Cada vez que un cordobés carga nafta, más de cuatro de cada 10 pesos que paga no corresponden al combustible sino a impuestos. Un informe del Observatorio Social de Petroleros de Córdoba, dependiente del Sindicato Petrolero (SinPeCor), pone números a una sensación que muchos automovilistas conocen cada vez que pasan por el surtidor: con una Súper de referencia a $2.100 el litro, la carga tributaria alcanza el 40,9%, es decir, $858,9 por litro.
Traducido a la vida cotidiana: llenar un tanque de 50 litros implica que $43.000 corresponden a impuestos, antes de que el vehículo recorra un solo metro. En un contexto en el que muchas familias llegan con lo justo a fin de mes y cada visita a la estación de servicio obliga a sacar cuentas, ese dinero podría destinarse al alquiler, la cuota del colegio o simplemente al ahorro que nunca llega. “Si tuviera que explicarle el informe a un automovilista que acaba de cargar combustible, le diría que, en realidad, más de cuatro de cada 10 pesos que pagó fueron impuestos”, le dijo a Perfil Córdoba la contadora Mónica Reviglio, autora del trabajo.
Sube solo
Buena parte de esa carga corresponde a dos tributos nacionales, el ICL (Impuesto a los Combustibles Líquidos) y el IDC (Impuesto al Dióxido de Carbono), que entre ambos representan el 22,3% del precio y sí aparecen, al menos, detallados en el ticket. A ellos se suma el IVA, con un 10,8%. Lo que no figura tan a la vista es el resto: un 7,8% que corresponde a Ingresos Brutos, que cobra la Provincia, y a una Tasa Vial y de Comercio, que percibe el municipio. Ninguno de los dos aparece desglosado en el comprobante. Se pagan igual, pero no se ven.
El informe llama la atención sobre una característica particular del ICL y el IDC: por ley, se actualizan cada tres meses según la inflación. No hace falta que suba el petróleo en el mundo ni que el Congreso discuta una nueva ley: alcanza con que pase el trimestre para que esos tributos preserven el valor real de la recaudación. Mientras las paritarias corren detrás de los precios, esta porción del precio de la nafta tiene el reloj a su favor.
¿A dónde va la plata?
En febrero de este año, la recaudación nacional por impuestos a los combustibles alcanzó un récord: $535.694 millones. Son fondos que, en teoría, tienen un destino específico: cuidar las rutas y compensar el impacto ambiental del transporte. Pero el destino efectivo de esos recursos cuenta una historia distinta, y ahí es donde el informe del Observatorio pone el dedo en la llaga.
La porción más grande no va a arreglar un pozo ni a repavimentar una ruta. Va a Anses: un 28,69% del total, $153.768 millones en un solo mes, para sostener el sistema jubilatorio. Una cifra casi calcada —28,58%, $153.178 millones— se destina a subsidiar el transporte público, y ahí aparece otra asimetría que golpea especialmente al interior: ocho de cada diez pesos de ese fondo quedan en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
“Este dato, que cuestiona seriamente la seriedad del federalismo vigente, es el que más me llamó la atención del informe”, señaló Reviglio.
Además, el Fonavi, pensado para vivienda social, recibe un 15,07% ($80.770 millones). Y lo que se supone que es la razón de ser de todo este esquema —el mantenimiento de las rutas— recibe apenas un 10,40% ($55.740 millones), la misma proporción que termina, sin ningún destino puntual, en el Tesoro Nacional como caja de libre disponibilidad. Hay un dato más que el informe subraya y que conviene explicar en criollo. Gran parte de esa plata ya fue cobrada por el Estado, pero no terminó convertida en obras. Como la obra pública nacional permanece frenada, esos recursos no se transformaron en asfalto ni en cañerías. Según Reviglio, “van a cubrir el déficit del Gobierno”, mientras la ruta sigue con el mismo pozo de siempre.
Por duplicado
El informe también repara en una situación que suele pasar inadvertida: la Provincia y el municipio cobran, cada uno por su lado, un impuesto sobre el mismo litro y con el mismo argumento. Córdoba aplica Ingresos Brutos sobre la nafta, supuestamente destinado a Vialidad; el municipio, por su parte, cobra una Tasa Vial. Dos gravámenes distintos aplicados por dos niveles diferentes del Estado, para financiar en teoría lo mismo. El vecino termina pagando dos veces por una ruta que, muchas veces, sigue igual de rota.
Pero el trabajo del Observatorio Petrolero no se queda en el surtidor. También revisa qué pasa cuando el mismo automovilista, después de haber pagado impuestos en la nafta, se sube a la autopista y paga peaje. Sobre una tarifa de $3.000, el 26% vuelve a ser impuesto: un 21% de IVA que va directo a la Arca, y un plus provincial que se reparte entre distintos fondos.
Ahí aparece el Casisa, un 10% pensado para financiar a la Policía Caminera —patrulleros, alcoholímetros, radares, cámaras—, y el Fovi, un 5% que en febrero recaudó cerca de $790 millones bajo la promesa de financiar obras “vecinales”. El informe muestra que esa plata, en los hechos, terminó en obras de gran escala en la Capital, como el cierre del anillo de Circunvalación, más que en el arreglo de la calle del barrio. Y nadie rinde cuentas con claridad de en qué se gastó: el Ersep, el organismo que debería controlarlo, no publica el detalle.
Y ahí el informe encuentra, quizás, el nudo más incómodo de todo el esquema: Caminos de las Sierras, la empresa que administra la RAC, es una sociedad anónima cuyo dueño es la Provincia, en un 99%. Ese formato le permite manejar plata pública con reglas de empresa privada. “El problema es que el organismo encargado de controlarla es el Ersep, cuyos directores son designados por el mismo Gobierno provincial que es dueño de la concesionaria. Es decir: el que cobra el peaje es, en definitiva, el mismo que elige a quien tendría que vigilarlo”, expresó Reviglio.
La cuenta final
El informe deja una postal bastante clara de estos tiempos: cargar combustible y circular por una autopista implica pagar una sucesión de impuestos nacionales, provinciales y municipales que muchas veces se superponen y que, según el informe, no siempre vuelven en las obras para las que fueron creados.
“El problema es doble: se pagan muchos impuestos y, además, buena parte de esos recursos no termina reflejándose en mejores rutas. Si los fondos con destino específico realmente se aplicaran a Vialidad y Ambiente, el estado de la infraestructura sería otro. Y, como el combustible es un insumo básico para toda la cadena productiva, también debería revisarse la carga impositiva que soporta”, reflexionó la autora.
Al final, el número que aparece en el surtidor habla de mucho más que del precio del combustible. También refleja cuánto pesa la carga impositiva sobre el bolsillo de quienes necesitan el auto para trabajar, viajar o, simplemente, llegar a fin de mes.
