El Jury se prepara para definir qué hacer con las denuncias contra un juez y tres fiscales

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de Córdoba se reunirá después de la feria judicial. En su primera reunión, en agosto, tiene programado analizar denuncias contra cuatro magistrados provinciales.

En carpeta están las presentaciones formuladas contra la fiscal de Instrucción de Villa María, Juliana Companys; el vocal de la Cámara del Crimen de Río 3°, José Orlando Argüello; y los fiscales de la ciudad de Córdoba Raúl Garzón - a cargo de la causa por el femicidio de Agostina Vega- e Iván Rodríguez, quien investigó el año pasado a Claudio Barrelier, actualmente acusado del brutal homicidio de la adolescente. 

¿Un juez asesor de un condenado?

La causa contra José Orlando Argüello, con carrera judicial en la magistratura primero como fiscal y actualmente como vocal de Cámara, tiene implicancias institucionales. Cuando se revelaron conversaciones sobre un supuesto asesoramiento a un imputado en una causa penal que se tramitaba en la ciudad de Córdoba, la Asociación de Magistrados suspendió sus funciones como vicepresidente de la entidad.

La denuncia contra Argüello fue presentada ante el Jurado de Enjuiciamiento por la Comisión de Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Traslasierras.

Ocurrió a partir de la difusión de audios entre el juez Argüello y GGL, un hombre que terminó condenado a 10 años de prisión por abusar sexualmente de su hija de dos años, en un juicio que se desarrolló a lo largo de 11 meses. A partir del conocimiento público de conversaciones que mantuvo con el imputado, se presentó el pedido de juicio de destitución.

Los diálogos fueron revelados en el programa de Radio Universidad Otra Vuelta de Tuerca, conducido por el periodista Dante Leguizamón. También difundió el caso la legisladora Luciana Echevarría.

Los diálogos expusieron al magistrado brindando consejos sobre la estrategia de defensa durante la investigación por hechos ocurridos entre octubre de 2020 y agosto de 2021. "Me preocupa tu situación procesal", le dice Argüello a su amigo GGL en una conversación. También le recomienda: "Habría que hablar con tu perito psicóloga" porque ésta le creía a la niña víctima de los abusos. "Vas a tener que buscar un abogado que haga penal" le sugiere, anticipándole que podría quedar detenido por la grave situación procesal en que se encontraba. "Lo puedo hablar con el que vos decidas", se escucha decir al juez Argüello a su amigo imputado. 

En otro tramo, incluso lo deriva a un letrado de su confianza, Benjamín Sonzini Astudillo, según informó Leguizamón: "Escribile, decile 'soy el amigo de José Argüello'". La recomendación incluye frases como “es un abogado con muchos contactos”. 

GGL finalmente fue condenado y terminó detenido por abuso sexual gravemente ultrajante continuado agravado por el vínculo y corrupción de menores agravada.

Juliana Companys y las tres denuncias

El Jurado también tiene previsto analizar las presentaciones contra la fiscal de Instrucción de Villa María. Juliana Companys fue denunciada por la referente Alicia Peressutti, imputada por presunta defraudación a la administración pública cuya causa fue elevada a juicio el último día hábil antes de la feria judicial de julio.

Peressutti acusó a la fiscal por presunto mal desempeño y se definió como objeto de una persecución judicia. También le endilgó presionar a testigos de las investigaciones que dirige.

Además, el Jury tiene otro pedido de destitución referido a Companys con 300 firmas de personas que se presentan como “ciudadanos” de Villa María y que también le atribuyen una conducta prepotente.

Por último, Leonardo Cositorto y su abogado Guillermo Dragotto también pidieron su destitución. Puntualizaron dos situaciones: por un lado el haber participado de una serie de Netflix sobre la causa por de Generación Zoe y formular declaraciones mientras el expediente estaba en trámite. Por otro, la acusan de cercenar el derecho a ser trasladado a Buenos Aires en condición de detenido para un tratamiento médico, al tomar por cierto los dichos de un preso sobre una presunta fuga descripta con detalles casi cinematográficos. 

Efectos colaterales del femicidio de Agostina Vega

Los otros dos expedientes que podría incluir el Jury para comenzar su tratamiento refieren a los fiscales Raúl Garzón e Iván Rodríguez.

Hay denuncias presentadas por legisladores de la oposición en contra de ambos por presunto mal desempeño. Saltaron en el marco del expediente judicial por el femicidio de la adolescente Agostina Vega, el 24 de mayo último.

A Garzón le reprochan, entre otras cosas, no haber solicitado el Alerta Sofía cuando se buscaba el paradero de la adolescente asesinada. Es el fiscal que continúa al frente de la investigación que tiene imputado y detenidas a cuatro personas. El principal sospechoso y más comprometido es Claudio Barrelier, acusado de darle muerte y descartar el cuerpo de Agostina en un descampado. 

Iván Rodríguez, que vio naufragar momentáneamente su asunción como procurador penitenciario adjunto, es señalado por su intervención el año pasado en otra causa donde Barrelier fue denunciado por privación ilegítima de la libertad de una mujer que logró escapar de la misma casa donde fue asesinada Agostina un año más tarde.

La circunstancia de mantenerlo detenido por un delito de esa gravedad solo 20 días quedó bajo la lupa de la opinión pública y de la Legislatura desde donde se formalizó el pedido de Jury.

Ese es el panorama que tienen sobre sus escritorios los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento, presidido por la legisladora Julieta Rinaldi y constituido por Facundo Torres Lima (HUxC), Miguel Nicolás (UCR), Walter Gispert (Frente Cívico) y la vocal del Tribunal Superior de Justicia, Aída Tarditti.

Sobre cada pedido de destitución de un magistrado, analizan la consistencia de la denuncia y el primer paso del trámite consiste en notificar al acusado sobre el contenido de las presentaciones. También pueden archivarla si observan que es improcedente. Caso contrario, el proceso se pone en marcha y puede concluir en un debate oral y público donde las únicas opciones son la absolución o la destitución del cargo, como ocurrió este año con tres fiscales de Río Cuarto que investigaron el crimen de Nora Dalmasso.