Trabajo infantil: una realidad sin estadísticas y con señales de expansión

En Córdoba, el trabajo infantil existe. Pero no se mide con precisión. Y ese dato —la ausencia de datos— ya es, en sí mismo, un problema. Porque lo más inquietante no es solo su persistencia, sino su capacidad de adaptarse, desplazarse y volverse invisible.

“Es muy difícil saber si está creciendo o cambiando de forma porque no tenemos estadísticas. Este es un país sin estadísticas”, advierte Nora Verde, integrante del Equipo Técnico Coordinador de la Comisión Provincial para la Erradicación del Trabajo Infantil (Copreti) entre 2008 y 2021. La última referencia específica en la provincia —recuerda— es la Encuesta de Actividad de Niñas, Niños y Adolescentes realizada en 2006 y difundida en 2008.

Desde entonces, el fenómeno cambió. Pero no hay mediciones actualizadas que permitan dimensionarlo, compararlo en el tiempo ni orientar políticas públicas con precisión.

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Aun así, algunas cifras permiten trazar el contexto: en Argentina, alrededor del 10% de niñas, niños y adolescentes participa en actividades productivas, mientras que la pobreza infantil supera el 46% y más del 40% de los trabajadores adultos se desempeña en la informalidad.

De qué hablamos 

La dificultad para dimensionar el problema también tiene que ver con cómo se lo define. “Cuando hablamos de trabajo infantil hablamos de todas aquellas actividades realizadas por niños y niñas, por debajo de los 16 años, rentadas o no rentadas, para la familia o para un tercero, siempre y cuando esa actividad interrumpa u obstaculice la continuidad educativa o produzca perjuicios en la salud”, explica Verde.

Pero no solo la salud y la educación están en juego. El trabajo infantil también vulnera otros derechos menos visibles: el derecho a la recreación, a la libertad y, en algunos casos, incluso a la identidad.

Verde lo grafica con una escena concreta: “Hay chicos que trabajan en las ladrilleras que, a los ocho años, concurren con su mamá a renovar sus documentos de identidad, pero tienen tan borradas sus huellas digitales que esos documentos vuelven rechazados, porque el ladrillo es como una lija. Entonces tienen que ir a los dispensarios y los médicos tienen que mentir y hacer un certificado que diga que tienen dermatitis de contacto, como una manera de garantizar que esos chicos puedan acceder a su Documento Nacional de Identidad”.

Dónde 

Si la definición permite entender el problema, el territorio permite verlo. “La explotación infantil se esconde entre la pobreza, el narcomenudeo y la invisibilidad de los que no quieren ver”, advierte Jesús Rodolfo Pérez, referente de la Fundación Alameda y exdelegado provincial del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata.

En Córdoba, las formas más frecuentes están vinculadas al cordón hortícola, la producción de ladrillos y distintos circuitos de informalidad, donde incluso aparecen organizaciones que utilizan a niños en esquemas de venta callejera o falsa mendicidad. En barrios periurbanos, chicos que venden, reciclan o hacen changas para sostener ingresos familiares. En zonas rurales, tareas agrícolas naturalizadas. En áreas turísticas, trabajos informales que se intensifican en temporada alta.

Pero el fenómeno no se detiene ahí. “Ahora hay algo todavía más preocupante: niños que son captados desde los 10 años como dealers para la entrega de drogas, sabiendo que es más fácil zafar de la justicia, en muchos casos por su propia familia”, advierte Pérez. Y no se trata de situaciones aisladas: es la incorporación de menores a economías ilegales que operan sobre contextos de extrema vulnerabilidad. El problema, entonces, deja de ser únicamente social y pasa a ser estructural.

A esas formas conocidas se suma una dimensión más reciente y menos visible: la captación de niñas, niños y adolescentes a través de entornos digitales. Desde tareas informales hasta formas de explotación vinculadas a economías ilegales, el reclutamiento online amplía el alcance del problema sin necesidad de traslado físico y dificulta aún más su detección.

Lo que no se ve  

El trabajo infantil aparece ligado a economías informales y territorios periféricos, donde se supone que el control estatal es más débil. Sin embargo, “las formas más invisibilizadas son las urbanas: el chico que vende, que pide, que limpia vidrios. Están invisibilizadas porque forman parte del paisaje”, explica Verde. Esa naturalización es uno de los núcleos más difíciles de desarmar.

Pero la calle no es el único escenario. De hecho, en los últimos años algunas de las actividades que históricamente realizaban niños en el espacio público comenzaron a ser ocupadas por adultos desplazados del mercado laboral. La caída del empleo formal y la saturación de trabajos de plataformas —como reparto o transporte— empujaron a muchos a reconvertirse en tareas de supervivencia que antes estaban más asociadas a la infancia, como la venta callejera o pequeños servicios informales.

Pero ese corrimiento no implica una reducción del trabajo infantil, porque los niños que ya no están en la calle pasan a asumir tareas dentro del hogar: cuidado de hermanos menores, responsabilidades domésticas intensivas o actividades que, aunque no sean remuneradas, afectan su escolaridad, su tiempo de juego y, en algunos casos, su salud.

“Decir que un niño ‘ayuda’ es un eufemismo”, sostiene Verde. “El trabajo infantil es trabajo infantil, incluso cuando se hace para la propia familia”. La diferencia no es semántica. Es estructural. Nombrarlo de otro modo no lo vuelve menos grave. Solo lo vuelve menos visible.

La ayuda —explica— es aquella que se da en el marco de la convivencia, sin afectar la salud ni la educación. Pero cuando hay carga horaria, desgaste físico o interferencia con la escolaridad, ya no se trata de colaboración: es trabajo infantil. Y esa invisibilidad, advierte, suele ser la puerta de entrada a otras vulneraciones de derechos.

Sin respuesta

En ese escenario, la capacidad de respuesta también aparece en cuestión. En Córdoba, profesionales de los sistemas de protección de la niñez advierten sobre equipos reducidos, sobrecargados y con condiciones laborales precarias. Una estructura debilitada que impacta directamente en la posibilidad de detectar e intervenir.

A eso se suma una limitación más profunda. “Hoy las acciones están centradas en la capacitación y la difusión, pero no hay un abordaje territorial concreto”, señala Verde. No existen, por ejemplo, planes sistemáticos para intervenir en zonas donde el problema es persistente, como las ladrilleras o el cinturón hortícola. Está claro que, sin presencia en el territorio, las políticas públicas pierden eficacia.

“Se necesitan al menos cuatro líneas de acción sostenidas: difusión, capacitación, abordaje territorial e inspección laboral”, plantea Verde. Sin ese esquema integral, el problema no se reduce. Y, mientras tanto, la realidad avanza más rápido que las respuestas.