Eutanasia: ¿Por qué postergamos debates tan necesarios?

Desde hace varios años, y después de intensas y prolongadas deliberaciones, muchos países, incluso dos en nuestra región, han avanzado en legislar temas que para una parte de la sociedad siguen siendo controversiales, como lo es la eutanasia.

En Colombia, la regulación de su aplicación es una facultad de la Corte Constitucional, cuya primera sentencia en esa dirección fue en el año 1997, aunque se aplicó por primera vez en 2015. Uruguay, por ley del Congreso y bajo la denominación técnica de “Ley de Muerte Voluntaria Médicamente Asistida” o “Muerte Digna”, la sancionó en 2025. Nueva Zelanda sometió la norma ad referéndum, donde la ciudadanía se expresó en un 65 % a favor y, por lo tanto, es ley. Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Estados Unidos, Australia y, hace algunos años, España, han reconocido legalmente la eutanasia.

Con diferente terminología, pero en una misma dirección, se la ha definido como: “Poner fin a la vida por solicitud y pedido expreso de la persona que sufre enfermedad, discapacidad o afección grave e incurable que producen sufrimiento físico o psíquico extremos imposibles de aliviar”.

Se ha comenzado entonces a legalizar y regular lo que se debate desde hace siglos en el mundo de la ciencia y la bioética. Por solo poner dos ejemplos, podemos citar al abogado Robert G. Ingersoll y al intelectual judío racionalista Felix Adler, quienes pusieron en la consideración pública, a fines del siglo XIX, “la necesidad de resolver la problemática de aquellas situaciones donde la gente sufría una enfermedad crónica, de insoportable dolor y sin posibilidad alguna de alivio o recuperación”.

Otros países, incluido el nuestro, han legislado de manera limitada sobre ciertos derechos a pacientes en situaciones similares a las antes mencionadas. México, Inglaterra y Noruega, por solo mencionar algunos, con diferentes matices han reconocido “el derecho del paciente a rechazar o retirar medidas artificiales de prolongación de la vida”.

En Argentina, la ley 26.529 (2009) comenzó tímidamente a reconocer ciertos derechos y, con la modificación impuesta por la ley 26.742 (2012), los mismos se ampliaron. En su articulado se establece: “El paciente que presenta una enfermedad irreversible, incurable o se encuentra en estado terminal o haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación, tiene el derecho de manifestar su voluntad de rechazar procedimientos quirúrgicos de reanimación artificial o retirar medidas de soporte vital”.

Desde hace tiempo, en nuestro país, diversos campos del conocimiento y la academia tratan en profundidad y con autoridad profesional e intelectual el tema de la eutanasia activa. Me permito mencionar aquí al médico cordobés Carlos “Pecas” Soriano, especialista en Medicina de Emergencias, magíster en Bioética, con una larga, reconocida y comprometida trayectoria en esta materia, autor de dos libros, Morir con dignidad en Argentina y Buscando la palabra, con más de 55 presentaciones en Argentina y la región.

Este debate, que desde la ciencia se aborda con fundamentos irrefutables desde hace años, debiera ser acompañado por el Congreso de la Nación, porque entendemos que darle cobertura legal es una tarea exclusiva y excluyente del mismo. La regulación de la vida en sociedad es a través de la legislación y la norma, facultad obligatoria y deber republicano del Congreso de la Nación.

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En las últimas décadas, Argentina sancionó leyes de ampliación de derechos de manera muy postergada con relación a su vigencia en otros países, como el divorcio vincular o la Interrupción Voluntaria del Embarazo, aunque hemos sido vanguardistas en leyes como el Matrimonio Igualitario. En los tres casos fueron iniciativas que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento, a pesar de la existencia de innumerables proyectos previos en ambas cámaras.

El Congreso tiene diversas atribuciones, como la de controlar y objetar las políticas de quien administra y gestiona el país, pero no puede estar solo pegado a esa agenda y mucho menos a las presiones y lobbies de algunos sectores vinculados a las religiones o a pensamientos conservadores y perimidos. Una agenda parlamentaria debiera ser el desvelo de los legisladores y concordante con las necesidades y derechos de la ciudadanía. Entonces, hoy deben ser ellos quienes debieran discutir esta nueva ampliación de derechos.

¿Lo están haciendo? Sin ofender… no lo hemos notado. ¿Por qué en Argentina debemos esperar que sean los ejecutivos quienes decidan cuándo? Si en el Congreso ya hay más de diez proyectos sobre este tema, ¿por qué no se debate realmente?

Tres encuestas a tener en cuenta determinan que la mayoría de los argentinos estamos de acuerdo con la eutanasia: Observatorio Pulsar de la UBA, 72 % a favor; Conicet 2022/2023, 80 % a favor; y Zuban Córdoba, 71 %. Claramente, la sociedad, como siempre, va por delante de “sus representantes”.

Además, hay otra cuestión que es menester mencionar y cuestionar: en Argentina, y como ocurría con el aborto, la eutanasia, de manera solapada y clandestina, también se practica y todos lo sabemos.

Invito al lector a hacer un ejercicio de reflexión: ¿quién no ha tenido familiares, amigos, conocidos o vecinos que, en situaciones como las descriptas en la definición de eutanasia, fueron asistidos por un médico compasivo, con sentido común y compromiso profesional, que recurrió, a pedido del paciente, a una sedación permanente o coma inducido que termina irremediablemente en la muerte?

Si el profesional interviniente, con vocación piadosa ante ese tipo de casos, corre riesgos legales por asistir al paciente con prácticas no permitidas, ¿por qué el Congreso no le da cobertura legal?

¿Otra vez el Congreso posterga lo importante, cuando en realidad lo urgente se decide en otro poder?

¡No podemos ni debemos resignarnos a eso!

Diputada Nacional (MC)