Caso Wachitas Bar: Passerini y el juecismo chocaron por la crisis de controles en la noche cordobesa

La trama del caso Wachitas Bar, que estalló tras el femicidio de Agostina Vega y que involucra a Soledad Andreani y Claudio Barrelier, actualmente detenidos, volvió a tensionar la relación política entre el intendente Daniel Passerini y el juecismo. La discusión sobre los controles de la noche se transformó en un nuevo capítulo de la disputa por las responsabilidades y las acusaciones cruzadas sobre presuntas irregularidades dentro de la Municipalidad de Córdoba.

La Comisión de Legislación General, presidida por el oficialista Nicolás Piloni, se reunió durante siete horas para que el titular del Ente de Fiscalización y Control, Ezequiel Hormaeche, junto a su equipo técnico, brindaran respuestas a 20 pedidos de informes presentados por la oposición sobre habilitaciones comerciales, inspecciones y controles de locales nocturnos.

El caso que atravesó toda la discusión fue Wachitas Bar, recientemente clausurado a raíz de las derivaciones del femicidio de la menor de 14 años, cuyos restos fueron allados en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra y que tiene como principal sospechoso a Barrelier. 

Hormaeche sostuvo que el establecimiento había sido "mal habilitado en 2017" y explicó que la actual gestión revocó el permiso a comienzos de junio, luego de tres clausuras previas. Sin embargo, aclaró que la decisión administrativa no estuvo vinculada directamente con la causa penal por el femicidio de Agostina Vega, sino con modificaciones edilicias y cambios en las condiciones de funcionamiento respecto de la autorización original.

"No recibimos ninguna denuncia. Teníamos una inspección programada para 15 días después, pero la anticipamos al 2 de junio porque escuchamos el nombre del bar en los medios. Llegamos antes que la Justicia y pusimos a disposición todo el expediente municipal", afirmó el funcionario.

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La explicación no convenció a la oposición. Las concejalas Graciela Villata, del Frente Cívico, y Elisa Caffaratti, de la UCR, cuestionaron que el municipio no hubiera detectado irregularidades que, según señalaron, eran visibles y que la inspección definitiva se hubiera concretado luego de un período prolongado.

"Había ilegalidades a la vista de todos y la Municipalidad nunca se enteró", plantearon desde la oposición al cruzar fuego con la gestión Passerini. 

Por su parte, el oficialismo defendió la actuación administrativa. Piloni rechazó las críticas y respondió que "no se obvió ningún paso" en la habilitación ni en la revocación del permiso. "Si alguien conocía algo irregular, ¿por qué no lo denunció entonces?", replicó el edil peronista. 

El Ente, eje de la pulseada

Hormaeche utilizó la comisión para defender el rol del Ente de Fiscalización y Control, una estructura creada durante la gestión de Martín Llaryora y continuada por Passerini. El funcionario expresó que el organismo enfrenta una disputa contra "mafias" vinculadas históricamente al negocio de la noche y denunció agresiones, amenazas y resistencia interna de sectores municipales que no aceptaron integrarse al nuevo esquema.

Asimismo, recordó que la Municipalidad denunció al denominado "clan Moyano" y el circuito de certificados truchos que derivó en la causa conocida como Causa Bomberos.

"En 2019 se hacían un promedio de 70 operativos por año. Ahora hacemos 700", indicó Hormaeche, quien también marcó una reducción de recursos. Afirmó que el área pasó de contar con más de 300 personas entre inspectores y becarios a una estructura actual de 138 agentes, con apenas 50 inspectores habilitados para salir a controlar.

Frente a este escenario, el funcionario defendió la continuidad del Ente como herramienta para ordenar habilitaciones, controles y clausuras. Destacó el sistema de Habilitaciones On Line (HOL), al que definió como un mecanismo que garantiza trazabilidad y seguridad documental.

Según detalló, durante la actual gestión se realizaron 1.398 actas y clausuras vinculadas con bares en infracción por venta de alcohol, fiestas clandestinas y actividades comerciales no autorizadas.

