El crimen de Gabriela Pérez corre el velo de disputas políticas, drogas y poder territorial

El juicio por la balacera que se descargó contra el Club Yapeyú el 9 de septiembre de 2023 y causó la muerte de Gabriela Pérez (22), una joven empleada de una empresa de limpieza, corre el velo sobre violentas disputas por drogas, dominio de barrabravas y poder territorial de gremios con terminales en el poder político de Córdoba. El crimen de Gabriela fue el clímax de disputas violentas entre el Sindicato de Obreros y Empleados de Empresas de Limpieza, Servicios y Afines de Córdoba (Soelsac) y el Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac). El primero maneja unos 20.000 afiliados en toda la provincia y el segundo unos 3.000 en la ciudad de Córdoba. 

El juicio para esclarecer el homicidio de la joven trabajadora comenzó el martes pasado en la Cámara 3a del Crimen, integrada por los vocales Gustavo Ispani —presidente—, María de los Ángeles Palacio, Leandro Quijada y ocho jurados populares. El caso tiene una densidad que excede lo que se ventila entre las paredes de Tribunales 2. El objetivo es esclarecer un homicidio, pero aparece un trasfondo complejo que tiene como protagonista al secretario general del Soelsac, Sergio Fittipaldi —querellante—, quien acusó de querer arrebatarle el gremio al dirigente del Surrbac, Franco Saillén, quien respaldó a una lista opositora durante el proceso eleccionario de 2023.

Debajo de ambos sectores, asoman barrabravas de ‘La Fiel’ del club Talleres, que responden a unos y a otros. Y, arriba, lealtades por sus alineamientos políticos. Fittipaldi dijo que se encolumnó con los gobernadores del PJ cordobés, José Manuel de la Sota, Juan Schiaretti y Martín Llaryora, y el Surrbac tuvo buena sintonía con el último gobierno kirchnerista, más precisamente con Sergio Massa. Fittipaldi llegó a decir en el juicio que, si no hubiera ganado Javier Milei, él no seguiría al frente del gremio.

Qué se juzga

El objetivo es establecer quién mató a Gabriela Pérez y quiénes ayudaron al presunto sicario acusado, que es nada menos que el hermano de la víctima, Gustavo Omar Herrera, un hombre de 39 años que pasó gran parte de su vida preso por sucesivas condenas por robos calificados. Le habrían pagado 300 dólares falsos para descargar la balacera.  Como cómplice y partícipe está en el banquillo de los acusados Adrián Ezequiel Vallejos, alias “Petaca”, allegado a la barrabrava de Talleres, y también con prontuario delictivo. Hay un tercer acusado, Luis Mendoza, prófugo desde hace tres años. ¿Cómo es posible mantenerse en las sombras tanto tiempo?

La acusación está a cargo de tres fiscales, Laura Battistelli, Marcelo Sicardi y la instructora de la causa, Silvana Fernández, con instrucciones escritas por el fiscal General Adjunto, Héctor David, de “ir a fondo” en el juicio. Hay dos querellas: la de Sergio Fittipaldi, secretario general del Soelsac patrocinado por el abogado Germán Matheu y otra por el viudo de Gabriela, Rodrigo Agustín Rivera, representado por José Nayi.

El entramado de intereses

En la presentación del caso, la fiscal Battistelli afirmó: “Gabriela muere producto de una guerra sindical que no se desató el día de la muerte. Acá vemos luchas armadas, no democráticas”, subrayó. “Los barrabravas son la mano de obra mercenaria”, agregó. Ubicó al acusado del homicidio, Gustavo Herrera, como “el último eslabón” y a “Petaca” Vallejos como “parte de la estructura que estaba más arriba: tenía que despejar del club a los que defendían” a Fittipaldi.

Según la acusación, ellos fueron la mano de obra para ejecutar el ataque que descargó disparos contra la fachada del Club Yapeyú con una pistola 9 mm, capaz de atravesar portones y perforar paredes. Una bala impactó en la clavícula izquierda de Gabriela, que estaba adentro, sentada en el almuerzo organizado por el Soelsac. Las heridas le provocaron la muerte, horas después en el Hospital Córdoba.

