Escándalo judicial en Villa María: la fiscal Juliana Companys recusó a la jueza Licia Tulián

La defensa de la fiscal de instrucción de Villa María pidió el apartamiento de la jueza María Licia Tulián. Los abogados Manuel de Allende y Facundo Cortes Olmedo sostienen que la magistrada ha perdido la objetividad necesaria para llevar adelante el proceso, denunciando un "direccionamiento de la investigación" y una vulneración flagrante de las garantías constitucionales.

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¿Hechos ya juzgados?

El argumento central de la presentación se basa en la violación del principio de ne bis in idem (prohibición de doble persecución penal). Según la defensa, la jueza Tulián avanzó en la intimación de hechos denunciados por la activista Alicia Peresutti, y señalan que ya cuentan con una resolución desincriminante dictada por el Juzgado de Control en lo Penal Económico, a cargo del Gustavo Hidalgo, en diciembre de 2023. Esa sentencia está firme.

Los abogados agregaron que la Oficina de Ética Judicial también desestimó y archivó las denuncias formuladas por esos mismos sucesos.

"Secreto de sumario" para evitar el control de la defensa

Otro de los puntos críticos de la recusación es el uso del secreto de sumario, calificado por los letrados como una herramienta para practicar medidas de prueba sin el control de la defensa. Sostienen que, bajo este estado de excepción, la jueza tomó testimonios de personas que mantienen enemistad con la fiscal Companys, como una exfuncionaria de su fiscalía y una persona detenida que fue investigada por Companys.

La defensa afirma que el secreto de sumario se fundó en un pedido de la querella —ejercida por Alicia Peressutti— sobre hechos ajenos a la causa, utilizándolo de forma "manifiestamente indicativa" para recabar testimonios funcionales a la imputación a espaldas de los abogados defensores.

Además, plantearon que la jueza admitió como querellante a la denunciante cuando en realidad ella no es la presunta perjudicada por los delitos imputados a Companys. 

A pesar de los planteos de nulidad, la jueza Tulián procedió a imputar a la fiscal Companys por los delitos de amenazas y abuso de autoridad.

La presentación judicial cuestiona que la jueza permitió el acceso a las actuaciones al abogado de la querellante, Dionisio Centeno, mientras que a la fiscal investigada se le restringió la participación durante meses, pese a haberse presentado espontáneamente. 

La jueza Tulián debe resolver sobre el planteo. Si rechaza su apartamiento, el caso pasará a una Cámara de la ciudad de Córdoba.

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Abogados detenidos

Mientras tanto, continúan detenidos los abogados Teodora Perassi y Adrián Brochero imputados por la fiscal Patricia Baulíes. Los acusa por los delitos de prevaricato de abogado y coacción reiterada en el caso de ella; y coacción, falso testimonio y prevaricato de abogado en el caso de él.

Perassi había denunciado a fines del año pasado una presunta trama de corrupción en los tribunales de Villa María. Por esa presentación, Companys pidió investigación jurisdiccional contra su colega, el fiscal René Bossio e imputó al abogado Marcelo Silvano. 

Es decir que los denunciantes del expediente bajo instrucción de Companys fueron detenidos en la causa abierta en contra de la fiscal. Cada semana se agrava la crisis institucional que afecta al Ministerio Público Fiscal en Villa María.