No obstante, la oposición desplegó una ofensiva política contra la estructura creada por el oficialismo. Villata ratificó que el Frente Cívico impulsa la derogación del Ente y sostuvo que el organismo "fracasó" en su objetivo de garantizar controles efectivos.

"Desde la creación del Ente dijimos que no era necesario. El intendente tenía todas las facultades para organizar los organismos existentes y hacer los controles", afirmó la dirigente juecista.

La concejala cuestionó además la relación entre la cantidad de establecimientos a controlar y la capacidad operativa del municipio. "Tienen 23 mil lugares para controlar y 54 inspectores", remarcó al profundizar su crítica.

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Passerini contra Juez

La tensión política había escalado antes de la comisión, luego de las declaraciones de Passerini en las que vinculó directamente a la gestión de Luis Juez con estructuras que, según el intendente, condicionaron durante años el funcionamiento municipal.

En declaraciones a Noticiero Doce, Passerini afirmó que empresarios vinculados al circuito nocturno ilegal financiaron la campaña electoral de Juez y que, a cambio, ocuparon espacios de influencia dentro de la Municipalidad. Además, aseguró que el 90% de los 119 funcionarios y empleados exonerados durante su gestión correspondían a ingresos realizados durante la etapa en la que Juez estuvo al frente del municipio.

"Llevó años instalar una estructura de poder oscuro en la Municipalidad de Córdoba y, obviamente, está llevando tiempo desmontarla", declaró el jefe comunal.

La respuesta del juecismo llegó desde el Concejo, donde sus concejales endurecieron el discurso y acusaron al oficialismo de intentar desviar la discusión.

"El intendente tiene una Municipalidad sin control. Cada vez que se le hace una pregunta, él busca la historia y va 20 años hacia atrás para dar respuesta. Esto no es lo que necesitamos", contragolpeó Villata en declaraciones a Perfil Córdoba. 

"Necesitamos a alguien que se haga cargo de la gestión, que dé respuestas, que dé la cara y que no empiece a buscar justificativos en administraciones anteriores. Que la noche siempre ha sido complicada, sí, pero el desastre que hay hoy jamás se vio", cerró la jefa de la bancada opositora.

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La UCR pidió auditoría

La bancada radical, encabezada por Elisa Caffaratti, planteó que el principal resultado político de la reunión fue la falta de autocrítica del Ejecutivo municipal.

"La principal conclusión es que el oficialismo sigue sin asumir la gravedad de lo ocurrido. Escuchamos una defensa cerrada de la gestión, pero ninguna autocrítica sobre las fallas que permitieron que establecimientos con antecedentes siguieran funcionando", señaló la deloredista a este medio. 

En la previa del plenario de comisión, la UCR presentó proyectos para crear una comisión investigadora sobre las habilitaciones comerciales de los últimos cinco años y reclamó una auditoría externa independiente.

Con este argumento, el radicalismo buscó correr la discusión del funcionamiento del Ente hacia una revisión más amplia de la política de habilitaciones de la ciudad.

"La propuesta del Ejecutivo de crear ahora una nueva unidad de control es exactamente lo mismo que se anunció hace dos años y medio con la creación del actual Ente. Prometieron agilidad, transparencia y menos burocracia, y fue un fracaso", cuestionaron desde el bloque radical.

De todos modos, el oficialismo logró cerrar la comisión con la mayoría de los pedidos de informes respondidos: 16 iniciativas fueron enviadas al archivo y cuatro quedaron pendientes de nueva información del Ejecutivo municipal.

Sin embargo, el impacto político del caso Wachitas -relacionado con prostitución y drogas- sigue abierto. La discusión sobre los controles de la noche se transformó en una disputa más profunda: quién explica las fallas del Estado municipal y quién carga con el costo político de una crisis que puso bajo la lupa una de las áreas más sensibles de la administración local.