El Tribunal de Ética de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de Córdoba abrió una causa para resolver la denuncia de dos fiscales de Instrucción, Enrique Gavier y Juan Pablo Klinger, por lo que consideraron “intromisión” del último funcionario que se incorporó a la Fiscalía General como adjunto, Alejandro Pérez Moreno.
El organismo puso en marcha las primeras diligencias. Recibió la misma presentación que se hizo ante el TSJ para la Oficina de Sumarios y libró oficio para que la Fiscalía General responda si abrió un expediente. Según pudo conocer Perfil CÓRDOBA, la contestación fue que no hay un órgano disciplinario exclusivamente para fiscales porque todo se tramita en Sumarios. Por esa razón, las tres presentaciones que se hicieron -idénticas entre sí- se analizarán en el Tribunal de Ética.
Qué se investiga
El hecho se produjo durante la exposición de Pérez Moreno en un curso organizado por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (Uejn) en conjunto con la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNC el 12 de junio pasado. En el ciclo de conferencias, a los cuales son invitados magistrados de la Justicia Provincial y Federal, Pérez Moreno expresó su postura crítica a la aplicación extendida de la figura de asociación ilícita.
Citó como ejemplo un caso reciente, el de una banda de motochorros detenidos, a quienes se los imputó por ese delito, además de los robos que cometían.
En otro tramo de su disertación, convocó a los presentes a revertir el criterio que se consolida entre fiscales cordobeses.
Sus dichos tuvieron el efecto de una carambola. La causa de los motochorros, bajo instrucción de Klinger, resultó de la aplicación de la política de territorialidad y de acumulación de causas.
Hasta mediados del 2023, los fiscales actuaban según el turno que les tocaba en todo un distrito. La territorialidad modificó esa distribución de tareas. Concentró a cada fiscal de Instrucción en una porción de cada distrito y los obligó a conectar expedientes según la modalidad de delito e imputados. Inicialmente, la reforma tuvo una alta resistencia, pero de a poco se fue asentando.
Con esta nueva mecánica de trabajo, Klinger pudo constatar la repetición de robos cometidos a lo largo del tiempo por el mismo grupo, detectó la distribución de roles y les imputó asociación ilícita. Sin mencionar al magistrado, Pérez Moreno criticó que un caso como el citado fuera encuadrado en ese delito, nacido para perseguir a grandes bandas narcocriminales.
La discusión jurídica está instalada. El problema es que, desde su incorporación al Ministerio Público Fiscal, dejó de ser el abogado de matrícula líder de un importante estudio jurídico de Córdoba que sigue funcionando, para pasar a ser un funcionario dentro de un organismo con organización vertical.
Y todavía más, dio como ejemplo para sostener su crítica una causa que es consecuencia de las últimas grandes reformas que se impulsan como política criminal en el Ministerio Público Fiscal (MPF), cuyo titular es Juan Manuel Delgado: la territorialidad y la acumulación de causas. Habría que agregar que se impulsaron para evitar la llamada “puerta giratoria”, delincuentes que ingresan al sistema y salen casi de inmediato.
Causa Neonatal: defensa de Brenda Agüero evalúa anular juicio por parcialidad de jurado popular
El poder en tensión
En este contexto, la disertación de Pérez Moreno se convirtió en una pulseada interna en el Ministerio Público Fiscal.
Hay quienes le recriminan que eso debería haberlo planteado como fiscal general adjunto al interior del cuerpo que dirige la política criminal en la Provincia de Córdoba. Si hay que hacer correcciones, es allí donde hay que impulsar ajustes. Palabras más, palabras menos: “Los trapos sucios se lavan en casa”.
Otros lo apoyan porque valoran su experiencia, su pertenencia a la familia judicial, su trayectoria, que incluye haber trabajado en tribunales, y tienen expectativas de que se convertirá en un ariete de cambios importantes.
Otro grupo envió mensajes de apoyo a ambas partes, hoy enfrentadas. Son los que están donde calienta el sol del poder.
Desde que asumió como fiscal general adjunto, en febrero pasado, el nombre de Alejandro Pérez Moreno suena como el sucesor del fiscal general Juan Manuel Delgado, quien cumplirá su mandato en marzo del año próximo y dejará el cargo.
No sería de extrañar que eso suceda, porque ya pasó en anteriores gestiones. La vocal del Tribunal Superior de Justicia, María Marta Cáceres de Bollati -entonces fiscal general adjunta- quedó a cargo de la Fiscalía General cuando se retiró Darío Vezzaro. Lo mismo ocurrió tras el alejamiento de Alejandro Moyano, cuando quedó a cargo por varios años la dupla Héctor David-José Gómez Demmel.
Neonatal: qué informó Melina a la Justicia antes de ser designada jurado del tribunal del juicio
La denuncia de los fiscales Klinger y Gavier es leída también en este contexto donde se juega nada menos que en manos de quién quedarán las riendas de la Fiscalía General en ocho meses.
El análisis y la resolución que adopte el Tribunal de Ética marcarán un rumbo para las conductas de los funcionarios que puedan incurrir en hechos similares -tanto si apoya o lanza advertencias- pero también tendrá efecto en la pulseada política y judicial que hoy existe al interior del Ministerio Público Fiscal.
