La Fiscalía de Instrucción Distrito 1, Turno 10 de Córdoba imputó a dos responsables del área de mantenimiento de la Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross) por su presunta responsabilidad en el incendio que dañó gravemente la sede central de la obra social.
Se trata de Franco Roberto García, encargado de la Jefatura de la Sección Mantenimiento, y Aldo Hugo Calvo, jefe de la División Mantenimiento. Ambos fueron acusados bajo la figura de estrago culposo, que sanciona los daños producidos por imprudencia, negligencia o incumplimiento de deberes.
Según la investigación, los funcionarios habrían tenido conocimiento de al menos tres episodios previos vinculados a fallas eléctricas —incluidos focos de ignición— registrados entre enero y marzo de 2025 en el segundo piso del edificio de calle Marcelo T. de Alvear al 700. Pese a esos antecedentes, la fiscalía sostiene que no adoptaron las medidas necesarias para evitar un evento de mayor magnitud.
En la imputación, el Ministerio Público Fiscal remarca que ambos, en función de sus cargos, tenían una “posición de garantes” sobre el estado de las instalaciones y que, aun así, omitieron intervenciones posibles para reducir el riesgo. Esa inacción, según los investigadores, resultó determinante en el desenlace del siniestro.
El incendio de la sede de Apross se produce en un momento clave de avances en las causas por fraudes
El expediente se apoya en una serie de informes técnicos elaborados por la Dirección de Policía Judicial, que incluyen peritajes de Fotografía Legal, Planimetría y análisis audiovisual. A esto se suma un informe clave de la Dirección de Bomberos de la Policía de Córdoba, junto con estudios de especialistas en ingeniería eléctrica y mecánica.
Los peritajes apuntan a que existían deficiencias en las conexiones, cables y plafones del edificio, sobre las que ya se habían emitido advertencias internas. De acuerdo con la reconstrucción oficial, personal de mantenimiento había solicitado materiales y presupuesto para realizar reparaciones, sin obtener respuesta favorable de los superiores ahora imputados.
Además, la causa incorpora testimonios de empleados de Apross y de efectivos policiales que cumplían servicio adicional el día del incendio, con el objetivo de reconstruir las condiciones previas y el desarrollo del fuego.
La fiscalía sostiene que el caso se fundamenta en una valoración integral de pruebas técnicas y testimoniales que evidenciarían una falta de mantenimiento preventivo. Esa omisión, concluyen los investigadores, dejó al edificio en una situación de vulnerabilidad frente al riesgo eléctrico que finalmente desencadenó el incendio.
