"El dinero no alcanza y la salud privada está en una situación crítica: no se puede seguir escondiendo la tierra debajo de la alfombra"

El sistema de salud privado en la Argentina atraviesa un escenario complejo que está marcado por dos variables bien marcadas: una desaceleración inflacionaria que es un alivio para el sector, pero que aún convive con desequilibrios estructurales profundos.

Para el Dr. Juan Grass, Presidente de CONFECLISA (Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios y Hospitales), la problemática del financiamiento sectorial no es nueva, sino que acumula cerca de dos décadas de tensiones en las que la inflación crónica actuó como un constante factor de desgaste sobre los márgenes de las instituciones médicas.

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—¿Cuál es la situación actual de las clínicas y sanatorios del sector privado?

—Es una situación crítica. Estamos totalmente retrasados en los precios que cobramos por las prestaciones, algo que se ha ido agudizando fuertemente en el período 2023-2026. Para dimensionar el desfasaje en el caso de PAMI: mientras el costo de las prestaciones aumentó un 167%, el organismo otorgó aumentos de apenas el 76% en el mismo lapso. Soportar el costo de la atención en estas condiciones se vuelve imposible. Además, la quita del Impuesto PAIS —que significaba un 18% de sus recursos— le quitó una parte sustancial de financiamiento al instituto justo cuando aumentaba la demanda prestacional, lo que generó un estrés financiero tremendo.

—¿De qué manera afecta esta realidad a la atención diaria de los pacientes?

—PAMI impuso topes prestacionales que disminuyeron las posibilidades de la gente de acceder a consultas y prácticas ambulatorias. Es un tema que estamos discutiendo con las autoridades nacionales del PAMI para intentar encontrar una solución urgente. Por otro lado, las obras sociales sindicales sufren porque la caída del poder adquisitivo de los salarios las afecta muchísimo. El costo de los medicamentos creciendo es otro de nuestros grandes problemas

—¿Existe una brecha muy marcada entre las clínicas que atienden a las obras sociales estatales y las que trabajan con medicina prepaga?

—Totalmente. El impacto de las obras sociales estatales es determinante: Apross tiene 600.000 afiliados y PAMI 500.000; ahí ya tenés más del 60% del financiamiento general de la salud. Las obras sociales sindicales cubren entre un 15% y un 20%, y el resto se reparte en la medicina prepaga y la población sin cobertura. El mercado que se concentra más en la medicina prepaga está mejor que el que atiende a la seguridad social, pero ese 10% o 15% de prepagas no alcanza para sostener a todo el sistema. Apross viene otorgando aumentos que, si bien no satisfacen las necesidades reales, al menos se van actualizando.

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—En Córdoba hay instituciones que están desplegando inversiones importante. ¿Eso también es parte de la realidad del sector?

—Las instituciones que tienen una articulación vertical del financiamiento —es decir, los financiadores que cuentan con su propio prestador— tienen una mejor perspectiva porque se financian con recursos propios. El resto de las instituciones históricamente se sostenía mediante un «subsidio cruzado», donde las prestaciones rentables compensaban a las deficitarias. Hoy, las prácticas más rentables se concentran únicamente en los grandes centros urbanos. Por eso, la gran desaparición de instituciones de salud con internación se da en el interior del país. No es que las clínicas de las grandes ciudades estén bien; son casos puntuales que subsisten mejor que el resto, pero toda la salud está en una situación compleja por la sencilla razón de que el dinero no alcanza para cubrir la prestación médica.

—¿La desaceleración de la inflación ayudó en algo a estabilizar los números?

—No es tan grande el impacto porque venimos tan retrasados que ya veníamos perdiendo desde antes. Y las proyecciones indican que esto va a empeorar debido a factores demográficos: hoy tenemos una mayor longevidad de la población y menos nacimientos. En una sociedad lógica no podés dejar de atender a la gente, por lo que tenés que pensar de qué manera se subsidia ese gasto. Un jubilado que gana 400.000 pesos por mes no tiene margen para hacer un aporte mayor. El presupuesto de PAMI se nutre de los aportes de los trabajadores activos y de los pasivos; el problema es que cada vez hay menos activos, más pasivos y, además, se achicaron los aportes del Tesoro Nacional. No se puede seguir escondiendo la tierra debajo de la alfombra porque esto va a explotar. Tenemos problemas de financiamiento desde hace 20 años y nunca se tomó una decisión de fondo para encarar el tema. La inflación en salud es un problema que afecta a todo el mundo, pero nosotros necesitamos tomar decisiones urgentes y estructurales ya mismo.