Caso Dalmasso: la fiscal Croppi pidió la destitución de tres fiscales por negligencia grave y ceguera investigativa

"Con todo lo que se ha oído podemos afirmar casi con certeza que las circunstancias de la causa han sido probadas", sostuvo la fiscal general adjunta Betina Croppi al solicitar la destitución de los fiscales de Instrucción, Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, fijando el tono de una acusación que recorrió más de una década de omisiones e hipótesis sin sustento.

En primera fila, estaban presentes los hijos de Nora Dalmasso, cuyo crimen permanece impune, Valentina y Facundo Macarrón; y el viudo, Marcelo Macarrón.

Di Santo: la investigación que buscaba a la víctima

El primer blanco de Croppi fue Javier Di Santo, quien estuvo a cargo de la causa desde el inicio. La fiscal describió un error fundacional: sin haber realizado la autopsia, tres forenses le dijeron al fiscal que Nora había mantenido relaciones sexuales consensuadas. "Nadie, ni siquiera el propio Di Santo, se planteó que Nora pudiera no haber consentido esas relaciones. Esa hipótesis instalada sin prueba determinó el rumbo de toda la investigación inicial", ponderó.

Lo que siguió fue devastador: se interrogó a 58 testigos preguntándoles sobre los amantes y costumbres de Nora, transformando su imagen pública en la de una mujer promiscua. Esos rumores, según Croppi, salieron de la propia fiscalía.

Mientras tanto, Roberto Bárzola —el único obrero que estuvo en la casa el día del crimen, actualmente sospechoso— acumulaba señales de alerta que nadie procesó. Mentía sobre sus movimientos, conocía las cámaras del barrio y había construido una coartada. Veintiún cassettes con sus llamadas telefónicas nunca fueron escuchados. La fiscalía, en cambio, persiguió al pintor Gastón Zárate hasta que fue liberado por falta de pruebas, y luego apuntó a Facundo Macarrón, a quien sometió a cinco años de sospecha sin sustento sólido, impidiendo incluso que viajara al exterior por motivos profesionales.

"¿Por qué esta ceguera? Es claro: la fiscalía estaba buscando investigar a la víctima", sentenció Croppi. Agregó que la negligencia grave no nació en 2007 o en 2012, sino en los primeros tres meses de la investigación.

Miralles: una imputación sin respaldo

El fiscal Daniel Miralles llegó a la causa en 2016. Croppi reconoció que en un primer momento actuó correctamente al entrevistarse con los hijos de Nora. Pero su actuación derivó rápidamente en una imputación apresurada contra Marcelo Macarrón, basada en una única declaración sobre un posible móvil económico y en teorías periciales ya superadas. Miralles ignoró deliberadamente los informes de 2012 que explicaban la presencia de ADN de Macarrón en el cuerpo de la víctima por razones de convivencia.

Su hipótesis —que Marcelo había viajado desde Uruguay, asesinado a su esposa y regresado— fue calificada por Croppi de "descabellada". Miralles fue finalmente apartado de la causa por adelantamiento de opinión.

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Pizarro: el complot que nunca pudo probar

El tercer acusado, Luis Pizarro, tomó la causa en 2017 con una hipótesis de complot criminal de escala política: Marcelo Macarrón habría contratado a un sicario para asesinar a Nora y sexualizar la escena, con el objetivo de perjudicar al entonces secretario de seguridad provincial.

Croppi fue implacable: Pizarro no identificó al sicario, no determinó cuándo ni cómo fue contratado, no investigó a los obreros y eludió las evidencias genéticas clave, específicamente el haplotipo Y -masculino- encontrado en siete segmentos del cinto de la bata. Elevó la causa a juicio sin haber probado un solo eslabón de la cadena que él mismo había construido. "La acusación de Pizarro no tenía el mínimo nivel de sustento", afirmó la funcionaria.

La conclusión de Croppi fue categórica: los tres fiscales, con sus omisiones, sus sesgos y sus hipótesis sin anclaje probatorio, provocaron una falta en el servicio de justicia, la victiminación de Nora Dalmasso y su familia durante casi dos décadas.