No cercaste tu lote y hay basura: multas millonarias y riesgo penal en Córdoba

La Municipalidad de Córdoba puso en marcha un nuevo enfoque para combatir los macrobasurales que afectan a numerosos barrios de la ciudad. Esta vez, la prioridad está en exigir responsabilidades a los propietarios de terrenos privados, con la posibilidad de aplicar sanciones económicas severas e incluso avanzar con acciones penales en caso de incumplimientos ambientales.

La medida se hizo visible con fuerza a partir de la intervención en el histórico basural ubicado en Roque Arias y García Martínez, en la zona oeste. Allí, el municipio desplegó más de un centenar de camiones para retirar alrededor de ocho toneladas de residuos. En paralelo, se inició una denuncia penal contra el titular del predio, marcando el inicio de esta nueva etapa.

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Gabriel Martín, secretario de Ambiente municipal, explicó: "La nueva política busca atacar la causa del problema, no solo la consecuencia. Vamos a actuar con firmeza para que los dueños de terrenos asuman su responsabilidad". Según indicó La Voz. 

La iniciativa toma como modelo el trabajo articulado de la Unidad de Riesgo Sanitario (URS), que desde junio de 2024 coordina acciones entre diversas áreas municipales y provinciales para intervenir en terrenos privados en situación crítica. La URS está integrada por equipos de la Secretaría de Ambiente, Salud, el Tribunal de Faltas, la Guardia Urbana y la Policía.

Actualmente, hay 98 macrobasurales identificados en Córdoba, todos en terrenos privados. En 33 de ellos ya se instalaron cámaras de videovigilancia que son monitoreadas tanto por la Policía de la Provincia como por el Centro de Monitoreo Urbano. Cuando se detectan maniobras de descarga de residuos, se procede a detener a los responsables, aplicando el Código Penal o el de Convivencia, según corresponda.

Limpia la Muni pero paga el dueño

El protocolo de intervención comienza con una intimación formal al propietario. Si no hay respuesta, se labran actas y finalmente el municipio asume la limpieza del terreno, pero transfiere el costo al dueño. En casos de reincidencia o desinterés, también puede presentarse una denuncia penal.

Martín fue claro en este punto:"El Estado tiene la responsabilidad de intervenir, pero también de exigir a los privados que cumplan con su deber. En esta ciudad, el que tiene un terreno debe mantenerlo cercado y limpio".

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Para reforzar esta política, el Ejecutivo envió al Concejo Deliberante una propuesta de modificación al Código de Convivencia, elaborada en conjunto con el Tribunal Administrativo de Faltas (TAF). El proyecto, aun en debate, contempla un incremento significativo de las multas por faltas ambientales y suma un nuevo artículo que sanciona la publicidad irregular en espacios públicos.

Entre los cambios propuestos, se destaca la modificación del artículo 208, que regula la higiene de terrenos baldíos. Las sanciones pasarían del rango actual de 5 a 25 Unidades Económicas Municipales (UEM) a uno mucho más elevado: de 25 a 100 UEM. Al valor actual ($10.112 por UEM), las multas oscilarían entre $252.800 y $1.011.200.

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Otras infracciones, como la quema de residuos (artículo 211) o el descarte indebido de neumáticos (artículo 213), también recibirán multas en ese mismo rango. Además, se propone incorporar el artículo 269 bis, que penaliza la colocación de pancartas removibles en columnas de alumbrado o mobiliario urbano: $151.680 por pieza para particulares y hasta $303.360 si se trata de empresas.

Por su parte, el Concejo también evalúa un segundo proyecto impulsado por el concejal Juan Balastegui. Esta iniciativa busca fortalecer el régimen sancionatorio para quienes incumplen las normas sobre gestión de residuos sólidos urbanos. En este caso, las multas para infractores generales subirían de 200 a 2.000 UEM (entre $2.022.400 y $20.224.000), mientras que los grandes generadores —como comercios o industrias— que no cumplan con los requisitos de registro o trazabilidad podrían recibir sanciones de hasta 4.000 UEM ($40.448.000).