Llaryora apuntó contra el narcomenudeo y presentó la Ley Antibúnker

El gobernador Martín Llaryora firmó el proyecto de Ley Antibúnker, una iniciativa crea un nuevo régimen para intervenir búnkeres de venta de drogas, aguantaderos e inmuebles abandonados que representen un riesgo para la seguridad pública. La iniciativa busca dotar al Estado de herramientas específicas para actuar de manera rápida y coordinada sobre espacios utilizados para actividades delictivas o que favorezcan situaciones de inseguridad.

La presentación del proyecto se produce luego de que el Ministerio de Seguridad de la Nación difundiera el informe 2025 del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), que identificó a las infracciones vinculadas a la Ley de Estupefacientes como el delito con mayor crecimiento en Córdoba durante el último año. Según el relevamiento, este tipo de hechos aumentó un 59,7% en la provincia, muy por encima del promedio nacional.

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Entre las medidas previstas por la nueva ley se incluyen actas de constatación, informes técnicos y resoluciones fundadas que habiliten acciones preventivas como el cerramiento, tapeado, clausura provisoria, bloqueo de accesos, custodia o aseguramiento de los inmuebles. Según el proyecto, estas intervenciones deberán realizarse respetando el debido proceso y las competencias judiciales.

Cuando la complejidad de los casos lo requiera, especialmente en situaciones relacionadas con el narcotráfico, la Justicia podrá ordenar medidas de mayor alcance. Entre ellas figuran desalojos, demoliciones de construcciones utilizadas para la venta de drogas y la restitución de inmuebles a sus propietarios legítimos.

La iniciativa también incorpora un esquema específico para la administración de bienes decomisados en causas vinculadas al narcotráfico. En ese marco, el 60% de los recursos obtenidos será destinado al fortalecimiento operativo, tecnológico, logístico y de equipamiento de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), mientras que el 40% restante financiará programas de prevención y abordaje impulsados por el Ministerio de Justicia y Trabajo.

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Además, el proyecto contempla la creación de la Unidad Interagencial de Bienes Intervenidos y del Registro Provincial de Bienes Intervenidos. Estos organismos estarán encargados de coordinar acciones entre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público Fiscal, la FPA, el Ministerio de Justicia y Trabajo, la Policía de Córdoba y los gobiernos locales.

La propuesta también invita a municipios y comunas a adherir al régimen y firmar convenios de cooperación para ejecutar intervenciones en sus territorios. Con esta herramienta, el Gobierno provincial busca reforzar la lucha contra el narcotráfico, recuperar espacios utilizados por organizaciones delictivas y fortalecer la presencia del Estado en los barrios.