Cámara Federal convalidó intervenciones telefónicas en una presunta cueva financiera

El viernes último la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba convalidó las intervenciones telefónicas que habían sido ordenadas para investigar presuntos delitos económicos cometidos por una sociedad de bolsa que, para la Justicia, actuaba como financiera ilegal. Prestaba dinero, y cambiaba cheques de terceros.  

La investigación comenzó con la denuncia de una mujer, policías realizaron tareas de campo y el juez federal N° 3, Miguel Hugo Vaca Narvaja, ordenó en los albores de la pesquisa las escuchas que terminaron corroborando todo. 

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Están imputados como jefes u organizadores de la presunta asociación ilícita Tomás Novillo Saravia, Francisco Novillo Saravia y Carlos López Villagra, quienes continuarán en libertad también por decisión de la Cámara que subió a $100 millones la fianza que deben afrontar cada uno de los tres.

La investigación incluye además a Miguel Rivera, Soledad Monge, Horacio Oscar Callieno, Andrés Martín Rodríguez Díaz, Paula Estefanía Puelles y Agustín Damián Granata

El primer dato que llegó a los tribunales federales surgió de una auditoría a la empresa constructora de Roberto Suez. Allí se relevaron préstamos de dinero a la firma en efectivo, cheques de terceros que surgían de una financiera presuntamente ilegal.

La causa para averiguar de qué se trataba la presunta cueva financiera recayó en la Fiscalía Federal 2, a cargo de Carlos Casas Nóblega. Se desarrolló una investigación de campo con personal policial y se resolvió intervenir los teléfonos de las personas investigadas.

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Las defensas de los imputados cuestionaron y pidieron la nulidad de la medida. En primera instancia, el juez Vaca Narvaja rechazó el planteo y por apelación el incidente llegó a la Cámara Federal.

La Sala A, integrada por Eduardo Avalos, Liliana Navarro y Graciela Montesi, no hizo lugar a los planteos de las defensas, a cargo de los abogados Tristán Gavier y Facundo Cortés Olmedo.

De ese modo, mantuvo en pie uno de los resortes más importantes de la investigación judicial porque advirtieron que en las conversaciones se encontraron pruebas que comprometen a los imputados.

“Pretender que las tareas de campo desarrolladas por el personal policial sean el medio exclusivo para corroborar actividades ilícitas como la aquí investigadas, importaría la virtual paralización de toda investigación”, señaló el tribunal en el fallo.

La firma continúa funcionando como sociedad de bolsa. 

En diálogo con PERFIL CÓRDOBA, Gavier sostuvo que “la financiera está autorizada por Afip y por Inspección de Sociedades Jurídicas; el objeto social es prestar dinero”.