Ocho empresas concentran el 93% del gasto provincial en limpieza: $250 mil millones

El juicio que se desarrolla en la Cámara 3ª del Crimen en la ciudad de Córdoba para esclarecer el crimen de Gabriela Pérez, durante un almuerzo del gremio Soelsac (Sindicato Obreros y Empleados de Limpieza) expuso la dimensión del negocio que genera la tercerización de los servicios de desinfección y maestranza por parte de la Provincia. Desde el año en el que se tercerizó, el servicio comenzó a ser contratado de manera externa y desde entonces no para de crecer.

Para comprender los montos que se manejan, hasta junio de este año, la facturación suma $125.300 millones actualizados por inflación. A ese ritmo, el año cerraría con un gasto calculado en más de $250.000 millones. A esa cifra se suma un detalle no menor. Comparando la cantidad de empresas que había en 2023, año del homicidio de Gabriela Pérez y de la violenta interna que atravesó el Soelsac, es inevitable observar que el negocio avanzó hacia una mayor concentración del servicio. Aquel año, las mismas ocho empresas ya se llevaban el 86% del gasto provincial, mientras que hoy el porcentaje subió al 93%. No cambiaron las empresas: creció su porción.

El ranking actual de las firmas que prestan el servicio y se reparten casi la totalidad del servicio tercerizado son: Euro Clean SRL, Servicios Drill SA, Glosyc SRL, Pulizia SRL, Zemst SA, GL Disarqs SRL, Magic Clean SRL y Mediterránea Clean SRL. Limpian escuelas, centros de salud de Capital y el interior, sedes ministeriales, dependencias del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, entre otros edificios públicos.

Perfil CÓRDOBA recogió datos del Portal de Transparencia de la Provincia de Córdoba, base material de FreeData, una novedosa herramienta de la red Ruido, que posibilita analizar el gasto público provincial.  

Los números adquieren relevancia después de escuchar testimonios trascendentes en el juicio penal —oral y público— de la Cámara 3ª del Crimen, integrada con jurados populares para determinar quiénes y por qué descargaron una balacera que terminó en la trágica muerte de la joven trabajadora de limpieza, el 9 de septiembre de 2023.

Cómo se informa el gasto

La Provincia efectúa pagos por limpieza bajo dos ítems. El porcentaje mayor corresponde a la partida 03120000 que define como “Servicios de Limpieza, Lavado y Desinfecciones”, mientras que el segundo, por montos menores, es el ítem 03120100 de “Limpieza y Desinfecciones”.

Hasta junio del año en curso, el gasto bajo ambos conceptos suma $125.300 millones. La cifra está actualizada por el índice de inflación del Indec y surge de adicionar los dos objetos de gasto (ítems): $93.800 millones y $31.500 millones, respectivamente. Si se proyecta hasta fin de año, la suma arroja más de $250 mil millones, similar al total del gasto reportado el año pasado.

A lo largo de todo el 2023 (año completo), la cuenta es la siguiente: por los ítems señalados la Provincia pagó $25.600 millones nominales (actualizados por inflación representan hoy $147.600 millones), más $43,9 millones en montos históricos (actualizados serían $247 millones), respectivamente. Los dos montos corresponden a cada uno de los ítems descriptos anteriormente.

Un contexto caliente

El juicio que se desarrolla en la Cámara 3a del Crimen tiene por objetivo esclarecer el homicidio de Gabriela Pérez. Están acusados su hermano Gustavo Herrera, como sicario contratado para disparar contra el club, y Walter Adrián Vallejos, alias “Petaca”, barra de Talleres, como partícipe necesario. Luis Mendoza, un tercer imputado, está prófugo.

En este informe se destacan tres testimonios durante el juicio, por la relevancia de los hechos narrados, el contexto del trágico episodio.

Sergio Fittipaldi, secretario general del Soelsac —reelecto en diciembre de 2023— es querellante y fue el primer testigo en declarar. Acusó a dirigentes del Surrbac (Sindicato de Recolectores de Residuos y Barrido de Córdoba) de querer quedarse con el gremio que dirige hace 20 años.

Fittipalsi sostuvo que ese fue el motivo del ataque perpetrado en el Club Yapeyú, el 9 de septiembre de aquel año, donde murió Pérez. Habló de una caja que “tiene más de 20 mil afiliados” y añadió que los trabajadores tienen una distribución estratégica en cada localidad de la provincia y que ese peso territorial era apetecible para Franco Saillén —apoyo externo de la lista Más Soelsac que le disputó la conducción gremial— para “ampliar la distribución de drogas”.

Por su parte, Dalma Herrera, hermana de Gabriela Pérez y del acusado de disparar contra el Club Yapeyú —Gustavo Herrera—, aportó detalles sobre el vínculo del gremio con las empresas y los trabajadores. Sostuvo que ella y su hermana entraron a trabajar a una firma privada “a través del Soelsac”, que tenían “contratos de tres meses”, con posibilidad de renovación y que uno de los laderos de Fittipaldi, “Coco” Fuentes —también miembro de la barra brava del club Talleres— las invitó a ir al almuerzo. Además, sostuvo que debían concurrir a las manifestaciones o actos de Fittipaldi porque “les tomaban asistencia”. Según esas presencias mantenían o perdían el trabajo.

En tanto, Hugo “Ciego” Cardozo, número dos de la barra de Talleres, trazó episodios que atravesaron la interna de la barra de ese club y los alineamientos al Soelsac o Surrbac. Contó que el gremio de Fittipaldi lo convocó para desempeñarse como “inspector gremial”: quedó claro que la figura implicaba un rol de custodio, pese a que Fittipaldi dijo que se mueve solo y sin guardaespaldas. 

Cardozo señaló que los disparos al club estuvieron dirigidos a él. Horas antes recibió la llamada de un tal “Gómez” —está detenido en una causa en instrucción que se desprendió de la principal por el crimen de Pérez— para advertirle que debía “apartarse de Fittipaldi”. El resto de la conducción de la barra estaba constituida por dirigentes bajo el poder de Mauricio Saillén (Surrbac).

La disputa gremial tuvo como trasfondo también la disputa de poder de barras. 

Se cruzan intereses gremiales -una caja de más de 20 mil afiliados al sindicato y la obra social-, poder territorial en toda la Provincia, lucha de barrabravas por negocios de la cancha, mueve miles de millones pagados por el estado provincial en licitaciones que terceriza los servicios de limpieza, desinfección y desmalezamiento.