Denuncian al adjunto Pérez Moreno: En una causa donde fue defensor lo reemplazó su socio

Una denuncia penal, con ribetes éticos polémicos, llegó a la Justicia Provincial contra el fiscal general Adjunto, Alejandro Pérez Moreno. Ingresó esta mañana por Mesa de Entradas, se realizó el sorteo y recayó en la Fiscalía Distrito I Turno 6, a cargo de José Bringas. En paralelo, el mismo texto se elevó al Tribunal de Ética del Poder Judicial.

La presentación fue realizada por Antonella, víctima de abusos sexuales reiterados desde que tenía tres años y hasta los 23, perpetrados por su padrastro Roberto Clavero, un hombre con fuertes lazos y cargos  políticos en Villa Dolores. En un juicio realizado a mediados del año pasado, la Cámara del Crimen de esa ciudad lo condenó a 28 años de prisión como autor de “abuso sexual con acceso carnal continuado agravado por ser  encargado de la guarda y  por resultar un grave daño en la salud de la víctima”. 

Durante el proceso lo defendió Alejandro Pérez Moreno -quien asumió como fiscal general adjunto en febrero de este año-  junto a su socio, Juan Pablo Rubio.

Luego del veredicto condenatorio, Pérez Moreno presentó un recurso de casación, por lo que el expediente está bajo análisis de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Como en todos los casos, antes de resolver la Fiscalía General debe elaborar su dictamen no vinculante.

Es necesario aclarar que la cabeza del Ministerio Público Fiscal está conformada por un fiscal general que actualmente es Juan Manuel Delgado y cuatro adjuntos, Betina Croppi, Héctor David, José Gómez Demel y, el último incorporado, Alejandro Pérez Moreno.

Este medio consultó a las autoridades. El fiscal general Delgado aseguró que mientras él esté "el adjunto Pérez Moreno no dictaminará en ninguna causa donde haya participado previamente".

Antes de asumir como funcionario judicial, Pérez Moreno suspendió su matrícula de abogado. Al no poder litigar ni participar en  las causas donde actuaba, sus clientes le revocaron el poder y designaron a otros letrados. 

Por ejemplo, él defendía al exjefe de Bomberos, Gustavo Folli, y en la actualidad lo asiste José D´Antona. Otro cliente de peso era Juan María Bouvier, exjefe del Servicio Penitenciario. Después de que asumió como fiscal adjunto, la defensa quedó a cargo de Luciano Pablo Mayer y Jorge Ignacio Mosquera. 

Qué pasó con Clavero

El 19 de marzo pasado, la Secretaría Penal del TSJ realizó una audiencia por videollamada con Clavero, alojado en el Establecimiento Penitenciario de Villa Dolores. Revocó el poder a Pérez Moreno y propuso como defensores a los abogados Juan Pablo Rubio y Jorge Ignacio Mosquera.

Rubio tiene declarado ante el Colegio de Abogados la misma dirección del Estudio Jurídico Pérez Moreno & Asociados, Duarte Quirós 93 1° Piso, cuyos perfiles en redes sociales siguen activos al día de hoy. 

En la denuncia presentada se señala que durante el juicio, el propio Pérez Moreno lo presentó como su “socio”.

¿El estudio jurídico de Alejandro Pérez Moreno sigue trabajando con el mismo staff que acompañó a su titular hasta que asumió como fiscal general adjunto? ¿Si él suspendió su matrícula de abogado, debió también cerrar el estudio? ¿Qué pasa con las causas donde fue parte? ¿Existe la posibilidad de que interceda por algún interés en forma directa o solapada? 

Cuál es el temor de la víctima

Antonella, autora de la denuncia con patrocinio letrado de Germán Romero Marcón, padeció un doloroso y largo derrotero desde que denunció por primera vez a su padrastro en el año 2005. 

La causa no se movió, estuvo cajoneada durante 17 años. Recién en 2022, la fiscal subrogante María Eugenia Ferreyra puso en marcha la investigación que culminó con el juicio y la fuerte condena a Clavero el año pasado por un delito gravísimo.

La mujer ya conoce el destrato judicial y teme, ahora, por injerencias ilegales en la suerte que correrá el último recurso que tiene habilitado en la Justicia Provincial su abusador. 

Por eso decidió acudir nuevamente a los tribunales y denunciar al exdefensor de Clavero y actual magistrado -su cargo no tiene vencimiento- por posible comisión del delito de negociaciones incompatibles con la función pública. En otras palabras, potencialmente a través de los miembros de su estudio jurídico podría incidir en el resultado de causas judiciales donde tenga algún interés. El cargo que ostenta lo coloca automáticamente en situación de superioridad.

El Tribunal de Ética puso en marcha la investigación al fiscal adjunto Alejandro Pérez Moreno

Para ella, el cambio de abogados defensores es solo formal, lo que implicaría además atacar normas morales en el ejercicio de su función. Por eso elevó una denuncia también ante el Tribunal de Ética que ya tiene un expediente abierto por declaraciones que realizó Pérez Moreno en un ámbito académico.

El abogado Rubio, que lo reemplaza, estuvo presente en el debate oral del juicio y Mosquera también habría sido empleado, asistente y/o socio del denunciado en varios expedientes. 

Este medio intentó contactar a Pérez Moreno pero no hubo respuesta.