Comienza el juicio por el crimen de Aralí Vivas: tres acusados enfrentan cargos que prevén prisión perpetua
El proceso comenzó este martes en la Cámara del Crimen de San Francisco. La madre de la víctima, su pareja y un allegado son juzgados por abuso sexual agravado y homicidio criminis causa. La querella también apunta a las intervenciones estatales previas al crimen.
La Cámara del Crimen de San Francisco comenzó este martes el juicio por el crimen de Aralí Vivas, la niña de 8 años que fue encontrada muerta tras el incendio de una vivienda en Brinkmann, ocurrido el 1 de noviembre de 2024. El debate oral se desarrolla con jurados populares y tiene en el banquillo a Rocío Milagros Rauch, Ezequiel Matías Simeone y Cristian Hernán Varela.
Los tres llegan al juicio acusados de abuso sexual agravado por la edad de la víctima y por la participación de más de una persona, además de homicidio criminis causa, una figura penal que contempla la prisión perpetua en caso de condena.
La investigación: una muerte anterior al incendio
La causa dio un giro durante la investigación judicial cuando los resultados de la autopsia determinaron que la niña había fallecido antes de que se iniciara el incendio.
De acuerdo con la acusación, el cuerpo presentaba lesiones compatibles con abuso sexual, un traumatismo de cráneo y no registraba presencia de monóxido de carbono en los pulmones, un elemento considerado clave por los investigadores para concluir que el fuego no fue la causa de la muerte.
La hipótesis de la Fiscalía sostiene que el incendio habría sido provocado posteriormente con el objetivo de eliminar rastros del crimen.
Las pruebas que serán analizadas en el debate
Durante la instrucción se incorporaron registros de cámaras de seguridad que, según la acusación, permitieron reconstruir movimientos de Ezequiel Simeone y Cristian Varela en la vivienda durante el período bajo investigación.
Esas imágenes, junto con las pericias forenses, informes técnicos y testimonios, forman parte del conjunto de pruebas que serán evaluadas por el tribunal y el jurado popular para determinar la responsabilidad penal de los acusados.
Además del proceso penal, la familia de Aralí reclama que se investigue el accionar de los organismos estatales que habían intervenido previamente en el entorno familiar de la niña.
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