clima era cordial. En medio de la conversación, en la que los presidentes trataron temas relevantes para ambas naciones y para el mundo, como la venta de aviones Pampa de Argentina, el tema álgido del misil Cóndor, la paz de Medio Oriente y la situación de Panamá, un tema puntual humanitario entre Israel y Siria, Bush le dijo a Menem con cercanía y confianza:

-“Llámame cuando quieras”.
Menem, con una sonrisa de ironía realista, replicó:
-“Eso no es tan fácil en la Argentina”.
(Reunión en el Salón Oval, Casa Blanca, 27 de septiembre de 1989).

La frase fue más que una broma. Fue un diagnóstico certero de un país con una telefonía colapsada: menos de tres millones de líneas fijas y sin ninguna línea móvil a ese momento, demoras de años para obtener una conexión y una calidad de llamadas internacionales penosa. Pero también fue una chispa. Desde ese momento, Menem comprendió que sin infraestructura de telecomunicaciones no habría desarrollo posible. Así empezó el viaje argentino hacia el “séptimo continente”, como el pensador francés Jacques Attali llamó a Internet y la conectividad.

Del colapso al renacimiento

Semanas más tarde, el gobierno lanzó una de sus reformas más audaces: la privatización de ENTEL. Lejos de un simple remate de activos estatales, fue un rediseño institucional con reglas exigentes: inversiones mínimas obligatorias, cobertura federal, estándares de calidad estrictos, digitalización masiva y fiscalización activa.

El Estado conservó una participación accionaria en las nuevas empresas (30%), luego vendida en el mercado bursátil internacional con multimillonarios ingresos para el erario público. Además, se asignó el 10% de las acciones a los trabajadores, un gesto de capitalismo popular con compromiso distributivo.

Inspirado en el modelo británico de privatización y post regulación (en ese momento considerado top en el mundo), se estructuró un duopolio temporal regional regulado por zonas (para que luego compitieran entre sí), con lugar para nuevos actores: cooperativas, luego cinco operadores móviles, grandes empresas de datos, internet, TV por cable, telefonía rural y telefonía pública.

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La inversión privada superó los 14.000 millones de dólares. Se modernizaron centrales digitales, se desplegó fibra óptica, enlaces satelitales, redes de microondas, decenas de miles de teléfonos públicos y dispositivos especiales para personas hipoacúsicas. En una década, el país pasó de la edad de piedra a la era digital.

La CNC: regular, controlar y auditar con excelencia

Para monitorear esa transformación post privatización, se creó la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), que evolucionó desde un organismo inicialmente débil a una agencia técnica de primer nivel. Con el respaldo del Banco Mundial a través del director Paul Meo, el apoyo personal de Sir Bryan Carlsberg, director de OFTEL, el ente regulador más prestigioso del mundo, de Mark Fowler, ex presidente del FCC de EEUU en la presidencia de Ronald Reagan y del secretario general de la UIT, Pekka Tarjanne, exministro de Finlandia –todos los cuales nos apoyaron generosamente-, Argentina diseñó un modelo inédito en América Latina. Un sólido equipo de administrativistas, expertos en técnica legal, ingenieros en telecomunicaciones y economistas integraron la CNC en gran parte de esa etapa.

Desde la CNC se aplicaron auditorías técnicas rigurosas, se impusieron multas millonarias por incumplimientos contractuales, se garantizaron reglas de interconexión equitativas para pymes y cooperativas, y se resolvió una disputa estratégica sobre la propiedad de los activos satelitales en INTELSAT e INMARSAT, las dos grandes cooperativas satelitales internacionales que Argentina integraba como socio,  recuperando fondos en favor del Estado Nacional. Esos fondos eran reclamados por las dos grandes telefónicas, a través de su empresa en común, Telintar.

Como me dijo Sir Bryan Carsberg en una cena en el Hotel Savoy de Londres, regular servicios públicos es un arte. Con el respaldo político del presidente Menem y el ministro Cavallo, logramos ejercer ese arte frente a presiones de grandes corporaciones y actores internacionales. Carsberg puso a disposición de Argentina sus equipos y documentos para fortalecer institucionalmente a la CNC. El consorcio Coopers & Lybrand- Latham & Watkins asistió como consultores externos.

Conectividad como justicia social

Entre 1991 y 1999 impulsamos una estrategia con un principio rector: la conectividad debía ser un derecho, no un privilegio. Se instalaron más de 2.500 líneas semipúblicas (SSPLD) en localidades rurales de menos de 500 habitantes. En asentamientos precarios se colocaron 2.000 teléfonos públicos sociales.

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A partir de licitaciones abiertas, se logró llevar telefonía móvil a todas las localidades de más de 500 habitantes. En 1991, un teléfono fijo costaba 1.500 dólares; al final de la década valía apenas 100 y era instalado en una semana. Adicionalmente, se desplegaron 19.000 teléfonos públicos.

