Qué hay detrás del caso de un preso que pidió al tribunal no salir de la cárcel por no sentirse “apto”

Augusto Manuel Pacicco (39) generó una escena inédita durante un juicio en los tribunales federales de Córdoba. Cuando el Tribunal Oral Federal 3 (TOF3) le comunicó la condena a dos años de prisión condicional, él pidió expresamente no acceder a la libertad.

La sentencia recayó por la acusación de ser un intermediario entre consumidores y proveedores. A causa de su adicción a la cocaína, ofrecía información sobre dónde comprarla a cambio de unos gramos para consumirla.

Actualmente se encuentra detenido en la cárcel de Villa María. De puño y letra escribió una carta dirigida al tribunal, integrado por los jueces Facundo Zapiola, Cristina Giordano y José Quiroga Uriburu.

En la misiva solicitó cumplir íntegramente la condena en el penal porque no se siente “apto” para reinsertarse en la sociedad. Y explicó: para “cumplir con el tratamiento psicológico y psiquiátrico”. “Sé que no voy a cumplir con los requisitos”-agrega- que la Justicia le impondrá a partir de su liberación y los controles del Patronato del Liberado, según establece la ley de ejecución de las penas.

La carta finalizó con su deseo de “no deber ni un día a la Justicia”.

A sus 19 años, Pacicco perdió a toda su familia, quedó sin sus dos padres y un hermano. Si bien trabajó como técnico en emergencias médicas y fue prestador de Pami, las adicciones lo dejaron sin trabajo. Si sale de la cárcel no tiene de qué mantenerse, tampoco cuenta con obra social y posee muy pocas chances de continuar con un tratamiento que lo recupere del consumo problemático. Conseguir turnos en el sistema público es una lotería. 

¿Por qué un detenido querría permanecer encerrado en una cárcel hacinada? Quizás la respuesta está en la misma carta, que puede leerse como un pedido de ayuda al Estado porque solo y por sus propios medios no puede superar sus adicciones. 

La decisión deliberada del gobierno nacional de subejecutar partidas presupuestarias para esta materia tienen consecuencias como las que evidencia Pacicco.

Recortes presupuestarios al Sedronar

Hasta diciembre de 2023 Sedronar era un organismo autárquico con caja propia, dependiente de Jefatura de Gabinete. Con el cambio de gestión pasó a la órbita del Ministerio de Salud y Capital Humano, y quedó sujeta a la política de recortes. Al frente quedó Roberto Moro, quien ejerce el cargo desde 2024 y que ya había pasado por el organismo durante el gobierno de Macri.

En septiembre de 2024 un informe señaló que del programa "Atención y Acompañamiento a Personas con Consumos Problemáticos" de $28.205,53 millones presupuestados, solo ejecutó el 67,07% (16.227,17 millones) — es decir, subejecución además de recorte nominal. 

Para 2025, un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) calculó que en Sedronar el recorte fue del 31,5% entre lo ejecutado en 2023 y lo ejecutado en 2025.

Aunque hubo resoluciones administrativas que aprobaron aumentos nominales en los aranceles, también derogaron normativas previas y  provocaron la mencionada subejecución de partidas que derivó en retrasos de pagos y falta de liquidez para las organizaciones encargadas de tratar las adicciones en todo el país. 

Cierre de dispositivos territoriales

El golpe más visible fue sobre las Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC), la red de mayor despliegue territorial (gestionada junto a movimientos sociales, iglesias y ONG). En septiembre del año pasado se conoció el cierre de 32 CAAC en distintos puntos del país. La justificación oficial fue una auditoría. Una política de Estado del gobierno de Javier Milei, muy similar a la aplicada en materia de Discapacidad.

"Luego de un extenso trabajo de supervisión y auditoría sobre los 583 CAAC, Sedronar detectó graves irregularidades en 32 que no cumplían con los criterios básicos para la atención y acompañamiento de las personas con consumos problemáticos". Trabajadores y organizaciones sociales cuestionaron esa evaluación como arbitraria y denunciaron un vaciamiento deliberado. 

Además del cierre de centros, desde el organismo se buscó que los subsidios entregados a espacios de asistencia dejaran de usarse para pagar honorarios de profesionales (psicólogos, por ejemplo) y solo pudieran rendirse en compra de alimentos o materiales. Esto generó el rechazo de la Iglesia (que sostiene los Hogares de Cristo) y de la Conferencia Episcopal.

El juicio les salió caro: dos concejales reclamaron un descuento salarial tras faltar al trabajo y la Justicia rechazó la demanda

Córdoba tras el cierre del IPAD 

En Córdoba, en abril de 2022 la Secretaría de Salud Mental del gobierno de Juan Schiaretti provocó de manera abrupta el cierre del IPAD (Instituto Provincial de Alcoholismo y Drogadicción). Oficialmente, se dijo que fue por refacciones edilicias tras un incendio, aunque trabajadores y gremios (ATE, UTS) denunciaron un cierre "encubierto" y un vaciamiento. 

En la práctica, los pacientes internados fueron derivados al Hospital Neuropsiquiátrico Provincial, con el que finalmente el IPAD terminó fusionado.

Por falta de actualización de la página web del Patronato del Liberado de la Provincia de Córdoba, se señala como una de las tareas de ese organismo "rindar asistencia ante el consumo de sustancias tóxicas, articulando con instituciones específicas que trabajan ese tipo de problemática. (IPAD- SEDRONAR- Caa del Joven, Equipos de APS, etc)". Menciona al IPAD a cuatro años de su fusión. 

La provincia sostiene una estructura paralela que hoy es la vía principal de atención pública: Existe una Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones, dependiente del Ministerio de Salud provincial. 

Hay una Red Asistencial de las Adicciones de Córdoba: un sistema de 4 niveles, de menor a mayor complejidad, con centros distribuidos en capital e interior: Nivel 1 (centros preventivos, talleres de fortalecimiento familiar), Nivel 2 (asistencia terapéutica ambulatoria) y Nivel 3 (tratamiento más intensivo).

El panorama para las personas que quieren salir de las adicciones es complejo. Sin cobertura de obras sociales, el sistema público ofrece pocas alternativas o, las que existen, están saturadas por la demanda. Si para un ciudadano sin antecedentes es difícil, ¿cuánto más puede costarle a un expreso reinsertarse en la sociedad, solo, sin trabajo y sin un adecuado tratamiento? La carta de Pacicco más que un hecho insólito es un síntoma cruel del Estado ausente.

MER/JB