Drones de seguridad: Llaryora cruzó a los "libertarios de Córdoba" y Juez habló de "corrupción"

El rechazo del Tribunal de Cuentas a la licitación para incorporar un sistema integral de drones de patrullaje para la Policía de Córdoba reavivó este domingo la tensión política entre el Gobierno provincial y el juecismo. El proyecto, valuado en casi 7 millones de dólares, permanece paralizado desde septiembre y derivó en un cruce público entre el gobernador Martín Llaryora y el senador nacional Luis Juez.

El mandatario cordobés hizo un tiro por elevación al presidente Javier Milei para alertarlo de las acciones de sus "socios" locales: "Los libertarios en Córdoba contradicen todo el tiempo al Gobierno nacional en la política de seguridad", expresó en X. También emitieron sus críticas el ministro de Seguriad (ex aliado de Juez) y el ministro de Vinculación Miguel Siciliano.

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La iniciativa, contemplaba la creación de la División Svant, con la incorporación de 15 drones de alta complejidad tecnológica, software con inteligencia artificial y reconocimiento facial, capacitación para 40 agentes y vehículos móviles de control. El expediente atravesó más de 70 instancias administrativas y contaba con aval técnico y legal antes de su ingreso al Tribunal de Cuentas.

La observación fue formulada por los vocales Beltrán Corvalán y Fernanda Leiva, ambos vinculados al juecismo. El eje del rechazo estuvo puesto en la modalidad de licitación por renglón único, que integraba en un solo contrato la provisión de equipos, software, capacitación y asistencia técnica. Desde el organismo se sostuvo que ese esquema restringía la competencia y configuraba una compra sobredimensionada.

Cruces políticos

Desde el Ejecutivo provincial argumentaron que la integración era necesaria para evitar incompatibilidades técnicas, en un contexto de escasa experiencia local en sistemas Svant de esa escala. Para el oficialismo, el Tribunal avanzó sobre criterios de mérito, oportunidad y conveniencia que exceden sus funciones de control de legalidad.

El conflicto tomó dimensión política con declaraciones públicas del gobernador. Al repostear en X un mensaje del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, Llaryora afirmó: “Hacer política partidaria con la seguridad es jugar con la vida de los cordobeses”. En ese marco, también marcó una diferencia con el Gobierno nacional y apuntó contra los libertarios cordobeses: “Los libertarios en Córdoba contradicen todo el tiempo al Gobierno nacional en la política de seguridad”.

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Esa interpretación fue acompañada por la vocal oficialista Silvina Rivero, quien advirtió sobre un posible conflicto de poderes y cuestionó que se intente sustituir el criterio técnico del Ejecutivo en materia de seguridad pública. Quinteros, en tanto, fue más duro y acusó a los vocales juecistas de ejercer “militancia disfrazada de dictamen jurídico” y de usar el control institucional como herramienta de confrontación. En un extenso posteo, sostuvo que no se objetó ni el precio, ni el procedimiento, ni la legalidad, sino la decisión política de incorporar tecnología de última generación.

Mientras tanto, en el Centro Cívico se analizan distintas salidas para destrabar el expediente: avanzar mediante un acuerdo de ministros, recurrir a la vía judicial o reenviar la licitación con modificaciones, una alternativa que implicaría una demora de al menos un año.

Qué dijo Luis Juez

La respuesta de Luis Juez llegó poco después. “No se equivoque, señor gobernador: lo que el Tribunal de Cuentas le ha observado es una licitación hecha como un traje a medida”, afirmó el senador. Y agregó: “Nada tiene que ver con la seguridad de los cordobeses; es uno de los tantos hechos de CORRUPCIÓN a los que su administración nos tiene acostumbrados”. “Si tuviéramos una justicia independiente, usted y su ministro tendrían que estar dando explicaciones”, cerró.

También se sumó al cruce el ministro de Vinculación, Miguel Siciliano, quien cuestionó a la oposición por recurrir a la “politiquería” para frenar decisiones de gobierno. Enumeró antecedentes vinculados a seguridad, lucha contra el narcotráfico, educación universitaria, infraestructura vial y financiamiento de obras públicas, y advirtió que el Tribunal de Cuentas debe limitarse al control de legalidad. Según planteó, cuando se paralizan decisiones administrativas no se afecta al gobernador, sino a la población, y la disputa política debe resolverse en las urnas y no desde los organismos de control.