Ministerio de la Defensa: el proyecto se topó con el rechazo de López Peña

El proyecto de ley que crea el Ministerio Público de la Defensa (MPD), de autoría del legislador Oscar González, generó revuelo en filas opositoras, pero la dura objeción del presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Sebastián López Peña, puso en estado de replanteo a la iniciativa oficialista. También –en la faz política–  cosechó el rechazo de Luis Juez y Rodrigo de Loredo.

La discusión adquirió volumen en el último plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, en donde López Peña advirtió –para sorpresa de los opositores– que, en base al análisis de una serie de puntos estructurales, “tornan a este proyecto como muy inconveniente”, dijo.

En este plano, sostuvo que el proyecto “va en retroceso a la calidad institucional” en Córdoba cuando marcó su semejanza con la disputa política por la reforma del Consejo de la Magistratura de la Nación. Allí también apuntan los cañones opositores. “Tiene el mismo patrón de las que pretende realizar el kirchnerismo a nivel nacional”, dijo De Loredo.

El punto central del rechazo del presidente del TSJ, y también de la oposición radical, pasa por la incorporación del Defensor General -figura a cargo del MPD que se crea con esta iniciativa- al Consejo de la Magistratura de la Provincia con carácter vitalicio, cuando los nueve que lo integran “son rotativos”.

Quienes conocen de cerca la movida en Tribunales advierten, en los dichos de López Peña, la crítica a la creación de un nuevo organismo en el marco de ajustes presupuestarios al Poder Judicial.

De hecho, las distintas representaciones el sector judicial, y hasta el propio gremio de los Judiciales, ven con buenos ojos esta nueva estructura de la Defensa, aunque señalan que hace falta una “dotación presupuestaria”.

La futura norma, argumentó González en sus fundamentos, viene “a organizar el servicio de asistencia jurídica gratuita” al crear el MPD, siendo “un órgano que pueda diagramar la política de defensa de los derechos de las personas vulnerables de manera centralizada y con una clara conducción”.

En medio de la polémica, un legislador oficialista con toma de decisión admitió que “el 70% de las observaciones que plantearon los expositores (en las dos jornadas de consultas) formarán parte de las correcciones” al texto original, con lo cual se busca consenso entre la oposición.