El viudo, Agustín Rodrigo Rivera, dijo en el juicio que Gabriela fue a la comida del Soelsac porque le dijeron que de lo contrario perdería su trabajo. En ese momento ella cumplía tareas en la residencia municipal Padre Lamónaca. ¿Por qué el gremio podía lanzar advertencias sobre decisiones empresariales y municipales?

Barrabravas empleados de gremio

Las primeras tres jornadas de audiencia dejaron en claro el entorno en el que se movieron todos los protagonistas. La mayoría pertenece a La Fiel, la barrabrava de Talleres —aunque se autodefinen “hinchas”— que tiene una estructura piramidal en la que el liderazgo se disputa según quien “cae preso”. Los declarantes, incluidos los acusados, parecen salidos de un casting de Bouwer, con condenas por homicidios y robos calificados.

Varios barras fueron contratados por el Soelsac como “inspectores gremiales”. Uno de ellos declaró que tenía contrato de una empresa privada pero que nunca fue a cumplir tareas allí y que sí iba a la sede sindical. No queda clara la función. Fittipaldi explicó que los habían incorporado para entrar a las “zonas rojas” —peligrosas— donde cumplen tareas los empleados de limpieza.

Algunos de los “inspectores gremiales” dijeron que iban a controlar si se cumplían las condiciones de trabajo. A la hora de establecer la secuencia violenta que desembocó, el 9 de septiembre, en la trágica balacera, se los vio actuando como seguridad de la sede del Soelsac y del evento en el Club Yapeyú. ¿Para qué le pagan realmente a los barras?

Reticentes y miedosos se manifestaron la mayoría de los testigos en el juicio. El miedo es protagonista. Miden qué decir. Saben qué contar. Responder “no recuerdo” los habilita a omitir datos que, volcados a la audiencia, podrían terminar en ajustes de cuenta. Así de difícil es interrogarlos.

El primero y más relevante dirigente de La Fiel que brindó su testimonio fue Hugo “Ciego” Cardozo. Dijo que los disparos al Club Yapeyú estaban dirigidos a él por haberse sumado a las huestes de Fittipaldi. Amenazas telefónicas, persecuciones y mensajes intimidatorios fueron algunos de los episodios que contó de la violencia creciente, previa al 9 de septiembre de 2023. Cardozo es el número 2 de La Fiel. El número 1 es Fernando Larraonda, alias “Paisa”, a quien definió como amigo y “hermano” de la vida, aunque es hombre del Surrbac, “de los Saillén”.

La amenaza en boca de un tal “Gringo Gómez” —está detenido por una causa conexa— horas antes del almuerzo en Yapeyú contenía una invitación a alejarse de Fittipaldi, caso contrario le coparía “la cancha” Federico Pacheco, también hombre de Mauricio, Juan y Franco Saillén, y con una causa por homicidio en Carlos Paz. Viejo número 1 hasta que cayó preso. Cuando lo liberaron quiso volver, pero la ley que rige “en la cancha” es a rey muerto, rey puesto.

Ya se afianzaron el “Paisa” —de Saillén— y el “Ciego” —de Fittipaldi—, avalados por la dirigencia de Talleres y el jefe de seguridad Ramón Frías. Un dato de la causa lo evidencia: quien le manda la foto a Cristian “Coco” Fuentes —inspector gremial de Soelsac— de Luis Mendoza (prófugo en esta causa) y “Petaca” Vallejos —acusado de ser partícipe necesario del homicidio— fue un hombre de seguridad de Frías.

Previo a ellos, hubo otros líderes, todos vinculados al Surrbac: Darío Cáceres preso por narcotráfico de quien se viralizó un audio desde la cárcel lanzando mensajes intimidatorios al “Ciego” Cardozo y Walter “el Toro” Aguilera, torturado en prisión mientras era filmado. El video se viralizó.

Una madeja de vínculos y rivalidades que expresan, en capas, la densidad de las conexiones de sindicatos, gremios y barras con terminales en la política, donde están en juego intereses por quién manda en el territorio para manejar “negocios”, entre los cuales cajas gremiales, cargos rentados y —lo más peligroso— la droga.

El escenario de este entramado son barriadas populares, Yapeyú, Maldonado y Müller, uno de los sectores donde niños y jóvenes están atrapados por los consumos problemáticos de estupefacientes.