En medio de una agenda recargada y bajo un clima dominado por la tensión política, el PJ y la oposición cambiemista volverán a chocar en la última sesión del año, que se realizará mañana. El foco del conflicto está puesto en los nombramientos para cargos clave del Ministerio Público y de la cúpula de la Procuración Penitenciaria, una nueva estructura impulsada por el Ejecutivo y resistida por el arco opositor.
El frenesí legislativo dejó al descubierto internas tanto en el PJ como en la UCR, además del malestar de la oposición dura que rechaza ser llevada “a los empujones”. La paradoja es que, en la misma sesión, se tratarán proyectos con consenso —como modificaciones a la ley de Tránsito y la reforma del Código de Convivencia— que estaban cajoneados por el oficialismo.
El fuego cruzado entre los halcones cambiemistas y las espadas del PJ tendrá como epicentro siete pliegos de alto rango en la órbita del Poder Judicial. El peronismo se encolumna detrás de su aprobación, mientras la oposición acusa al gobierno de Martín Llaryora de “copar el Poder Judicial”.
La controversia se potenció tras la decisión del Ejecutivo de avanzar con el pliego de Néstor Gómez para ocupar el cargo de fiscal adjunto del Ministerio Público Fiscal (MPF). El movimiento se produce apenas días después de que la Legislatura aprobara, el 18 de diciembre, el nombramiento de Carlos Lezcano como fiscal general.
En paralelo, el gobierno giró cinco pliegos para conformar el esquema de la Procuración Penitenciaria, un organismo creado por ley y rechazado por la oposición durante su tratamiento legislativo. El PRO también impugna la Procuración, pero aún no definió su voto por el fiscal adjunto.
Para que Gómez, un leal a Llaryora, llegue al segundo escalón en la conducción del MPF, se debió mover a Bettina Croppi, quien será la cabeza de la Procuración y estará secundada por los adjuntos Iván Rodríguez, Guadalupe Trillo Pellizzari y María Florencia Degano. Opositores advierten que el “gancho” fue ofrecerle a Croppi una silla con rango y salario equiparable al de un vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Se suma el pliego de Melani Mattia que cumplirá el rol de secretaria técnica del nuevo organismo. Un movimiento más: Gustavo Folloni será designado Defensor Adjunto del Ministerio de la Defensa, en reemplazo de Gómez.
Postura halcón
Alejandra Ferrero (UCR) reafirmó su rechazo a los pliegos y a la nueva estructura. “Nos opusimos a la creación de estos cargos y a la institución, más allá de los nombres”, dijo. En ese marco, cuestionó que, en un contexto de ajuste, se impulsen cargos de alto rango y carácter vitalicio. “Voy a votar en contra. Más allá del respeto personal que tengo por algunas personas (Croppi y Degano), los otros propuestos son empleados del gobernador”, lanzó.
Ferrero aseguró que la movida responde a una estrategia política del PJ: “Esto fue una maniobra para sacar a Croppi del Ministerio Público, donde era la única independiente con criterio, y llevarla a otro organismo. El objetivo es el MPF, que es el que dirige las investigaciones y la política criminal de la provincia”.
En la misma línea, el Frente Cívico adelantó su rechazo. Walter Nostrala fue categórico: “No vamos a acompañar el pliego de Gómez. El único mérito que se le conoce es haber sido funcionario del gobernador en distintos cargos”. También cuestionó la Procuración Penitenciaria, a la que calificó como “una estructura vergonzosa creada para acomodar amigos y socios del poder”.
Más duro aún fue Gregorio Hernández Maqueda, quien acusó al Ejecutivo de promover un modelo “propio de regímenes autoritarios”. “Un Ministerio Público sin independencia del poder político no defiende a la sociedad, defiende al gobernador”, objetó. Según su postura, los nombramientos apuntan a garantizar impunidad y a profundizar la falta de combate contra la corrupción y el crimen organizado.
Cruces, ironías y defensa oficialista
Tras la audiencia pública del viernes —que duró menos de una hora— una voz opositora ironizó sobre la presencia de funcionarios judiciales que avalaron el pliego de Gómez: “Vino la corpo llaryorista”. En tanto, Brenda Austin aportó: “Lo venimos diciendo hace tiempo. Llaryora va por el control del Poder Judicial”. “Mueven y enrocan nombres para meter la mano a fondo en la Justicia”, fustigó.
Desde el PJ, Nadia Fernández salió a respaldar con firmeza la iniciativa del Ejecutivo. Definió a la Procuración Penitenciaria como “un instituto sumamente innovador”, con autonomía y legitimación procesal, y aseguró que Córdoba “se coloca a la vanguardia” en materia de política penitenciaria frente a una crisis que atraviesa a todo el país.
La oficialista rechazó las críticas por el costo de los cargos, equiparables a los sueldos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). “Es un argumento berreta analizar sólo costos frente a una problemática tan compleja. Sería mucho más caro para la provincia enfrentar sanciones internacionales por no cumplir con las convenciones”, señaló.
También negó cualquier intento de colonización política del Poder Judicial. “En Córdoba hace más de 24 años que no se designan magistrados a dedo. Todos los procesos pasan por audiencias públicas y los canales institucionales que corresponden”, retrucó.
Interna cambiemista
El pliego de Degano (del palo radical de Julio Ochoa con terminal en Marcos Ferrer), propuesta como adjunta para la Procuración Penitenciaria que encabezará Croppi, alimentó sospechas de un “pacto” entre el PJ y sectores de la UCR.
En el juecismo y entre los radicales opositores a Rodrigo de Loredo sostienen que “a Degano no la nombra el peronismo si no se lo pide un radical”, y apuntan al entorno de Ferrer. Desde la UCR, sin embargo, niegan cualquier acuerdo y anticipan que votarán en contra de este pliego y del resto.
Tres fuentes radicales admitieron que De Loredo “no sabía” de la postulación y que el episodio generó un fuerte malestar interno. En el juecismo creen que el cargo fue parte de una negociación ligada a la aprobación del Presupuesto, con presión de intendentes radicales incluidos.
El intenso cortocircuito entre radicales y juecistas sigue generando chispazos, aunque sin ruptura a la vista. “No hay intención de romper nada, por ahora”, deslizó un dirigente opositor, mientras en el PJ se frotan las manos ante la escalada de la tensión en el interbloque cambiemista.
Con los números ajustados, internas abiertas y acusaciones cruzadas, la última sesión del año promete una guerra discursiva por el control de áreas sensibles del sistema judicial cordobés y una señal anticipada del clima político que se proyecta hacia 2026, año preelectoral.
Agenda recargada
- Siete pliegos (MPF y Procuración Penitenciaria)
- Reforma a la Orgánica de Ministerios
- Cambios en la Ley de Tránsito (Luces automáticas - DRL)
- Código de Convivencia – prohibición naranjitas truchos y limpiavidrios
- Salud – Multas por no vacunar y protección a equipos sanitarios
- Cesión en comodato de un terreno a la Asociación Civil Club Palermo Bajo
