Diputados: la batalla final por la reforma laboral de Milei y el voto clave de los cordobeses

Tras la media sanción del Senado, el presidente Javier Milei apura la reforma laboral y exige sanción antes del 1 de marzo. La Casa Rosada ya fijó la estrategia: dictamen sin cambios el miércoles en Diputados para evitar que el proyecto vuelva a la Cámara Alta y se dilate su aprobación. En el oficialismo sostienen que el texto “ya fue lo suficientemente negociado”. La versión aprobada en el Senado incluyó cerca de 50 cambios respecto del dictamen original de diciembre. Las concesiones a gobernadores, a la CGT y al empresariado —afirman— ya fueron otorgadas.

La apuesta libertaria es política y económica a la vez: un punto clave es reducir lo que denominan la “industria del juicio”, con unos 400 mil litigios laborales en stock y un costo estimado en 4.000 millones de dólares, que —afirman— desalienta el empleo registrado. En paralelo, sigue el tironeo con el PRO por quién administra el salario de los trabajadores. Mientras los amarillos impulsaron habilitar billeteras virtuales, el oficialismo mantuvo la decisión de autorizar únicamente a entidades bancarias. Se trata de una pulseada que excede lo laboral y se mete de lleno en el negocio financiero.

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En medio del fuego cruzado, La Libertad Avanza (LLA) niega que la ley quite derechos adquiridos. “Está pensada hacia adelante y para el trabajador no formalizado”, remarcaron. Los opositores duros dicen lo contrario: “Consolida la precarización”.

Acelerador a fondo

El Ejecutivo extendió las sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero y apuesta a sancionar la reforma antes de esa fecha. Si los votos están garantizados, la sesión podría adelantarse este jueves, un día después de la firma del dictamen; si no, se convocaría al recinto el 26. “Vamos a Comisión para sacar dictamen y de ahí analizaremos si vamos el jueves al recinto o la otra semana”, deslizó una voz al tanto de las negociaciones y el poroteo. La lectura es lineal: si la sesión se adelanta, es porque el oficialismo tiene los votos. El fin de semana largo cobra intensidad para los operadores libertarios que buscan blindar el apoyo de los bloques dialoguistas.

En paralelo, el Gobierno sumó otra variable: el envío para tratar en conjunto una nueva ley de financiamiento universitario, forzado por la Justicia y por la insistencia del Congreso. Se busca algo que sea factible de implementar, señalan en Balcarce 50. En la oposición ya hablan de “desfinanciamiento universitario”.

El voto cordobés, bajo la lupa

En este escenario, Córdoba aporta 18 diputados y el poroteo no es lineal. El núcleo duro libertario lo integran seis legisladores “puros” de LLA encabezados por Gabriel Bornoroni, más los ex PRO Laura Rodríguez Machado y Belén Avico; el ‘radical con peluca’ Luis Picat y María Cecilia Ibáñez (MID). Allí, el apoyo no tiene fisuras.

Tras celebrar la media sanción, Bornoroni redobló la defensa de la “modernización laboral”. Sostuvo que “hay casi un 50% de trabajadores que están en la informalidad”. “Esta ley tiene más de 40 años. No había ni celular ni internet en la época que se hizo la ley. Hay que modernizarla”, dijo a Perfil Córdoba. Y rechazó las críticas: “Van a decir cualquier cosa, pero después la realidad es otra”. En la misma sintonía, Picat justificó que a este proyecto “lo están pidiendo a gritos, no solamente las pymes, sino todo aquel que no está formalizado”. “La media sanción se logró contra todos los pronósticos, a través del consenso”, opinó el diputado de LLA. Y aseguró que el gobierno hizo un trabajo meticuloso, “hablando con cada uno de los actores”.

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Cordobesismo dividido

Sin embargo, el foco político está puesto en el peronismo federal. Los diputados con tonada de Provincias Unidas —referenciados en Juan Schiaretti y en el gobernador Martín Llaryora— no muestran una postura homogénea. El tres veces gobernador estaría siendo “uno más”.

Alejandra Vigo marcó posición en el Senado, pero en Diputados la bajada no es lineal. “Están divididos”, admitieron voces del Congreso. Las diferencias responden al schiarettismo puro (Schiaretti y Carlos Gutiérrez) y al llaryorismo (Ignacio García Aresca y Carolina Basualdo). En el medio se ubica Alejandra Torres, mientras que Natalia de la Sota juega por carril propio.

Desde el Panal, la señal fue pragmática: libertad de acción. “Que hagan lo que sientan”, aportó un interlocutor ante la división. Acerca de las versiones que vinculan el apoyo con fondos o con un compromiso por la Caja de Jubilaciones, aclaró: “La negociación está en la Corte. No tiene nada que ver lo que pasa en el Congreso”. El Fondo de Asistencia Laboral (FAL) genera resistencias y no se descarta un despacho alternativo del cordobesismo.

Rechazo frontal

En el otro extremo se ubican De la Sota (Defendamos Córdoba) y Gabriela Estévez (Unión por la Patria), quienes reafirmaron su rechazo. La camporista fue categórica: “Esta reforma laboral no viene a generar empleo de calidad, viene a consolidar la precarización: debilita derechos, baja el costo del despido y pone todo el peso del ajuste sobre quienes trabajan”. Y focalizó su advertencia con tono federal: “Córdoba no puede acompañar una reforma que le quita recursos por más de $254.000 millones y que golpea de lleno a su entramado productivo; espero que los diputados cordobeses estén a la altura y defiendan el trabajo y el federalismo, no las exigencias del FMI”. Ante la votación en el Senado, la opositora K lanzó munición pesada contra Vigo, Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero. “Acompañaron una ley que facilita despidos y debilita derechos”, cargó duro.

En los últimos días, De la Sota endureció su voto en contra: la reforma “legaliza la precarización, debilita derechos y no busca generar empleo”. “Este proyecto, concebido a espaldas de los trabajadores y de sus organizaciones representativas, es un claro intento de legitimar la precarización laboral en la Argentina”, fustigó.

En un mensaje a la interna, la cordobesa apuntó contra los peronistas que acompañan: “La verdad que es difícil entender cómo pueden haber acompañado esta ley”. Y remató: “Dirigentes que se digan peronistas, justicialistas, que les haya quedado alguna bandera, alguna convicción, hayan votado esto, la verdad que deja mucho que desear”.

Así, con el reloj corriendo hacia el 1 de marzo, la reforma laboral se convirtió en la prueba de fuego del músculo legislativo de Milei. El objetivo es sancionarla antes del inicio de las sesiones ordinarias y consolidar la narrativa de la capacidad de reforma estructural del gobierno.

En ese tablero, los 18 votos cordobeses —10 alineados con LLA, seis del PJ federal en veremos y dos en contra— pueden acelerar o trabar la batalla final y, al mismo tiempo, dejar expuesta la interna del cordobesismo en plena irrupción de Schiaretti en Diputados.