Visitamos, con el del presidente Menem, la sede de la UIT en Ginebra, donde se firmó el acuerdo con el Secretario General Pekka Tarjanne para designar a Buenos Aires como sede de la Primera Cumbre Mundial sobre Desarrollo de las Telecomunicaciones en 1994. En dicha cumbre participó el vicepresidente de EE.UU., Al Gore, y delegaciones de todos los países del mundo. Argentina fue, por una semana, la capital mundial de las telecomunicaciones.

Conquistar el séptimo continente

En 1997, Jacques Attali advirtió que Europa se estaba quedando afuera del nuevo continente digital: Internet. Argentina decidió no ser espectadora. Diseñamos el programa presidencial argentina@internet.todos, pionero en inclusión digital. El decreto 554/97 lo declaró de interés nacional; el decreto 1018/98 fijó un plan con acciones afirmativas, sin usar fondos del presupuesto ni tomar deuda externa.

Con la auditoría técnica de Detecom (Alemania), que complementó la muy eficiente tarea de control de la CNC (1996-1997-1998), se supervisó con rigurosidad el grado de cumplimiento de las telefónicas con las metas de calidad y cobertura establecidas en los pliegos de privatización. A partir de esto, la CNC impuso multas a Telefónica y Telecom que luego, a través de un régimen de “probation”, se sustituyeron por bienes de uso social que se distribuyeron e instalaron en todo el territorio nacional, a saber:

• 11.761 escuelas rurales con DirecTV educativo, paneles solares y decodificadores (gratuitos, y con programación educativa, infantil, cultural y deportiva).
• 8.000 teléfonos celulares gratuitos a maestras rurales.
• 2000 equipos de datos móviles Orbcomm para maestras rurales que no tenían cobertura celular (gratuitos).
• 183 teléfonos satelitales Iridium (gratuitos) para las misiones de Cascos Azules y Cascos Blancos en el mundo.
• 1.747 bibliotecas con computadoras, impresoras, cámaras fotográficas digitales y conexión gratuita.
• 1.700 CTCs (Centros Tecnológicos Comunitarios) con PCs, impresoras y equipos accesorios en escuelas, iglesias y clubes.
• 107 hospitales con plataformas de telemedicina, acceso a internet, cámaras digitales, periféricos médicos sofisticados y PCs (gratuitos).
• 4.699 centros de jubilados y bomberos con telefonía gratuita.
• Una supercomputadora Cray conectada a Internet2, la segunda más potente de América Latina, interconectada con la Red Internet 2 de Estados Unidos.

Todo esto, sin gastar un peso del Tesoro. Sólo con regulación inteligente y voluntad política, y cobrando las multas a las grandes empresas.

La desarticulación del modelo digital inclusivo

En 2000, con el cambio de administración y la llegada del malogrado gobierno de la Alianza, se inició el desmantelamiento del programa argentina@internet.todos, usando argumentos políticos y denotando una enorme envidia por los grandes resultados. La creación de la sociedad estatal EDUC.AR -financiada con una donación (de un importante empresario) de 11 millones de dólares- no logró sostener ni ampliar el alcance de las acciones afirmativas previamente desarrolladas. Apenas 17 escuelas fueron conectadas; se alquilaron oficinas lujosas, se pagaron altos sueldos gerenciales y se invirtió una parte importante de los fondos en bonos del tesoro que luego entraron en default tras la crisis de 2001. Luego EDUC.AR, en otra administración, migró a ser una señal educativa-cultural de TV.

Pero el quiebre institucional más artero ocurrió en 2007, cuando el entonces Secretario de Comunicaciones firmó las resoluciones SC 41/07 y SC 42/07, nunca publicadas en el Boletín Oficial. Mediante estas normas, se condonaron, de manera inexplicable y sin intervención de los organismos de control, decenas de millones de dólares que las empresas telefónicas debían al Estado Nacional.

Estas obligaciones económicas -acumuladas por incumplimientos, rebajas tarifarias no trasladadas a los usuarios, y por beneficios fiscales que no les correspondían- debían financiar de forma permanente los programas sociales de conectividad del programa argentina@internet.todos.

El marco jurídico lo establecía claramente: los pliegos de privatización obligaban a destinar todo ahorro empresarial generado por decisiones gubernamentales (como la reducción de aportes patronales) al beneficio de los usuarios, mediante tarifas más bajas, ampliación de servicios, o la reducción de ganancias anuales del sistema “price cap” establecido en los pliegos de privatización, Así lo había dispuesto la Resolución 18.771/99 de la Secretaria de Comunicaciones a mi cargo.

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Sin embargo, con las dos resoluciones dictadas en 2007, de polémica legalidad, se estableció una “compensación de deudas cruzadas” entre las empresas y el estado nacional, indeterminadas, sin auditoría externa, sin dictámenes públicos de los organismos que tienen que ver con el resguardo del patrimonio estatal, y sin ningún análisis contable disponible. Se cerró así un ciclo virtuoso de políticas públicas financiadas con regulación inteligente, y se consolidó una transferencia regresiva de recursos: desde los sectores vulnerables hacia las corporaciones dominantes.

