Llaryora creó seis cargos y designó a nueve funcionarios en la cumbre del Poder Judicial

La creación de la Procuración Penitenciaria de Córdoba fue la sorpresa navideña del gobernador Martín Llaryora a las máximas autoridades del Poder Judicial local. Nadie esperaba la incorporación de un nuevo organismo. Los integrantes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el Ministerio Público Fiscal (MPF) y el Ministerio Público de la Defensa (MPD) se enteraron del contenido de la iniciativa oficial cuando el proyecto ingresó a la Legislatura. Previamente no tuvieron ni un solo indicio de lo que se venía.

Con el correr de las horas es posible analizar la razón cabal del gobierno para instalar una nueva estructura sin aviso, sin consultas ni discusión previa. Quizás la razón no esté en la propia Procuración Penitenciaria, sino en el Ministerio Público Fiscal, donde una fiscalía adjunta espera a Néstor Gómez, hasta la semana pasada defensor general adjunto. Reemplazará a Bettina Croppi, quien asumirá la conducción de la flamante procuración penitenciaria. 

Gómez es un hombre muy cercano al gobernador Llaryora: fue asesor letrado de la Municipalidad de San Francisco cuando el ahora titular del Ejecutivo provincial fue intendente. En tribunales hay quienes creen que los últimos movimientos en la justicia fueron sugeridos por el propio Gómez, como uno de los asesores principales del gobernador en materia judicial.

Su incorporación a la Fiscalía General implica una presencia directa y activa de Llaryora en el diseño verticalista del Ministerio Público Fiscal. Además, reconfigura el mapa de poder y, posiblemente, la distribución de tareas, luego de que jure el sucesor del actual fiscal general, Juan Manuel Delgado. 

Cómo quedará el MPF

A partir de marzo, concluido el mandato de Delgado, asumirá Carlos Rubén Lezcano —con antecedentes en cargos públicos durante gobiernos peronistas—, cuyos pliegos ya tienen acuerdo de la Unicameral. Lo acompañarán como adjuntos los históricos Héctor David y José Gómez Demmel; el recientemente incorporado Alejandro Pérez Moreno, y Néstor Gómez. 

La cabeza de la Fiscalía General estará conformada íntegramente por hombres. Habrá que esperar la decisión de Lezcano sobre si seguirán con sus actuales tareas Pérez Moreno encargado del área de Derecho Ambiental y Animal; David, de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, y Gómez Demmel, al frente de los proyectos de Territorialidad y Flagrancias. El año próximo se sabrá qué áreas ocupará Gómez.

La salida de Croppi deja un vacío enorme, ya que está al frente de las políticas criminales sobre violencia familiar y de género, de la problemática particular de la Unidad Judicial del Polo de la Mujer, desbordada por la demanda de mujeres que acuden en procura de protección.

Cómo quedará el MPD

La designación de Gómez como fiscal general adjunto también provocará cambios al interior del Ministerio Público de la Defensa. Hace un año, el gobierno impulsó la creación de dos nuevos cargos de adjuntos en la Defensoría General, instituida por ley en 2023. En febrero de este año juraron Pablo Bustos Fierro, como defensor general, Guadalupe García Petrini, Pablo Pupich y Gómez. Este último será reemplazado por otro abogado muy vinculado a Llaryora: Jorge Folloni, actual titular del Tribunal Administrativo Ambiental, cuyos pliegos ya están en la Legislatura. 

La problemática que aqueja a las asesorías letradas es la cantidad de vacantes. De 88 defensorías en toda la provincia, el 25% están dirigidas por reemplazantes. La falta de titulares se siente en especial en el interior provincial. El mes pasado se abrió el concurso y 120 abogados aprobaron la prueba escrita y ahora el Consejo de la Magistratura debe abrir la instancia de las entrevistas personales para el orden de mérito del que saldrán los futuros defensores públicos. 

Pero, también, tiene un gran desafío: el nuevo sistema integral de flagrancias. Ante la falta de más asesores letrados, la tarea de la defensoría pública se asignará a 21 auxiliares colaboradores de la defensa, de los cuales tres intervendrán cuando haya niños, niñas o adolescentes en conflicto con la ley penal.

El mapa del poder político muestra el tablero cubierto de piezas ligadas al llaryorismo. En el último año, la Legislatura prestó acuerdo para designar en los máximos cargos a Jésica Valentini (TSJ), Alejandro Pérez Moreno y ahora Carlos Rubén Lezcano y Néstor Gómez (Fiscalía General); Pablo Bustos Fierro, Pablo Pupich, Guadalupe García Petrini (Defensoría General), y se suman los cuatro procuradores penitenciarios: Bettina Croppi, Iván Rodríguez, María Florencia Degano y Guadalupe Trillo Pellizari. De los 11 mencionados, nueve son nuevos funcionarios en la cumbre de la Justicia Provincial propuestos por el gobernador. Solamente Croppi y Bustos Fierro fueron reubicados con nueva función. 

Del total, seis son cargos recién creados —dos defensorías generales adjuntas y cuatro procuradores penitenciarios— con remuneraciones de entre 11 y 13 millones de pesos; más las secretarías técnicas, a cargo de funcionarios cuyos sueldos están apenas por debajo de los 10 millones de pesos.

REMUNERACIONES 

Las cifras aproximadas de las retribuciones a quienes ocupan funciones de conducción en el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa son las siguientes. Son cargos sin concursos, a propuesta del gobernador. Todos son inamovibles, salvo el fiscal general y la procuradora general. Los números que siguen son un estimativos de diciembre 2025. Cada liquidación de haberes depende, por ejemplo de la antigüedad de título de abogado. 

$13 millones, las máximas autoridades

$11 millones, los funcionarios adjuntos

$ 9 millones, los secretarios técnicos