Tres proyectos, una amenaza y un tironeo por el copyright: Córdoba busca su ley antibúnker

Con el ingreso del proyecto de ley Antibúnker del gobernador Martín Llaryora, la Legislatura de Córdoba abrió la discusión. La herramienta largamente reclamada busca intervenir sobre espacios utilizados por organizaciones vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado.

Sin embargo, no sólo activó el debate sobre cómo derribar los búnkeres narco, sino también una pulseada política por la autoría de la agenda. La UCR reclamó el “copyright” del proyecto de Oscar Saliba y advirtió sobre “un tiempo crucial” perdido por el “cajoneo” de la propuesta opositora que se encuentra en comisión desde marzo.

Con el proyecto del Panal y el presentado por Oscar Agost Carreño (PRO), ambos incorporados a la agenda en la sesión del jueves pasado, la Unicameral quedó frente a tres iniciativas que comparten un mismo diagnóstico, pero plantean caminos diferentes sobre quién debe conducir la respuesta estatal frente al avance territorial del narcomenudeo.

La discusión de fondo no sólo pasa por si el Estado debe derribar un búnker, sino por una pregunta política central: ¿la respuesta debe estar conducida por el Poder Ejecutivo, por la Justicia o por una política integral que combine seguridad con recuperación territorial?

Derribo de búnkeres

El gobernador exhibió la iniciativa oficial como un nuevo paso dentro de la estrategia provincial contra el narcotráfico y pidió un rápido tratamiento legislativo. “La única manera de acabar con esto es con un debate parlamentario”, planteó el mandatario, al recordar medidas adoptadas durante su gestión en materia de seguridad que no tuvieron el apoyo opositor.

Según Llaryora, el problema no termina cuando la Justicia detiene a quienes venden droga. “Cuando un vecino o una institución llama y el fiscal investiga y mete preso, pero la tapera o el búnker sigue estando en el barrio, es un acto criminal”, dijo.

El gobernador definió a cada búnker como “una declaración de guerra” contra un Estado que busca enfrentar al narcotráfico y reclamó una legislación que permita a los magistrados avanzar con su derribo.

La iniciativa del gobierno plantea un régimen administrativo de intervención sobre bienes muebles e inmuebles que puedan generar riesgos para la seguridad pública o donde puedan desarrollarse actividades delictivas, como guaridas, aguantaderos o búnkeres.

El esquema contempla actas de constatación, informes técnicos, resoluciones fundadas y medidas como cierre, retiro, tapiado, custodia, aseguramiento preventivo, control perimetral, clausura provisoria y restricción de accesos. La demolición aparece como instancia final y requiere intervención judicial.

Además, crea un Registro Provincial de Bienes Intervenidos y establece mecanismos para que los fondos obtenidos a partir de decomisos puedan fortalecer la capacidad operativa y tecnológica de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), además de financiar programas preventivos.

El proyecto de Llaryora y las otras dos iniciativas serán materia de discusión en la comisión de Seguridad, presidida por Juan Manuel Llamosas, un ámbito que en los últimos meses adquirió protagonismo por el abordaje de leyes clave y por una dinámica marcada por la recepción de aportes opositores y consensos amplios. 

Mapeo territorial

La iniciativa de Saliba propone construir un mapa territorial del narcomenudeo antes de intervenir. El proyecto radical crea el Registro Provincial de Espacios Destinados a la Comercialización de Estupefacientes, bajo la órbita del fiscal General de la Provincia.

El objetivo es generar un registro georreferenciado de puntos de venta, conformar una base de datos sobre personas vinculadas a la comercialización ilegal y coordinar políticas criminales entre el Poder Judicial y el Ejecutivo.

También incorpora herramientas de vigilancia mediante domos en zonas estratégicas y habilita al fuero de lucha contra el narcotráfico a disponer medidas como identificación, señalización, desalojo y demolición de estructuras utilizadas para vender drogas.

La UCR remarca que el proyecto busca darle más herramientas a la Justicia y evitar una conducción política del proceso. “El Gobierno provincial llega tarde con una discusión que la sociedad reclama hace tiempo”, plantearon desde el bloque radical.

A su vez, Saliba cuestionó que la propuesta oficial otorgue mayor protagonismo a los ministerios de Justicia y Seguridad. “Lo que es lo mismo: mayor discrecionalidad y menor transparencia”, acentuó.

El radicalismo reclamó que el Ejecutivo avance en un trabajo conjunto con la oposición para dar respuestas “con mayor celeridad y seriedad” frente a una problemática que atraviesa a distintos barrios de Córdoba.

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Recuperación del territorio

En tanto, el proyecto de Agost Carreño comparte con las otras iniciativas la necesidad de intervenir sobre espacios utilizados por organizaciones criminales, pero incorpora otra dimensión: qué sucede después de la recuperación del inmueble.

La propuesta crea el Sistema de Recuperación de Inmuebles Vinculados a Actividades Criminales Organizadas y amplía el alcance del problema más allá del narcotráfico, incluyendo situaciones vinculadas con armas, trata, asociación ilícita y otras expresiones del crimen organizado.

Su eje está puesto en evitar que los territorios queden nuevamente bajo control de organizaciones delictivas y transformar esos espacios recuperados en lugares de uso comunitario, social, educativo, deportivo o público.

El legislador del PRO consideró que el proyecto oficial “es prudente”, aunque advirtió que puede quedar limitado a una ley de cierre, tapiado, clausura y demolición.

“Mi proyecto busca completar esa mirada incorporando una verdadera política de recuperación territorial, para que esos inmuebles vuelvan a tener un uso lícito, comunitario y socialmente útil”, aportó. 

La negociación que viene

Con los tres proyectos sobre la mesa, asomaron las primeras conversaciones informales para compatibilizar las iniciativas en la comisión encabezada por Llamosas.

El desafío legislativo será construir una síntesis entre tres modelos: el esquema administrativo del Ejecutivo, la mirada judicial y de inteligencia territorial propuesta por Saliba y la recuperación social del territorio planteada por Agost Carreño.

El debate por la ley antibúnker aparece así como una discusión sobre seguridad y justicia, pero también sobre el tipo de Estado que Córdoba pretende desplegar frente al avance del crimen organizado.

Detrás del derribo de un punto de venta de droga aparece una discusión más profunda: quién toma la decisión, bajo qué controles y qué hace el Estado después de recuperar un territorio que estuvo en manos de organizaciones criminales.