Cómo es el mapa de los 27 distritos policiales y judiciales en la ciudad de Córdoba

Después de años de trabajo, avanza progresivamente el Plan de Gestión Territorial. Detrás del título lo que hay es nada menos que la coordinación entre las Fiscalías que investigan los delitos cometidos, las Unidades Judiciales que reciben las denuncias, las comisarías y los Comandos de Acción Preventiva (CAP) de la Policía de Córdoba. 

Hasta ahora, los mapas de la ciudad están divididos según se trate de la fuerza de seguridad o las fiscalías. Con relación a estas últimas, hace dos años avanzaron en la distribución territorial de los distritos, de modo que cada fiscal quedó a cargo de un grupo de barrios. Entre los dos mapas, el policial y el de los fiscales, no había correspondencia. Ese es el cambio sustancial que se produce: unificarlos, de modo que exista un trabajo conjunto, con jefes identificables en Fiscalías y la Policía de Córdoba. 

El diseño incluye un total de 27 distritos policiales y judiciales unificados. Perfil CÓRDOBA publica el nuevo mapa que marca la distribución de barrios y poblaciones del Gran Córdoba.

En abril pasado, ya comenzaron a funcionar los Distritos 3, a cargo del fiscal Guillermo González; 4, de Ernesto de Aragón; y 10, de María Celeste Blasco.

Esta mañana, en un acto realizado en el CPC Colón, se sumaron otros tres: Distrito 19, a cargo de la fiscal Andrea Martín Artesi; el 2, de Horacio Vázquez y el 11, de José Mana. 

Con el correr de los meses, otras Fiscalías serán incorporadas a la nueva modalidad de trabajo. 

Según explican las autoridades, uno de los objetivos es monitorear en tiempo real los datos del delito, en qué zonas se producen, con qué modalidad. Los fiscales pueden conocer de manera más profunda la realidad de los barrios y los vecinos podrán identificar con claridad qué fiscal y jefe policial está a cargo de su sector.

Se viene la Unidad Fiscal de Flagrancia

Para los delitos que son detectados en el momento en que se cometen, se viene otro gran cambio en el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.

En un mes, aproximadamente, se pondrá en marcha la Unidad Fiscal de Flagrancia (UFF) que tendrá una sede en el actual Polo Judicial de Barrio Observatorio, donde ya funciona el Centro de Recepción de Procedimientos y otra en lo que se conoce como la Unidad Judicial 13, sobre calle Diagonal Ica. 

La territorialidad, explicada al inicio de esta nota, se articulará estrechamente con la UFF. Hasta ahora, muchos casos no podían investigarse en profundidad. 

Con el nuevo esquema, un grupo de nueve fiscales se abocará a los casos de flagrancia, mientras que otros podrán concentrarse en investigaciones más complejas, como desapariciones de personas, violencia familiar y de género, homicidios o delitos patrimoniales.

Las investigaciones de flagrancias son una fuente enorme de datos que pueden impactar, luego, en causas más complejas. Para garantizar que los fiscales de territorio no los pierdan, la UFF los compartirá. Es decir, que podrán ver la evolución de los delitos en cada uno de sus barrios. Este cruce de información será más sencillo, ya no habrá que coordinar con cinco o seis fiscales de turno rotativo, sino con una fiscalía estable a cargo de un territorio definido.

Impacto medido en datos

El impacto de estas políticas puede observarse en las estadísticas. El Plan de Gestión Territorial del Conflicto Penal aprobado en mayo de 2023 -abarcó a las 23 fiscalías existentes- marcó un punto de inflexión que se profundiza, ahora, con el Plan de Gestión Territorial de Seguridad y Justicia, donde se acoplan con la Policía unificando los mapas y distritos.

En el trabajo del Ministerio Público Fiscal, entre junio de 2024 y junio de 2025, en los tres distritos donde se aplicó el plan, los juicios abreviados iniciales aumentaron un 57%, y los requerimientos de citación a juicio común crecieron un 43%. Eso implica mayor agilidad en la investigación de las causas. 

Baja de denuncias por robos y hurtos: ¿cuánto incidió el plan de territorialidad de las fiscalías?

Oralidad para todas las flagrancias

A partir del próximo lunes, 1 de septiembre, todas las personas detenidas en flagrancia o cuasi flagrancia tendrán un proceso íntegramente oral. Es otro gran cambio, esperado desde hace años.

Serán los jueces de Control quienes resuelvan en audiencias orales la situación de los imputados con participación de fiscales y defensores.

El juez podrá conceder la libertad o dictar prisión preventiva. De este modo, avanza la reforma procesal penal aprobada en 2017 que colocó en los órganos de control jurisdiccional la decisión de la permanencia o no de los imputados por flagrancias en la cárcel.