Comenzó el debate sobre una reforma al sistema de concursos para seleccionar a los magistrados nacionales y federales. La discusión atravesó la línea de largada en el Consejo de la Magistratura de la Nación, pero eso no significa que prospere en lo inmediato el proyecto firmado por los ministros de la Corte Suprema, Carlos Ronsenkrantz y Ricardo Lorenzetti en la Acordada N° 4/2026.
La iniciativa es superadora del actual sistema con mayor garantía de objetividad, igualdad de oportunidades, limitando la discrecionalidad y puntaje de la entrevista personal que, en la práctica, opera como instancia donde la rosca política-judicial hace prevalecer a los postulantes a jueces que consiguen mayores avales para seguir en carrera.
Los discursos de los consejeros que participaron el jueves último en la reunión conjunta de las comisiones de Selección y de Reglamentación fueron, en su mayoría, reactivos a una aprobación inmediata o a un tratamiento preferencial de la iniciativa de los miembros de la Corte.
Al mismo tiempo, la sorpresiva presencia del presidente del máximo tribunal del país y del Consejo, Horacio Rosatti, no esclareció su posición. Él no firmó el acuerdo con sus colegas y dijo que la Corte hizo una propuesta que tiene elementos valiosos, que “serán enriquecidos por la opinión de todos ustedes”. Al mismo tiempo, agradeció la prontitud para abocarse al tema.
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Lo que algunos interpretaron como una actitud prescindente por delicadeza y para no generar presión sobre el cuerpo que encabeza, otros la leyeron como una virtual falta de apoyo al proyecto, recordando que fue electo presidente de la Corte con su autovoto, oportunidad donde no tuvo pruritos.
La reunión duró tres horas. Abrió la discusión el consejero Alberto Lugones (juez, presidente de la Comisión de Reglamentación) quien de entrada puso un freno: “Yo no firmo nada a libro cerrado”. Renglón seguido dijo que en el organismo no están en “una nube de Úbeda”. Y remató: “Hoy no se vota nada” luego de que la consejera Jimena de la Torre (abogada) expresara que apoya “integralmente la iniciativa de la Corte” y que “votaba por su aprobación”.
Siguió María Fernanda Vázquez (académica, presidenta de la Comisión de Selección). Recordó que hay numerosos proyectos abordados en reuniones de trabajo sobre el reglamento de concursos. Destacó que recibieron uno “muy ambicioso”, enviado por la Corte Suprema con “novedosas incorporaciones”. Su intervención destacó que es un órgano técnico político integrado por diferentes estamentos y que “los tiempos para los acuerdos son diversos”, si se los compara con otros integrados por menos personas, en clara alusión a la Corte. “El reglamento que tenemos es el aplicado en los concursos. Elegimos a los mejores magistrados y magistradas”, subrayó Vázquez.
La secretaria de la comisión de Selección leyó la nómina de más de una decena de proyectos que ingresaron en los últimos años. Claramente el de la Corte quedó como uno más.
A su turno, el consejero Diego Barroetaveña (juez) señaló que debe quedar claro que “los jueces que se desempeñan actualmente son idóneos y legítimos y tienen la calidad suficiente". Destacó que no es la primera vez que se buscan cambios al reglamento de concursos. “Varias veces se modificó. Intervinieron grandes hombres del derecho”, recordó.
También habló el representante del Poder Ejecutivo. Santiago Viola, segundo del ministro Juan Bautista Mahiques, quien fijó posición: “No hay nadie mejor que los consejeros para introducir modificaciones. Es bueno recibir sugerencias de la Corte, pero no veo ansiedad en un tratamiento y votación urgente”. “El Consejo viene trabajando bien, sacando las ternas para designar magistrados”, agregó.
Quien también defendió la tarea del Consejo de la Magistratura fue Álvaro González (diputado): “Sé cómo se trabaja en todo el proceso, como para que digan que es una cueva de acomodos”.
Alejandra Provítola (jueza) señaló que la cobertura de vacantes que se está llevando adelante “refleja el trabajo que hemos hecho”. “La Corte nos motiva; determinemos todos los puntos de correspondencia con el resto de proyectos y avancemos en dotar a la justicia de un reglamento”
El último en hablar fue Alberto Maques (abogado) quien retrucó. “No estuve durmiendo la siesta, no tengo necesidad de un disparador”. Ante la propuesta de la Corte señaló que los presidentes de las dos comisiones merecían “un desagravio”, como si se hubiera tratado de un ataque.
