En el tercer juicio oral al exintendente de Pilar, Diego Bechis, el fiscal pidió absolución

En el tercer  juicio oral contra el exintendente de Pilar, Diego Bechis, quien cumple dos condenas anteriores unificadas en siete años de prisión, el fiscal Gustavo Arocena solicitó la absolución de los imputados al considerar que, tras la producción de la prueba durante el debate, no se acreditaron con el grado de certeza requerido los hechos atribuidos en la acusación. Junto al exjefe comunal, hay otros tres exfuncionarios acusados y un empresario.

El debate oral y público comenzó a fines de octubre del año pasado y es presidido por el camarista Carlos Palacio Laje, con integración de jurados populares. Las querellas particulares, por su parte, mantuvieron una postura acusatoria. Una de ellas requirió que Bechis sea condenado a 18 años de prisión. La semana próxima se conocerá el veredicto.

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Un plan de viviendas bajo la lupa

El juicio tiene como eje una serie de hechos vinculados al plan de 96 viviendas sociales denominado “VI.CO.M.” que iban a levantarse en terrenos municipales, y a presuntas irregularidades administrativas y financieras que habrían ocurrido entre 2015 y 2018.

Para la construcción de las casas el entonces intendente suscribió un contrato con la empresa  Algarrobo de Pilar SRL, representada por el empresario Juan Pablo Risso.

La acusación señalaba que los imputados habrían presentado el proyecto como un plan social estatal con control municipal, cuando en realidad —según la hipótesis— se habría delegado en la empresa privada el manejo total de los fondos y la ejecución sin controles adecuados.

En ese marco, se atribuyó a los acusados haber inducido a error a los adjudicatarios mediante publicidad y promesas de viviendas de bajo costo, logrando que 78 personas firmaran contratos y abonaran cuotas. De ellas, 34 recibieron viviendas que, según la acusación, presentaban deficiencias constructivas graves que comprometían su estabilidad, mientras que otros 44 adjudicatarios habrían abonado sumas importantes sin recibir sus casas.

Junto a Bechis, están acusados Cristian Julio Moyano, Carlos Martín Biagiola,  Marcos Gabriel Bechis -hermano del extindente- y Juan Pablo Risso

La hipótesis de la instrucción fue que habrían integrado una asociación ilícita.

Además, en un requerimiento separado, se atribuyó a Risso el delito de defraudación agravada por vaciamiento de empresa, al haber adoptado decisiones económicas que habrían llevado al deterioro patrimonial de la firma y perjudicado a acreedores.

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El pedido de absolución

En un extenso alegato final, el fiscal Gustavo Arocena consideró que la prueba producida en el debate no permitió acreditar de manera suficiente la existencia de una asociación ilícita, tampoco de un ardid, engaño, perjuicio patrimonial, inobservancia de disposiciones que impusieran una licitación pública, ni la existencia de una asociación ilícita destinada a defraudar mediante este plan de viviendas.

Arocena sostuvo que tampoco se acreditó un malicioso vaciamiento de empresa destinado a perjudicar a los beneficiarios del plan de viviendas.

La postura del Ministerio Público contrastó con las querellas particulares. Dos solicitaron condena, pero dejaron librada la determinación de la pena al tribunal. Y la tercera pidió pena de cárcel para todos, 18 años para el exintendente Bechis.

El próximo lunes 23 de febrero el tribunal dará a conocer el veredicto.