La definición del próximo juez electoral de Córdoba ingresó en su etapa más delicada. Superada la instancia escrita, el concurso quedó reducido a 17 postulantes que deberán afrontar una entrevista personal ante el Consejo de la Magistratura, una evaluación cuya discrecionalidad ya despertó cuestionamientos de la oposición y abrió un nuevo frente de tensión entre el oficialismo provincial, la Justicia y el radicalismo.
La vacante que dejará Marta Vidal, al frente del Juzgado Electoral desde hace 28 años, es considerada una de las designaciones institucionales más sensibles de los próximos meses. El magistrado que resulte elegido tendrá bajo su órbita el control de los procesos electorales provinciales, la oficialización de candidaturas y la resolución de eventuales conflictos políticos y electorales.
La etapa final del concurso se desarrollará luego de la feria judicial de julio y estará centrada en una entrevista oral cuyos criterios de evaluación generaron fuertes objeciones. El radicalismo sostiene que se trata de la instancia más subjetiva del proceso y reclama que las exposiciones sean filmadas y difundidas públicamente, tal como ocurre en el Consejo de la Magistratura de la Nación.
Un concurso atravesado por la política
De los 53 inscriptos iniciales, 45 completaron las instancias administrativas y sólo 17 lograron superar el examen escrito. Sin embargo, la atención política se concentra ahora en el perfil de quienes siguen en carrera. Según distintos análisis, ocho de los postulantes tienen algún tipo de identificación con el oficialismo provincial, otros ocho pertenecen al Poder Judicial y un único candidato aparece vinculado al radicalismo: Diego Frossasco, exsecretario Legal y Técnico durante la gestión municipal de Ramón Mestre y con amplia experiencia como apoderado partidario.
Entre los nombres que aparecen con mayores posibilidades dentro del universo cercano al cordobesismo figuran Guillermo Arias, histórico secretario Legislativo de la Unicameral; Augusto Pastore, exintendente de Freyre y actual secretario de Gobierno del Ministerio de Gobierno; Federico Robledo, funcionario del Ministerio de Justicia; Jimena Garzón, asesora disciplinaria del Servicio Penitenciario; Silvia Paleo, actual funcionaria municipal; Carlos García, director de Dictámenes de la Municipalidad; y Marcelo Urreta, integrante de Cormecor y hermano del presidente de la Lotería de Córdoba.
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Del otro lado aparecen candidatos con una extensa trayectoria judicial, entre ellos Emilia Mimessi y María de los Ángeles Nallin, ambas con experiencia específica en materia electoral, además del juez Carlos Viramonte, el secretario Sebastián Mira y otros funcionarios del fuero contencioso administrativo.
Las sospechas del radicalismo
La principal objeción de la UCR apunta a la composición del Consejo de la Magistratura, encargado de realizar las entrevistas personales y asignar la puntuación definitiva. La legisladora Alejandra Ferrero fue una de las primeras en plantear públicamente la necesidad de incorporar representantes de la oposición parlamentaria al proceso y de registrar audiovisualmente todas las entrevistas.
En el mismo sentido se pronunció el senador Luis Juez, quien envió una carta al Consejo de la Magistratura solicitando que las evaluaciones sean públicas y transmitidas. El líder del Frente Cívico sostuvo que mantenerlas bajo reserva impide controlar la imparcialidad del concurso y advirtió que, de persistir ese mecanismo, los legisladores de su espacio no prestarán acuerdo al candidato que eventualmente proponga el Poder Ejecutivo.