Dijo que él no compraría “un auto chino”, “ni una iniciativa a libro cerrado”.
Guillermo Tamarit (académico) también respondió a la iniciativa cortesana: “Toda cuestión que parezca imposición va en contra del consenso”, señaló.
En frente de las intervenciones mencionadas se ubicó el consejero César Grau (abogado), quien se posicionó en favor de aprobar la iniciativa de la Corte. Parafraseando a Baldomero Fernández Moreno, señaló: “67 pliegos (enviados por el Ejecutivo al Senado) y ningún abogado (de matrícula)”.
Grau dijo que esperaba la opinión del presidente de la Corte, Horacio Rossatti, y que algunos artículos del proyecto “podrían entrar en vigencia de inmediato”.
Habló de una “montaña rusa” en las entrevistas personales a los candidatos porque “sube y baja postulantes con criterios que exceden el marco de las preguntas”. Pero el punto neurálgico de su discurso fue la definición de “casta” de jueces y de “partidos judiciales que pujan por sistema de cupos, por eso los abogados quedamos afuera”. Así definió a las pulseadas que se producen para aprobar los órdenes de mérito.
La crónica es elocuente sobre cómo el Consejo de la Magistratura decodificó el proyecto firmado por Lorenzetti y Rosenkrantz: una imposición, un ataque y un reproche al actual sistema con el cual seleccionan a los futuros jueces.
Quedó claro una vez más que la corporación judicial es reactiva incluso a cambios que puedan proponer desde la cúspide del poder que integran.
Maques llegó a decir que a la gente no le preocupa cómo se eligen los jueces, como si las decisiones de los tribunales sobre la vida, la libertad, el honor y los bienes de los ciudadanos que se someten a la Justicia fueran inocuos.
Qué propone el proyecto cortesano
Los cambios más trascendentes pueden sintetizarse en los siguientes puntos, según el contenido de la Acordada 4/2026 firmada por Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz:
1. Límite drástico a la entrevista personal: lo que fungía como espacio permeable para presiones y lobbies, acotará su incidencia a un máximo de 20 puntos sobre un total de 200. La calificación ya no será arbitraria; se dividirá en tres ejes fijos: plan de trabajo (cinco puntos), valores democráticos y ética (cinco puntos) y criterios de la especialidad (10 puntos).
2. Anonimato garantizado y dos etapas: instaura una doble instancia de evaluación escrita. Una general, sobre un cuestionario de 120 preguntas de opción múltiple extraídas aleatoriamente de un banco público de 2.000 ítems. Se califica como “aprobado” o “desaprobado” y tiene una vigencia de 5 años. La etapa Especial, para quienes hayan superado la primera, consiste en la resolución de casos prácticos y la redacción de sentencias. Se excluyen automáticamente las calificaciones de jurados que difieran en un 30% o más del promedio de sus pares, neutralizando sesgos personales.
3. Concursos anticipados y plazos exprés como la regla general. La duración total del procedimiento no podrá exceder de 90 días hábiles judiciales desde la prueba de oposición. Incorporar el Legajo Digital, único y permanente para cada aspirante, eliminando la burocracia de inscripciones repetitivas y permitiendo una auditoría constante.
4. Evitar el tránsito burocrático. La calificación de antecedentes (máximo 100 puntos) ha sido tabulada para premiar el mérito real por sobre la mera antigüedad. Se tendrá en cuenta el grado universitario (promedio y ubicación del graduado en los deciles de su promoción), posgrados donde los títulos no serán acumulativos para evitar la mera sumatoria de certificados sin profundidad. Se tendrá en cuenta el máximo grado alcanzado.
5. Justicia con perspectiva social. Reconoce situaciones de desventaja estructural para equilibrar el acceso a la magistratura. Se tendrán en cuenta las tareas de cuidado. Se otorgarán puntos adicionales (con un tope total de 15) a quienes hayan interrumpido su carrera por maternidad, paternidad o cuidado de personas dependientes. Además, los postulantes con discapacidad contarán con un puntaje adicional de 10 puntos en la etapa de antecedentes.