Lo que fue, lo que puede ser

Muchos logros se perdieron. Otros sobrevivieron gracias a docentes, cooperativas, municipios, bibliotecas, comisiones de padres, iglesias y ONGs. Pero el ejemplo de los 90 demuestra que un país no central puede liderar una revolución digital con sentido social. En 1999, Argentina tenía cinco operadores móviles, cientos de nuevas empresas, un satélite privado geoestacionario (NahuelSAT) pagado por inversores privados, acceso a cielos abiertos para satélites LEO (órbita baja, como Starlink), y cooperativas telefónicas y pymes compitiendo en igualdad de oportunidades.

La discontinuidad de las políticas públicas revela una fragilidad estructural del Estado argentino: su incapacidad para consolidar reformas transformadoras más allá de los ciclos políticos. Los fondos desviados por EDUC.AR y los condonados por resoluciones opacas deberían ser recuperados y reinvertidos. El enorme gasto público en los satélites estatales no logró resolver la conectividad rural de Argentina y ni siquiera conectar a las escuelas rurales, como bien se está haciendo ahora a través de Starlink, de la mano de provincias y municipios.

Lo que viene (o debería venir)

Hoy, constelaciones como Starlink, Kuiper y otras que se sumarán, abren un nuevo horizonte a la conectividad global. No obstante, para que Argentina aproveche esta oportunidad necesita un ecosistema robusto: fibra óptica redundante, regulación moderna, presión fiscal razonable y una política de equidad territorial. Las regiones clave -Vaca Muerta, los corredores mineros, toda el área de producción agropecuaria y ganadera, los puertos patagónicos, el complejo Gran Rosario- requieren redes inteligentes que además atraigan a las nuevas inversiones en industrias estratégicas como los data centers de inteligencia artificial.

La revolución digital no es sólo tecnología: es también justicia. El artículo 42 de la Constitución obliga al Estado a defender a los consumidores, garantizar la competencia y evitar abusos de posición dominante. Sin un Estado con capacidad técnica, autoridad legal y voluntad política, la conectividad seguirá siendo un privilegio y no un derecho.

Tuve el honor de inaugurar el primer SSPLD en Chancaní (Córdoba), el “Faro de la Sabiduría” en San Luis (un enorme centro popular de internet), la escuela rural del Lago Posadas en Santa Cruz, el SSPLD en los  Saltos de Moconá (Misiones), el acceso a DirecTV por parte de las escuelas Ceferino Namuncurá y Padre Liqueño en las Altas Cumbres, las escuelas rurales de Tolhuin en Tierra del Fuego, la llegada de la telefonía móvil a las Bases Antárticas Esperanza y Marambio y el último SSPLD  en la Isla Chica de Itacaruaré (Misiones).

En más de 700 inauguraciones en las que participé, vi rostros de niños, abuelas y docentes que, por primera vez, escuchaban una voz lejana o accedían a un saber nuevo. Esa experiencia no se olvida. Hoy, gracias a decisiones provinciales y municipales, muchas escuelas vuelven a conectarse mediante redes satelitales como Starlink. El espíritu es el mismo.

Desde aquel teléfono rural de los ‘90 en Chancaní y sus polvorientos caminos hasta una antena satelital de Starlink en una escuela de Chubut, hay un hilo invisible: la decisión de conectar, de incluir, de construir un país más justo. Pero ese hilo necesita voluntad política, continuidad institucional y coraje cívico. Porque el Séptimo Continente no se conquista una sola vez. Se defiende todos los días.

Argentina fue pionera en el sexto continente, la Antártida, y también en el Séptimo, Internet. No es poco. Al final de su mandato, el presidente Menem pudo decir, al igual que el presidente Domingo F. Sarmiento, impulsor de la red telegráfica: “al terminar mi gobierno, dejo a mi país en contacto con todas las Naciones.

(*) Ex Secretario de Comunicaciones de la Nación 

Fuentes:

• Clarín, “Internet, a la conquista del séptimo continente”, 21 de agosto de 1997, Jacques Attali
• Infobae, “El dia que Menem ayudó a Bush en la Casa Blanca y le dijo que eran del mismo palo”, 29 de febrero de 2020, Juan Baustista Yofre
• Decreto 554/97, Declaracion de Interés Nacional de Internet, Infoleg
• Decreto 1018/08, Aprobacion del Programa argentina@internet.todos, Infoleg
• Declaración de Prensa de la UIT,  visita del Presidente Carlos Menem (9 de junio de 1993) a la sede de ese organismo el 8 de junio de 1993
• Declaración de Prensa de la UIT sobre el Acuerdo de Administración de fondos de argentina@internet.todos, 18 de setiembre de 1998. 
• Los decretos SC 41/07 y SC 42/07 no se encuentran publicados en el Boletín Oficial.